Diputados de Morena presentaron dos iniciativas sobre la Marina Mercante, civiles encargados del comercio y transporte marítimo. Una propone su militarización al trasladar sus funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Marina, cuya función no es comercial, sino de seguridad nacional. Y la otra iniciativa propone derogar el decreto de 2016 que militarizó a las capitanías de puerto, no facultadas para vigilar y evitar traslado de bienes ilícitos.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– En la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados hay dos iniciativas de Morena entorno al comercio y transporte marítimo. Una, encabezada por el Diputado Julio Carranzas Aréas, impulsa la militarización de la Marina Mercante. La otra, de la Diputada Juana Carrillo Luna, busca derogar el decreto publicado en diciembre de 2016 para el traslado de las funciones de las más de 100 Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar).
El Secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú rechazó la iniciativa sobre «la conversión» de la Marina Mercante (civiles) a la Semar (militares). «La SCT nunca fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil», dijo durante su comparecencia ante los diputados.
En un desplegado, marinos mercantes advierten que «la militarización de instituciones civiles podría ser normal en una dictadura militar, pero sería jurídicamente incompatible en un país con instituciones civiles regido por un Estado de Derecho».
Está firmado por el Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, Orden de Capitanes y Pilotos Navales, Colegio de Marinos Mercantes, Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, Unión Nacional de Marineros, Frente Unidos de Marinos Mercantes, Coalición de Pescadores Marineros y Transportistas, entre otros.
«Al tener un esquema militarizado en las Capitanías de Puerto se inhibe la participación del sector privado en la industria marítima, desalienta la inversión y acota el desarrollo de la actividad comercial ligada a la transportación marítima», agregan respecto a las experiencias vistas de 2017 a la fecha a partir del decreto.
Con la ampliación de la militarización en toda la Marina Mercante, como plantea la iniciativa del Diputado Carranzas, «se pone en riesgo» el Proyecto de Zonas Económicas Especiales, específicamente el Proyecto Transístmico de Tehuantepec, ya que «la actividad comercial se inhibiría dentro de una atmósfera controlada por una institución con vocación militar», argumentan los marinos mercantes.
En entrevista, el Capitán Antonio Rodríguez Fritz, del Sindicato de Capitanes y Jefes de Máquina de la Marina Mercante, expuso que las Fuerzas Armadas no licitan los servicios requeridos, por lo que «todo se hace en asignación directa» y el uso de recursos públicos no sería fiscalizado «por seguridad nacional». Además, si surgen abusos o negligencias en el intercambio comercial, «los militares están bajo fuero militar».
Como parte del transporte de 5.9 millones de pasajeros y 300 millones de toneladas movilizadas en los más de 100 puertos mexicanos, el Capitán contrastó que los miembros de la Marina Mercante son civiles que estudiaron para gestionar barcos que llevan carga, pasajeros, contenedores y combustible, actividades para las que «no están capacitados ni experimentados» los militares.
«Nosotros estamos dedicados al comercio y transporte marítimo. No al manejo de armas. La formación de un militar es totalmente incompetente para lidiar con temas comerciales», dijo. «A parte está la Armada de México. Es una institución militar de educación castrense, es decir, se educa para ser militares, obedecer órdenes, manejar armamento, y sus barcos son diferentes. Su responsabilidad es salvaguardar las costas y los litorales de un país».
CUANDO SE MILITARIZÓ EN 2016
El 19 de diciembre 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y a la Ley de Puertos que implicaron que la Semar asumió una serie de funciones respecto de las más de 100 Capitanías de Puerto de la Marina Mercante que antes correspondían a la SCT.
La Capitanías de Puerto se encargan de certificar condiciones técnicas de barcos y que las tripulaciones estén capacitadas. Solo habían estado bajo la supervisión de la Armada de México en coyunturas como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939.
Al presentar el dictamen, el entonces Senador presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, rechazó que «se militarizaron» los puertos del país y justificó que fue «en términos de seguridad». Dijo que no implicaría más presupuesto y aseguró que los trabajadores no perderían su empleo ni sus derechos laborales, ni se afectaría el comercio y actividades portuarias.
Sin embargo, de las 103 Capitanías de Puerto y 1,009 plazas administrativas transferidas de la SCT a la Semar, 366 empleados correspondían a personal de base, «quienes dejaron de pertenecer a su organización sindical», acusaron los marinos mercantes firmantes del desplegado.
Además se creó «una gigantesca» Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos integrado por 77 plazas de jefes de departamento, subdirectores y directores generales, «lo cual implica una excesiva y onerosa estructura burocrática que no se justifica y va contra la política de austeridad».
También se han registrado incidentes. Los trámites administrativos «se han burocratizado» al tomar más tiempo de respuesta en comparación con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
Por ejemplo, un cambio de propietario de una lancha del puerto de Tampico a Salina Cruz tardó hasta cinco meses; en el Puerto de Manzanillo los tripulantes de un buque cumplieron con los requisitos para renovar certificados de competencia, pero al no haberse expedido, fueron desembarcados; y «continúan casos de piratería y otros delitos» en las actividades marítimas petroleras en la sonda de campeche en el Golfo de México, de acuerdo con los marinos mercantes inconformes.
LOS AMPAROS RECHAZADOS POR LA SCJN
Contra el decreto de diciembre de 2016, se presentaron 31 demandas de amparo por parte de miembros del sector marítimo civil. No obstante, el 12 septiembre de 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo el ex Ministro Eduardo Medina Mora, resolvió no amparar en cuatro de los juicios promovidos.
Días antes los marinos mercantes expusieron a los ministros los argumentos de inconstitucionalidad del decreto. El Artículo 129 constitucional, resaltaron, plantea que «en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar».
«La Armada decía –o mentía ante la SCJN– que al militarizar las Capitanías de Puertos los haría más seguros para evitar el contrabando de productos o sustancias ilícitas. Mienten porque el Capitán de Puerto no está facultado para abrir la carga y ver qué contiene. La otra justificación que dicen es que ellos van a promover el comercio y transporte marítimo, lo cual es aberrante», aseguró el Capitán Antonio Rodríguez.
Además, la seguridad y protección marítima portuaria corresponde tanto a las aduanas como a la Semar, de acuerdo con la Ley de Puertos. El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, grupo de coordinación entre la Armada de México y la SCT, aplica las medidas de Protección Marítima y Portuaria y la atención de incidentes marítimos y portuarios.
INICIATIVA PARA AMPLIAR MILITARIZACIÓN
El 3 de octubre se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa para reformar puntos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Quienes suscriben la militarización de la Marina Mercante son los diputados morenistas Julio Carranza Aréas (de la Comisión de Marina), Idalia Reyes Miguel, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Laura Patricia Ávalos Magaña, Teresa Burelo Cortazar, Lucio de Jesús Jiménez, María Bertha Espinoza Segura, Jesús Fernando García Hernández, Edith Marisol Mercado Torres, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Maximiliano Ruiz Arias y Juanita Guerra Mena.
A partir de la militarización de las Capitanías de Puerto en 2016, afirma la iniciativa, «se incrementó la seguridad y protección marítima» a través de la Secretaría de Marina, y se generó «una mejora administrativa en los trámites» que se prestan a la comunidad marítima.
Los trámites como otorgamientos de permisos para embarcaciones mayores y de extraordinaria especialización, así como el Registro Público Marítimo Nacional, permanecieron en gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, «lo cual se considera crea algunos vacíos legales en materia de seguridad y protección portuaria».
«Resulta necesario concentrar todas estas atribuciones en la Secretaría de Marina, a fin de estar en total posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia», pide.
Requiere también modificar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, «con el fin de asignar a la Autoridad Marítima Nacional la tarea de administrar la totalidad de los asuntos marítimos en México, incluyendo el desarrollo de la Marina Mercante nacional y la educación náutica; otorgando también la facultad de expedir todo tipo de permisos en esta materia, tales como el dragado, el remolque y el pilotaje, entre otros».
INICIATIVA PARA DEROGAR DECRETO DE 2016
Contra el decreto de 2016, el 10 de septiembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, a cargo de la Diputada Juana Carrillo Luna de Morena.
«La iniciativa le regresa a la Marina Mercante sus atribuciones [en la SCT]. Y por el otro lado hay otra iniciativa en que los diputados de la Comisión de Marina le están dando más atribuciones [en la Semar]. Creo que lo más importante es que los Diputados de Morena nos pongamos de acuerdo y eso haremos», dijo la Diputada Carrillo en la comparecencia del Secretario Javier Jiménez Espriú. «Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien».
El documento plantea que desde 1976 la Secretaría de Marina otorgó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las funciones relacionadas con la Marina Mercante.
Pero «la gran labor de la SCT, así como la experiencia que el personal ha adquirido, fue desperdiciada y poco valorada en el 2016 ya que el gobierno peñista decidió, con una precaria argumentación, trasladar las capitanías de los puertos a la Secretaría de Marina […] A una Capitanía de Puertos no corresponden las funciones de policía o aduanas», expone.
La iniciativa resalta que de los 174 países que integran la Organización Marítima Internacional, solo 11 poseen autoridades marítimas con mando militar, como Corea del Norte, Chile, República Dominicana y Perú. México podría convertirse en el 12.
