Hay una crisis de derechos humanos en el Estado de México, alerta el informe anual del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentado en el Palacio Legislativo de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo. Documenta tres casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos y «deudas históricas» del Gobierno mexiquense con los derechos de los pueblos indígenas que defienden sus bosques y agua de megaproyectos.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Los seis náhuas ex presos políticos de San Pedro Tlanixco que sufrieron tortura; los pueblos originarios de Zumpango y Tecámac en defensa del agua contra el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía; y las familias desalojadas con violencia del predio La Pedrera en Atizapán son tres casos emblemáticos de violación a derechos humanos en el Estado de México gobernado por Alfredo del Mazo Maza, plantea el informe anual «Situación de los Derechos Humanos en el Estado de México 2018-2019» del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
Asimismo, el Gobierno mexiquense tiene una «deuda histórica» con los pueblos originarios, entre ellos, con los otomís de Santiago Tianguistenco, a quienes las autoridades han amenazado o «detenido arbitrariamente» por «talamontes» al preservar la práctica prehispánica de un tianguis del trueque, en el cual se intercambia cada martes leña muerta por alimentos, animales o ropa, «mientras los verdaderos talamontes deforestaban los bosques de manera libre y con el cobijo de autoridades municipales y estatales».
También tiene deuda con la comunidad boscosa de Santa María Cahuacán, «asediada» por proyectos residenciales sin consulta libre, previa e informada como corredores industriales y la autopista Atizapán-Atlacomulco; con los habitantes de Santa María Apaxco que exigen medidas para garantizar su salud ante la contaminación del aire y agua causada por la cementera Holcim; y con las comunidades «hostigadas»como Coyotepec, Tlapacoya y El Molino por tener 1,279 sistemas comunitarios de agua en 93 municipios.
«De norte a sur y de este a oeste hay pueblos y comunidades que han tenido que levantarse para exigir que las instituciones del Estado de México cumplan con su obligaciones para con los derechos humanos. Hay una crisis de derechos humanos en la entidad y en el país», dijo Citlalli Cleto, del área de documentación del CDHZL durante la presentación del informe en el Palacio Legislativo mexiquense.
Los asistentes de pueblos originarios como Acuexcomac, Axotlán, Santa María Cahuacán, Coyotepec, Huitzizilapan, San Francisco Magú, Temoaya, Tezoyuca, Tianguistenco y otros gritaban en el Congreso local «agua sí, aeropuerto no», «porque luchan por las tierras, por eso los encierran» y «presos políticos, ¡libertad!».
El Coordinador del CDHZL Antonio Lara Duque enfatizó que ante la sistemática violación de derechos humanos en la entidad, el documento aporta materia prima para los legisladores «que debe traducirse en reformas al marco legal a fin de proteger y garantizar una vida digna para los mexiquenses», incluyendo, dice el reporte, el reconocimiento de todos sus pueblos indígenas en la Ley de Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas.
El Diputado local Max Correa reconoció que en el Estado de México es necesario impulsar un conjunto de reformas a las instituciones de la entidad, las cuales «están tratando de lograr» desde la Legislatura entre todas las fuerzas políticas.
El informe además menciona agresiones a defensoras mexiquenses en 2018 y 2019: Nieves Rodríguez, del Frente Popular en Defensa de la Tierra que se niega a entregar su casa por donde se planea una carretera; a Ernestina Ortiz, del Consejo Indígena del Trueque registrada en el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas por amenazas; y el asesinato el 25 de marzo pasado de Eulodia Díaz, de ese Consejo.
Durante la presentación en el Legislativo mexiquense, Citlalli Cleto, del área de documentación del CDHZL, también mencionó los 176 feminicidios en el Estado de México de septiembre 2017 a julio 2019, durante la administración de Alfredo Del Mazo y la urgencia de activar la Alerta de Género en los 125 municipios de la entidad.
«Las instituciones encargadas de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexiquenses –concluye el informe anual– no están cumpliendo con sus obligaciones, más bien los despojan de su territorio, agua o identidad, y ante esto los pueblos han encontrado una posibilidad en la organización comunitaria».
LOS SEIS PRESOS POLÍTICOS
Luego de que seis defensores del agua náhuas de Tlanixco vivieron en la cárcel entre 12 y 16 años, fueron liberados y absueltos de cualquier cargo penal este 2019, además de que se cancelaron las órdenes de aprehensión contra dos hombres que estuvieron durante 16 años prófugos y alejados de su familia.
Ahora exigen reparación integral del daño por quebrar su proyecto de vida, así como acceder a la justicia que les fue denegada durante más de una década. Se trata de Teófilo Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González, y Rey Pérez y Santos Alejandro.
«Siempre fueron inocentes, pero un sistema de justicia que desconoce y que no se interesa por conocer los derechos de los pueblos indígenas los llevó a padecer la cárcel», dice el informe «Situación de los Derechos Humanos en el Estado de México 2018-2019».
De acuerdo con el la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas, hubo irregularidades en el proceso que concluyeron en violaciones de derechos humanos.
En general, dice el documento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, «el Estado de México ha encarcelado a personas defensoras de derechos humanos, inocentes de cualquier conducta delictiva, como un ejercicio de castigo político para hacerlos a un lado de su camino en sus proyectos políticos y económicos».
En la presentación del informe en el Palacio Legislativo, el Diputado local Max Correa reconoció que «la mala actuación de algunos servidores públicos que deben impartir justicia está llenando las cárceles del Estado de México en un proceso de hacinamiento que raya en una violación a los derechos humanos y que ejerce presión en las finanzas públicas».
«AGUA SÍ, AEROPUERTO NO»
El proyecto del Aeropuerto Internacional en la base militar Santa Lucía, rodeada de pueblos originarios de Tecámac y Zumpango, «se convierte en otro proyecto que atenta contra el medio ambiente y se anuncia sin considerar a quienes serán afectados de manera directa», reza el informe del centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero con sede en el Estado de México.
Enfatiza que la supuesta consulta hecha en Xaltocan, uno de los 20 poblados indígenas de la zona, «no se hizo de acuerdo con lo estipulado en tratados internacionales», como el Convenio 169 de la OIT que exige que sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
«Nunca nos imaginamos que ante la necedad de construirlo estamos en resistencia contra un Gobierno que decía defender al pueblo; jamás hemos sido consultados como pueblos originarios para ver si estamos de acuerdo con ese monstruoso megaproyecto», dijo Lizbeth Laguna, vocera del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua frente a los legisladores mexiquenses, organización que interpuso al menos diez amparos contra el proyecto.
«Repite López Obrador que quienes se oponen al aeropuerto son los fifis, pero nosotros le decimos: no se equivoque, Presidente, no nos meta en el mimo costal. Siempre defenderemos nuestra agua. Pedimos la consulta libre, previa e informada antes de colocar una sola piedra de ese aeropuerto», agregó Laguna.
Estos pueblos originarios, si bien han perdido lengua o vestimenta por la urbanización, mantienen formas de organización económica, social y política, elección de autoridades a través de asambleas y fiestas patronales, lo cual «no es considerado por las autoridades» al solo tomar en cuenta al núcleo agrario de la zona.
El informe prevé que por la instalación del aeropuerto «se perdería el sentido comunitario, pues al tratarse de un proyecto de tal magnitud la urbanización invadirá las comunidades modificando las instituciones comunitarias e incorporándose a una dinámica marcada por la ciudad, empresas trasnacionales y de servicios».
Sobre las afectaciones al agua, observa que el Manifiesto de Impacto Ambiental de la obra no expone qué pasará con las aguas residuales ni las medidas para evitar la contaminación del suelo, ni la cantidad de residuos que generarán los 8 millones de usuarios diarios con destino en rellenos sanitarios de la Secretaría de Medio Ambiente, de Comunicaciones y Transportes, y y del municipio.
Para evitar otro «Atenco», advierte, «los pueblos requieren ser escuchados, que surjan alternativas para ellos, que se garanticen sus derechos, su identidad y que sus necesidades sean de igual forma atendidas a las necesidades de aquellos para los que su ritmo de vida les exige un nuevo aeropuerto».
Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que quedó en obra negra, «el territorio de Atenco y Texcoco quedó muy lastimado; la zona donde se comenzaron los trabajos de construcción, así como las obras secundarias del NAICM presentan daños que podrían ser irreversibles».
Para ambas regiones es importante que el espacio que ya no se recuperará para las cosechas sea para el encuentro común entre los pobladores «y quede como un recordatorio de la larga lucha emprendida por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra».
DESALOJO EN LA PEDRERA
Los miembros de la Alianza Única del Valle, que lucha por el derecho a la vivienda de desplazados, han sido criminalizados como «invasores de territorios» en casos como el desalojo en el predio de Guadalupe en Naucalpan en julio de 2011 y el registrado en el predio La Pedrera en Atizapán en noviembre de 2018.
«En el Estado de México además de que no se garantizan los derechos humanos, también existe una persecución y criminalización para quienes por sus propios medios y con su propias herramientas buscan acceder a ellos», acusa el informe del CDHZL.
Las 30 familias que vivieron en el predio La Pedrera durante 13 años fueron desalojadas por agentes de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla con violencia, entre tiros al aire y retiro de celulares, luego de que denunciaron ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) la devastación de un cerro vecino para una obra. Actualmente viven en un campamento montado afuera.
De acuerdo con el agente del Ministerio Público Antonio Moctezuma Barrera, el predio pertenece a la empresa constructora Expectras. Pero las familias aseguran tener documentos que comprueban su posesión, como el predio y recibos de luz.
«Los vecinos de la Pedrera exigen se les reconozca su derecho a permanecer en ese lugar que adquirieron de manera legal y que se les permita ocupar nuevamente sus viviendas. Asimismo, hacen un llamado al Gobernador de la entidad a cesar con la toma del predio y el despojo de los hogares de más de 30 familias», concluye el informe sobre ese caso.
El coordinador del CDH Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, dijo en la presentación que «estamos a tiempo de proteger los derechos y tradiciones de aquellos pueblos sobre los que se levanta este país».
