El fracaso gubernamental derivado del operativo fallido de Culiacán alcanzó su máximo de ebullición a partir de dos hechos contundentes: la liberación de Ovidio Guzmán López –el hijo de “El Chapo” –y la concesión oficial del primer territorio del país a un cártel de la droga.

Esto generó preocupación en el Gobierno de Estados Unidos, pues además de que cuestionan que la administración de Andrés Manuel López Obrador carece de un proyecto antidrogas, también les preocupa sobremanera que el presidente pretenda resolver el problema criminal repartiendo dinero a través de los programas sociales bajo la creencia de que, así, el crimen organizado bajará las armas y se desactivará la violencia.

Se equivoca el Presidente López Obrador.

Y se equivoca, también, cuando dice que el Gobierno de Estados Unidos nada tiene que hacer en los temas internos del país y esgrime el tema de la soberanía como elemento indispensable para el respeto entre ambas naciones.

Se le olvida a López Obrador –o se hace, ya no se sabe cuál es su posición—que la política antidrogas de todo el continente latinoamericano la ha regido el Gobierno de Estados Unidos; olvida que cuando el Estado colombiano se vio rebasado por el crimen organizado fue el gobierno norteamericano el que intervino para rescatar al Gobierno y a la sociedad de aquel holocausto generado por el crimen organizado, particularmente por la guerra desatada entre los cárteles de Cali y de Medellín.

También se le olvida al Presidente López Obrador que él no se manda solo y que si bien tiene mayoría en el Congreso y carece de contrapesos en México, es el Gobierno de Estados Unidos el que le marca las reglas del juego. Para muestra está el tema migratorio: cuando Donald Trump pegó un manotazo en la mesa, el Presidente y el Canciller Marcelo Ebrard tuvieron que alinearse y disponer de cientos de elementos de la Guardia Nacional para contener la ola de migrantes provenientes del Centroamérica.

Le ha llovido y tupido a la Cuarta Transformación después del fallido operativo del jueves 17 de octubre pasado en Culiacán, Sinaloa. Además de que exhibió sus carencias y su desconocimiento de la realidad criminal del país, el Gobierno federal concedió, oficialmente, el primer territorio al crimen organizado.

Por ello, el Cártel de Sinaloa no sólo festina sino que agradece al Presidente tal concesión y la liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los chapitos que tiene orden internacional de captura con fines de extradición a Estados Unidos por estar implicado en el tráfico de drogas a gran escala.

Es posible que el Gobierno federal haya pactado con el cártel de Sinaloa, pues desde que asumió la presidencia de la República López Obrador no ha ordenado, por ejemplo, ningún operativo para detener a Ismael “El Mayo Zambada”, jefe del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? ¿Acaso hay pacto? ¿Desde cuándo?

“El Mayo” Zambada lleva más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico, pero para López Obrador eso nada parece significar; tampoco le parece grave que el 80 por ciento de los municipios del país estén controlados por el crimen, ni que el narcotráfico gobierne, legisle y tenga el control de casi todas las policías del país. De ese problema no habla el Presidente, su crítica se ha vuelto silencio.

Es cierto que el operativo que derivó en el llamado “culiacanazo” resultó fallido por la falta de pericia del Ejército y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo –se afirma que el 80 por ciento de su atención está centrada en su proyecto político rumbo a la gubernatura de Sonora que en el tema de la seguridad del país –, pero hay que recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón todos los operativos implementados a lo largo de su sexenio resultaron fallidos.

Calderón dedicó un sexenio a simular una lucha contra el crimen que resultó un fracaso: en ese gobierno el crimen organizado se internacionalizó, avanzó más allá de las fronteras nacionales y desplazó, al menos en el transporte de drogas, a los cárteles colombianos.

Los cárteles, a decir verdad, no fueron combatidos.

Ahora López Obrador quiere tapar la realidad. Para explicar el tamaño del crimen organizado que opera en México hay que decir que en nuestro territorio operan 18 cárteles, con sus amplias y múltiples ramificaciones; la mayoría de ellos están entreverados con grupos políticos que implican a operadores de todos los partidos que reciben financiamiento del crimen para apuntalar candidaturas a diputados, senadores, gobernadores y alcaldes que, después de arribar al poder, pagan los favores económicos con impunidad: concesiones para vender droga, territorios blindados con las policías municipales y hasta pedazos cuantiosos del presupuesto municipal que se destina a la obra pública.

No sólo eso: también les concesionan el control de las prisiones, burdeles, sexoservidoras, la venta de protección, el cobro de piso, el control de los giros negros, la piratería, el tráfico humano, la renta de locales para vender droga, los secuestros, entre otros negocios, con los que financian campañas políticas.

Este problema, que se ha extendido en todo el país, no lo ve el presidente. La prensa no se lo pregunta en las conferencias mañaneras, pero él, que se dice crítico y autocrítico, ni siquiera lo toca, hace como si ese flagelo no existiera. Y no lo quiere ver porque sabe que esa estructura política penetrada por el crimen organizado es la que también votó por él en julio de 2018. Por ello, “abrazos y no balazos”, “vamos a combatir el crimen atendiendo las causas”, “pórtense bien”…

Hay razones de fondo para que el Gobierno de Estados Unidos muestre su preocupación por lo que está pasando en México. Y es que, además del fracaso en Culiacán, donde el Gobierno fue puesto de rodillas frente al crimen, el principal cuestionamiento es que no existe una política antidrogas, un proyecto con qué enfrentar a los cárteles del narcotráfico que están generando la violencia.

El Presidente insiste en que la pobreza es una de las causas del crimen organizado, pero está demostrado que no es cierto. Y él lo sabe. Pero se empeña en repartir dinero en todo el país, bajo el argumento de que se está apoyando a los pobres, cuando en realidad lo que le interesa es construir una base electoral sólida que le garantice buenos resultados en la elección intermedia del 2018 y la elección presidencial del 2024.

En agosto pasado, el Presidente de Estados Unidos planteó la urgencia de que México apuntale su política criminal y dijo que el Gobierno “debe dar más “ en materia del combate al narcotráfico.

A nadie le resultaría descabellado que Trump endurezca su posición y ponga de rodillas al Gobierno de López Obrador, como ocurrió con el tema migratorio, y le exija combatir a los cárteles con toda la fuerza del Estado o de lo contrario se aplicarían aranceles a las exportaciones mexicanas.

Cuando Trump exigió de México resultados para contener la ola de migrantes –nos convertimos en la muralla de Estados Unidos –López Obrador tuvo que ordenar que un numeroso ejército de elementos de la Guardia Nacional se concentrara en el estado de Chiapas para contener a los migrantes que, semanas antes, les habían otorgado espacio para vivir.

La mano suave del Gobierno de México se convirtió en el látigo de la migración centroamericana. Pero ¿Qué dijeron? Que México había salido airoso de las negociaciones ante Estados Unidos. En realidad fue un triunfo con rendición. La Cuarta Transformación terminó de rodillas.

Ahora, frente al fracaso ante el crimen organizado, Estados Unidos empieza a exigir resultados y firmes. Quieren que el Gobierno de López Obrador defina una política antidrogas eficaz. No quieren más tráfico de drogas. Y Estados Unidos no negocia con criminales ni manda mensajes. Exige una política de fuerza con apego a la ley, algo que López Obrador no está dispuesto a hacer, pero que tendrá que hacer tarde que temprano.

Estados Unidos manda en el tema antidrogas.

Y el gobierno de México, aunque el Presidente no quiera, debe obedecer.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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