La nueva norma permitiría al Gobierno reunir una enorme cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de inmigrantes, lo que plantea graves preocupaciones sobre privacidad y preguntas sobre si esos datos deberían archivarse cuando una persona no es sospechosa de ningún delito aparte de haber cruzado la frontera de manera ilegal.
WASHINGTON (AP) — El Gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras de ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias y añadirá esa información a una enorme base de datos del FBI empleada por las fuerzas de seguridad para buscar a delincuentes, según un funcionario del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia publicará el lunes una normativa enmendada que ordenará la recogida de ADN de casi todos los migrantes que crucen la frontera sin pasar por puntos de entrada oficiales y que sean detenidos aunque sea de forma temporal, según el funcionario. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la norma aún no se había publicado.
La norma no afectaría a personas con permiso de residencia permanente o a nadie que entre de forma legal en el país. Los menores de 14 años estarían exentos. No estaba claro si los solicitantes de asilo que llegan por pasos fronterizos oficiales estarían exentos.
Funcionarios de Seguridad Nacional dieron hace dos semanas algunas pinceladas sobre el plan de ampliar el sistema de recogida de ADN en la frontera, pero no aclararon si los solicitantes de asilo se verían afectados o cuándo comenzaría el programa.
La nueva norma permitiría al Gobierno reunir una enorme cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de inmigrantes, lo que plantea graves preocupaciones sobre privacidad y preguntas sobre si esos datos deberían archivarse cuando una persona no es sospechosa de ningún delito aparte de haber cruzado la frontera de manera ilegal.
Grupos de derechos civiles ya han expresado su preocupación por que esa información pueda utilizarse de forma inapropiada, y es probable que la nueva normativa provoque acciones legales.
Las autoridades de justicia esperan tener en marcha un programa piloto cuando termine el periodo de 20 días de consulta pública y expandirlo a partir de ahí, indicó el funcionario. Las nuevas normas entrarían en vigencia el lunes, tras la publicación del texto.
Miembros del Gobierno de Donald Trump dijeron confiar en resolver más delitos cometidos por inmigrantes al recopilar más información de ADN de un grupo de personas que a menudo pueden pasar desapercibidas para las autoridades. El funcionario de Justicia también dijo que sería un elemento disuasorio, sumándose a otras medidas que pretenden disuadir a los inmigrantes de intentar entrar en Estados Unidos fuera de los pasos fronterizos oficiales añadiendo trabas al proceso de inmigración.
Hasta ahora, las autoridades tomaban muestras ADN de forma mucho más limitada, cuando un inmigrante era procesado en un tribunal federal por un delito penal. Eso incluía el cruce ilegal de frontera, una acusación presentada sobre todo contra adultos solteros. Los que llegan acompañados por niños no suelen ser procesados porque los niños no pueden ser detenidos.
Trump y otros miembros de su Gobierno suelen señalar a delitos cometidos por inmigrantes como un motivo para endurecer los controles de frontera. Sin embargo, varios estudios han concluido que las personas que están en el país sin permiso de residencia son menos propensas a cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses, y los inmigrantes legales menos aún.
Por ejemplo, un estudio publicado el año pasado en la revista científica Criminology mostró que entre 1990 y 2014, los estados con mayor proporción de inmigrantes tuvieron tasas de delincuencia más bajas.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron de inmediato las revelaciones iniciales sobre los planes de recogida de ADN hace dos semanas.
“Eso podría cambiar de verdad el propósito de la recogida de ADN, de uno de investigación penal a (uno de) vigilancia sobre la población”, afirmó entonces la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Vera Eidleman.
Reducir la inmigración es el objetivo declarado de Trump, pero su Gobierno ha tenido problemas para gestionar un repunte de personas que intentan entrar en Estados Unidos, en su mayoría familias centroamericanas que huyen de la pobreza y la violencia.
Las autoridades hicieron más de 810 mil detenciones en la frontera en el año fiscal terminado en septiembre, una cifra que no se había visto en más de 10 años. Las autoridades dicen que las llegadas han descendido tras varias medidas restrictivas, cambios en las regulaciones de asilo y acuerdos con países centroamericanos, pero siguen siendo más numerosas que en los años anteriores.
