El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró en un inicio que legalizaría la marihuana, pero no ha dado pasos concretos hacia ese punto, y posiblemente se deba a que no es cuestión solo de declarar de un día para otro que la hierba es legal y todos deben pagar al Estado si quieren consumirla tranquila y pacíficamente.
Por Ana Gabriela Jiménez Cubría
Ciudad de México, 29 de octubre (Economía Hoy).- El tema de la legalización de las drogas en México sin duda ha avanzado en las últimas dos décadas, aunque no al ritmo que quizás debería, tomando en cuenta que en Estados Unidos y Canadá la legalización de la mariguana es un hecho, y que nuestro país sigue atorado aún con el uso medicinal de esta sustancia.
No es que no se hable de ello, al contrario. Pero que la legalización sea un tema cada vez más presente en la agenda pública no es equivalente a que sea un ítem de la agenda gubernamental, al menos por el momento.
Hablar de «drogas» es hablar de un universo muy amplio de sustancias para consumo humano, pero también es hablar de sus mecanismos de producción, distribución y venta. No se trata, por ello, de un asunto sencillo.
Pero si hubiera que empezar por algún sitio, habría que empezar con la marihuana por ser ésta una sustancia cuyo consumo recreativo no es tan problemático y que tiene probados usos terapéuticos.
Además está el argumento de que mientras siga siendo una sustancia prohibida, el Estado seguirá utilizando recursos para detener a todos los puntos de la cadena productiva, desde el campo hasta los consumidores finales. Millones de pesos se invierten diariamente, por ejemplo, en que el sistema judicial procese a traficantes, distribuidores e incluso consumidores de una planta que ya puede adquirirse sin problemas del otro lado de la frontera.
Esto es un problema si pensamos que actualmente hay drogas mucho más dañinas para el cuerpo que son negocio multimillonario para cárteles y organizaciones criminales que mantienen al país en una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes en la era moderna. Además, el Estado podría cobrar impuestos a productores y consumidores, de manera que pasaríamos de un estado de violencia incontrolable a un país próspero y feliz… ¿o no?
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró en un inicio que legalizaría la marihuana, pero no ha dado pasos concretos hacia ese punto, y posiblemente se deba a que no es cuestión solo de declarar de un día para otro que la hierba es legal y todos deben pagar al Estado si quieren consumirla tranquila y pacíficamente.
Durante el sexenio pasado se avanzó en desbloquear mediante amparos el uso terapéutico y personal del cannabis.
En conferencia de prensa matutina este martes, el Mandatario expuso que el tema «se ha tratado, muy poco en Estados Unidos y aquí también muy poco».
«No descartamos ninguna otra opción, otra posibilidad. Por ejemplo, se puede decir: ‘Esto no va a funcionar, porque lo que hay que hacer es legalizar el consumo de marihuana o de otras drogas’. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino, eso es lo que consideramos», afirmó.
Además destacó que está demostrado que la adicción a los químicos mata, destruye y «vamos a enfrentarlo de esa manera, desde luego atendiendo primero lo preventivo, dando opciones, dando alternativas, otro modelo de vida, atención a los jóvenes».
En un primer momento, Olga Sánchez Cordero, aún como senadora, envió una iniciativa para regular el uso de la marihuana que ni siquiera fue discutida. De eso ya ha pasado casi un año.
Recientemente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso la creación de una empresa estatal con la facultad exclusiva de comprar y vender marihuana para su distribución a franquiciatiarios autorizados. Está por verse si ésta propuesta tiene recorrido en el sistema legislativo.
Mientras tanto, el Presidente ya puso a la marihuana en su lista de temas que se pondrán a consulta. En su conferencia de prensa matutina del pasado 20 de septiembre dijo que no descarta llevar a cabo un mecanismo de este tipo, aunque dejó ver que no se trata de una prioridad para su gobierno, pues éste «está centrado en otros asuntos relacionados con garantizar la seguridad».
La eventual legalización de la marihuana requeriría esfuerzos más grandes que tímidas propuestas legislativas o menciones presidenciales. En Uruguay fue necesaria la creación de un Instituto para la Regulación y el Control del Cannabis, que dispone de recursos públicos para llevar a cabo su tarea. En Estados Unidos, pese a que se vive un boom de la industria, aún están lidiando con el pequeño gran problema de dejar entrar a los negocios del cannabis en el sistema financiero, pues hasta ahora solo pueden manejarse en efectivo.
Antes de pensar en un Pemex de la marihuana, el Gobierno necesita sentarse a pensar en la experiencia estadounidense que ha creado una industria de siete mil millones de dólares que pagan impuestos únicamente en cash, dado que la línea que separa al cannabis de otras drogas duras como la heroína o la cocaína no ha sido bien delimitada y los bancos no quieren tener nada que ver con este negocio, al menos por ahora.
En resumen: se trata de una pesadilla burocrática que en México se sumaría a la problemática de la prevalencia del crimen organizado y el lavado de dinero. Tal vez nuestros gobernantes sí han puesto atención en este tipo de detalles y, con suerte, eso los ha detenido de seguir adelante de manera improvisada con el tema. Pero mientras no se discuta con la profundidad necesaria para imaginar cómo se lidiaría con este tipo de situaciones concretas, no podemos decir que la marihuana es parte de la agenda de la 4T.
