Especialistas coinciden en el mensaje positivo que envían las detenciones e investigaciones realizadas durante el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la confirmada este miércoles de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de Sedesol. Sin embargo, aseguran que debe transparentarse la estrategia que sigue el Gobierno en el combate a la corrupción para desmentir la existencia de una «justicia selectiva».
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales han detenido y mantienen investigaciones contra 15 ex funcionarios, actores políticos y de la economía mexicana, así como de algunos de sus familiares por delitos de ejercicio indebido de la función pública, fraude, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y corrupción. Especialistas afirman que será hasta que los procesos penales avancen cuando se conozca sí las investigaciones se respaldaron en cuestiones de corte político más que con elementos judiciales.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Aparicio, destacó en entrevista con SinEmbargo que en la historia política del país desde la década de los cincuenta ha habido detenciones de personalidades políticas, pero estas sólo envían a la ciudadanía un mensaje de justicia si las investigaciones se sustentan, de lo contrario las personas funcionarias pueden librarse de los procesos penales, como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, detenida en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y liberada en 2018.
Para el doctor por la UNAM Maximiliano García Guzmán, aunque las investigaciones permiten hacer una lectura de que hay un interés por combatir la corrupción, el Gobierno actual no ha precisado la estrategia a seguir en investigaciones de este tipo de casos, lo que da pie a pensar que se trata de una “justicia selectiva” y de corte político toda vez que las personas imputadas son figuras cercanas al sexenio anterior.
“El riesgo que se está corriendo es que no está quedando claro porque unos casos sí y otros no [se investigan], porque algunos están tomando más tiempo. Puede generar una reacción adversa donde más bien se entienda que la investigación es más de corte político que jurídico”, dijo en entrevista con este diario digital.
En ese sentido, opinó que la falta de transparencia será poco efectiva porque da un mensaje de que «se está inclinando la balanza en impartir la justicia sobre figuras muy visibles cuando en realidad todos estos personajes forman parte de redes de complicidad y corrupción mucho más grandes».
De acuerdo con García Guzmán, el discurso del combate a la corrupción y la transparencia en los recursos de funcionarios que promueve el Presidente López Obrador contrasta con el rechazo de investigaciones a funcionarios cercanos, como es el caso del Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett, quien declaró ante la Secretaría de la Función Pública un patrimonio de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos, pero un reportaje elaborado en agosto por la periodista Areli Quintero reveló que la fortuna de Barlett es al menos 16 veces más grande, tan solo en propiedades.
“[Dejar pasar este tipo de casos] puede mandar un mal mensaje en el sentido de que se está privilegiando una postura política y que se está aplicando una especie de justicia selectiva más que imparcial, que sí implicaría investigar a los propios funcionarios del Gobierno actual», opinó el también abogado.
En cuanto a las investigaciones y detenciones realizadas en lo que va del sexenio, José Aparicio consideró que parecen ser sólidas porque no han sido desacreditadas por jueces pese a los intentos de sus abogados, como en el caso de Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyos defensores aseguran la ilegalidad de la medida dictada para que permanezca en prisión preventiva.
Lo mismo se observa en la averiguación contra el abogado Juan Collado. «Es importante porque la detención no ha sido declarada ilegal, no hay indicios», destacó.
Sin embargo, coincidieron los especialistas, las autoridades federales deben procurar sustentar las investigaciones porque, de ser desestimadas, «sería el peor mensaje que el Gobierno podría enviar porque su bandera ha sido el combate a la corrupción», consideró Maximiliano García.
«Sería un costo muy grave el iniciar procesos donde en la opinión pública se forme el criterio de que hay actos que investigar y sancionar y finalmente no pase nada», abundó el politólogo.
LOS DETENIDOS E INVESTIGADOS
Los ex funcionarios y personajes políticos detenidos en el primer año de Gobierno de López Obrador y cuyas investigaciones continúan son: Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido de la función pública; el abogado Juan Collado, por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero; el ex Gobernador coahuilense Jorge Juan Torres López, por cargos de fraude y lavado de dinero que le fueron investigados desde 2013; Alfredo Herrera Pegueros, ex jefe de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y más recientemente Juan Carlos Lastiri, ex subsecretario de la Sedesol en los tiempos Robles, cuya detención fue confirmada hoy por el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pero no precisó por qué delitos.
A la par, otros personajes son investigados pero permanecen en libertad, como Karime Macías. Su detención se ordenó desde el sexenio pasado y fue detenida la mañana de ayer en Londres, Inglaterra, aunque gracias a que pagó una fianza de 150 mil libras esterlinas –más de 3 millones 688 mil pesos– continuará en libertad su proceso de extradición por el delito de fraude específico.
Otros actor político que había sido señalado desde años atrás por la cometer delitos, y que ahora es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, es Carlos Romero Deschamps, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien no ha sido detenido.
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, también es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al igual que a su esposa y madre. Lozoya Austin también ha sido relacionado con el caso Odebrecht, al apoyar la compra de Agronitrogenados.
El empresario y presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, también es investigado por lavado de dinero; está libre y permanece bajo custodia del Gobierno español.
Alberto Elías Beltrán, el último titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Peña Nieto y su esposa, Marcela Kuchle, son investigados por la Fiscalía General por presunto lavado de dinero por la compra de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, por 35 millones de pesos.
Mientras que esta semana Milenio reportó que el Gobierno federal investiga al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. El funcionario sería procesado por operaciones irregulares y en beneficio de empresas constructoras, desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos, de acuerdo con lo señalado por el periodista Mario Maldonado en la columna “Hisrtoria de NegoCEOs”, de El Universal.
Actores del Poder Judicial también son investigados, como Eduardo Medina Mora, quien renunció el 3 de octubre de este año a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se llevan a cabo investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero.
Además, Jorge Arturo Camero Ocampo, Magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México, fue suspendido a inicios de este mes por presunta corrupción, luego de que se encontraran inconsistencias graves en su situación financiera.
Mientras que el General Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana, pero desde inicios de año no se ha presentado a la audiencia inicial del proceso que se sigue en su contra.
En materia de violaciones a los derechos humanos, sobre Tomás Zerón De Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, pesa una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
SIMILITUDES CON OTROS SEXENIOS Y RIESGOS
El anuncio de investigaciones contra Romero Deschamps, ex líder sindical, permite encontrar similitudes con cómo se impartió justicia en sexenios pasados, aseguró Maximiliano García.
Para el especialista, el mensaje político que da el Presidente Andrés Manuel López Obrador es que «está replicando experiencias que en gobiernos pasados se interpretaron como más de carácter político que jurídico».
Recordó que un caso similar se vio en el primer mes del Gobierno de Carlos Salinas, cuando Joaquín Hernández Galicía, ex el líder del STPRM, fue detenido acusado de homicidio y acopio de armas, pero las autoridades de ese momento justificaron que se trataba de una acción para el combate a la corrupción.
Mientras que en 2013, en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato de Trabajadores para la Educación (SNTE), fue detenida y permaneció en Reclusorio Femenil de Tepepan por lavado y delincuencia organizada, tuvo acceso a la figura de arresto domiciliario hasta agosto de 2018, cuando quedó libre de todas las acusaciones.
“Esos casos, pareciera que se olvida, pero ya han ocurrido, y vuelven a demostrar que se sí se usa todo el aparato judicial de México para mandar mensajes, posteriormente se sabe si es parte o no de una estrategia efectiva de combate a la corrupción», señaló.
El investigador defendió que debe aspirarse a que los procesos iniciados contra figuras públicas terminen en sentencias justas sólo si se acredita su responsabilidad. «A nadie nos conviene como sociedad que haya persecución solo por venganzas políticas, además, [los procesos irregulares] muestran que todos eventualmente podemos ser parte, víctimas de esa justicia y que nuestros procesos pueden carecer de formalidad procesal, todos podemos ser víctimas de un sistema que actúa por consigna», dijo.
En ello coincidió el académico Aparicio, quien recordó la importancia de los procesos penales porque envían un mensaje a la sociedad para que actos ilegales, como la corrupción, no se repitan.
