Para las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa no son cinco años, son mil 826 largas noches de insomnio; mil 826 días de despertar del escaso sueño con la esperanza de que hoy, hoy sí, sabrán algo sobre el destino de sus hijos; mil 826 largas jornadas de búsqueda entre burócratas en los laberínticos caminos de la justicia; mil 826 regresos a la cama para enfrentarse con el dolor de no saber y la eternidad de una nueva noche sin sueño.

La noche de Iguala cambió al país. Fueron muchas cosas las que se rompieron aquella horrible jornada que desnudó al sistema, que hizo que poco a poco fuéramos tomando conciencia de que, como en la fábula, la justicia iba desnuda, y nosotros también.

Ayotzinapa puso en la agenda nacional la crisis de los desaparecidos. No es que no supiéramos que existía esta macabra forma de esfumar los rastros de una persona; desde finales de 2011 comenzábamos a hablar de este nuevo delito, no contabilizado, poco entendido y que las autoridades negaban y ocultaban con eufemismos y no pocas veces con displicencia. Ya no era el Estado el responsable de las desapariciones, como había sucedido en los años setentas y ochentas, sino grupos de crimen organizado que definían el futuro de las vidas de las comunidades. Fue hasta la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos que el tema tomó el lugar que le correspondía en la agenda nacional como un delito recurrente, sistemático y continuo.

Ayotzinapa nos reveló que el crimen organizado ya no era un asunto de narcos traficando droga sino estructuras de control territorial que se disputan cada metro de nuestro país, que controlan no solo los cerros, los llanos y los caminos, sino las policías y autoridades municipales. Eso que aparecía de manera intermitente aquí y allá como historias salidas de la ciencia ficción se reveló como una fotografía en la charola del cuarto oscuro. No solo habíamos perdido buena parte del territorio, ahora en manos del crimen, sino que las instituciones del Estado estaban a su servicio.

Ayotzinapa nos hizo entender lo podrido que están nuestras instituciones de justicia, más preocupadas por resolver el problema político que por darle certeza a las víctimas. La verdad histórica de la Procuraduría de Murillo Karam pasó ya a la historia como la gran falacia de la justicia: todo el poder del Estado volcado a inventar una “verdad”, corroborarla a base de torturas y difundida desde los aparatos de comunicación.

Ayotzinapa hundió al sistema político. Ahí comenzó la caída no solo del Gobierno de Peña Nieto sino de una serie de arreglos institucionales sobre los que se había sostenido el país los últimos 30 años.

Mil 826 días y noches después el país es otro; los 43 desaparecidos y los sueños rotos de sus padres son los mismos.

Diego Petersen Farah

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