Durante su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la mujer de 35 años de edad dijo que en diversas ocasiones había sido víctima de violencia por su ex pareja, quien el 20 de febrero de 2014 le arrojó ácido clorhídrico en la cara y cuerpo al negarse a regresar con él. Por ello, permaneció casi ocho meses hospitalizada sin recibir información sobre el avance de las investigaciones.
En México se desconoce el número exacto de ataques con ácido u otras sustancias corrosivas. Se estima que son alrededor de cuatro o cinco casos conocidos a nivel nacional en los últimos; sin embargo, no se descarta que haya más víctimas que aún no denuncian por temor.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó las violaciones a las garantías de acceso a la justicia de una madre de familia de 35 años de edad, quien fue quemada con ácido clorhídrico en cara y cuerpo por su ex pareja hace poco más de cinco años en el Estado de México.
Ante la dilación y omisión en la investigación con perspectiva de género del caso, el organismo emitió la Recomendación 85/2019, dirigida a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, donde también se observó que durante las diligencias no se otorgó asesoría jurídica, atención integral, ni medidas de protección a las víctimas.
A pesar de que la Fiscalía conoció desde las primeras horas los hechos ocurridos el pasado 20 de febrero de 2014, integró sólo la nota criminal y se allegó de las diligencias iniciales sin comenzar con la apertura de una carpeta de investigación.
«Tampoco clasificó el delito como grave, aún cuando existían elementos para acreditar que la violencia había sido realizada por un hombre que era su pareja; no tomó en cuenta la valoración de los médicos tratantes, que indicaban quemaduras de tercer grado en 12 por ciento de su cuerpo por químicos, y por el riesgo de infecciones y complicaciones que presentaba por ‘pronóstico malo para la vida, función y la estética’, personal ministerial dictaminó que las lesiones no ponían en riesgo la vida y tardaban 15 días en sanar y dejaban cicatriz», estableció la CNDH en un comunicado.
En el análisis del expediente de la mujer se determinó que a lo largo de cuatro años la carpeta de investigación estuvo sin actuaciones ministeriales que cumplimentaran la orden de aprehensión en contra del presunto agresor, ésta fue remitida a la Fiscalía Regional de Amecameca, sin objetos e historial clínico de la agraviada.
«Después de 11 meses de haberse radicado la investigación al Centro de Justicia para las Mujeres en Amecameca, personal ministerial omitió realizar gestiones ante el Juez de Control y la Coordinación de Mandamientos Judiciales, lo que derivó que, a la fecha, no se haya cumplimentado orden de aprehensión contra el probable responsable por las lesiones a la víctima», subrayó la Comisión Nacional.
Al interior de las constancias de la carpeta de investigación, personal del organismo no observó actuaciones de las autoridades ministeriales para proteger el interés superior de la niñez, por lo que se dejó en estado de vulnerabilidad a las dos personas menores de edad, a quienes a petición de la víctima se les otorgaron medidas de seguridad.
Asimismo, apuntó que la mujer dijo durante su queja que en diversas ocasiones había sido víctima de violencia por su ex pareja, quien el 20 de febrero de 2014 le arrojó ácido clorhídrico en la cara y cuerpo al negarse a regresar con él. Por ello, permaneció casi ocho meses hospitalizada sin recibir información sobre el avance de las investigaciones.
«Al salir del hospital tuvo conocimiento que la Carpeta de Investigación estaba en la Fiscalía Regional de Amecameca, donde acudió en diversas ocasiones recibiendo como respuesta que no la encontraban; además, refirió que en cuatro años no se realizó alguna diligencia para esclarecer los hechos», indicó.
En este contexto, la CNDH pidió al Fiscal General del Estado de México reparar integralmente el daño a las víctimas, brindarles atención médica, psicológica o psiquiátrica e inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas; así como ejecutar la orden de aprehensión contra la persona responsable y colaborar en la queja que presente ante la Visitadora General de la dependencia contra las 12 personas servidoras públicas responsables, anexando copia de la presente Recomendación a sus expedientes laborales.
«También deberá capacitar al personal ministerial, policías de investigación y médicos legistas de la Fiscalía Estatal adscritos a Ixtapaluca y Amecameca en derechos humanos con énfasis sobre lineamientos para la debida integración de hechos probablemente constituidos con perspectiva de género, acorde con los estándares internacionales, y la aplicación de protocolo y lineamientos de género que ha emitido la Fiscalía Estatal, y sobre el ‘Protocolo para atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para Mujeres en México’ y ‘Protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres en el Estado de México'», urgió.
Por último, exigió expedir el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que debió emitirse como consecuencia de la publicación de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la “Gaceta de Gobierno”, el 9 de diciembre de 2016; y emitir circular dirigida al personal ministerial para brindar información clara a las personas que acudan a revisar su carpeta de investigación y, en su caso, entregar copias de manera gratuita.
