Adriana Lecona, integrante de Las del Aquelarre, consideró que a la nueva señáletica de espacios exclusivos en el transporte colectivo le hace falta “hacer mención de la responsabilidad de los hombres respecto a su violencia”. “En realidad toda la ciudad y todo el transporte debería estar libre de acoso sexual. Entonces si vas en el transbordo de Pantitlán pues, ¿ahí no es una zona libre de acoso?, ¿ahí sí está permitido?, esa parte debería quedar más clara”, destacó.
Sofía Poiré, activista y consultora en temas de género, consideró que la campaña “Paremos la violencia hacia las mujeres”, que presentó esta semana el Gobierno capitalino, “es un acercamiento educativo muy tradicional: es como cuando una madre regaña a su niña y nada más le dice ‘esto está mal, no lo hagas’, pero nunca le explica porqué y la amenaza con que va a haber una sanción”.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, presentó y puso en marcha esta semana cuatro medidas emergentes para combatir la violencia hacia las mujeres en la capital del país: la iniciativa de Ley para la creación del Banco de ADN de agresores sexuales y secuestradores; la campaña “Paremos la violencia hacia las mujeres”; nuevos señalamientos en los espacios exclusivos en el transporte público, y el inicio de la instalación de luminarias en zonas peligrosas para las mujeres.
Activistas feministas consideraron, en entrevista con SinEmbargo, que con estas medidas, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum está atendiendo los compromisos que adquirió en las reuniones con mujeres durante el mes de agosto. Sin embargo, destacaron, que falta voluntad política e incluso recursos para combatir la violencia de género de manera eficaz en la capital del país.
“La Jefa de Gobierno ha estado cumpliendo paulatinamente los compromisos que adquirió, tanto en el evento donde anunció las medidas inmediatas, como en la sesiones de diálogo que hemos tenido con ella. El compromiso de ella está, ahora hay que también presionar y apretarles la tuerca a los funcionarios que operan el sistema de justicia, tanto de justicia cívica como de la Procuraduría, el Tribunal y el Congreso”, destacó Adriana Lecona, integrante de la colectiva Las del Aquelarre.
“Es urgente que la iniciativa [del banco de ADN] se apruebe en el Congreso, que se haga este banco de datos y que evitemos que los mismos agentes del Estado sean o continúen siendo los que están violentando a las mujeres”, añadió.
Sofía Poiré, activista y consultora en temas de género y diversidad sexual, consideró que necesitamos “un proceso de educación más integral, es muy importante, para empezar, que entendamos qué onda con el sexismo y otras dinámicas de violencia”.
“Lo que necesitamos aquí es un replanteamiento de la sociedad entera, necesitamos este tipo de procesos muy amplío que necesitan mucha voluntad política y muchos recursos, que no estoy segura que sí los tengamos. Sí, a lo mejor, tenemos una Jefa de Gobierno que se manifiesta sensible a estos temas, inclusive desde una perspectiva personal, sí tenemos mujeres pero se encuentran en un sistema patriarcal”, añadió.
“A lo mejor tenemos aliadas en Gobierno, aliadas inclusive muy buenas, pero todavía tenemos estas otras limitaciones estructurales que nos impiden hacer el cambio estructural que queremos”, destacó.
INICIATIVA DEL BANCO DE ADN
El Gobierno de la Ciudad de México envió, el pasado martes, al Congreso local una iniciativa de Ley para crear un Banco de ADN con la información genética de violadores, feminicidas y secuestradores sentenciados, así como los perfiles genéticos de los miembros de la policía capitalina, entre otros funcionarios, y de elementos de seguridad privada.
Con el banco de perfiles genéticos, según el documento de la iniciativa, buscan “que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y, en consecuencia, se rompa la cadena de impunidad ante la ausencia de herramientas que permitan investigaciones sólidas y se evite dejar libre al delincuente”.
El Gobierno capitalino propone que el banco almacene la información genética:
–Obtenida de indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar de los hechos que puedan constituir algún delito de índole sexual o secuestro.
–La información de los indiciados, procesados y sentenciados por el delito de secuestro, violación, estupro y feminicidio, en la hipótesis de que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, así como copia de la o las sentencias de la persona.
–De las muestras aportadas voluntariamente por las víctimas o cualquier persona de interés según lo considere la autoridad ministerial.
–De las muestras aportadas de personas prestadoras de los servicios de seguridad privada.
–De las de los servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana, del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, y de la personas titular de la Jefatura de Gobierno.
Adriana Lecona, activista de Las del Aquelarre, consideró que el banco de ADN “es una buena medida que puede ayudar, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología, a facilitar los procesos de peritajes y de identificación de los culpables”.
Sin embargo destacó que también se trata de un tema delicado, pues se debe “tener cuidado con el asunto del manejo de las muestras que se tengan, no se vaya tampoco a fabricar culpables, pero me parece que es una buena medida y que sí puede ayudar, sobre todo en casos de reincidencia a sentenciar a los responsables”.
Recordó que en el tema de la impunidad se da muchas veces porque no se investigan bien los delitos y no se recolectan de manera adecuada las pruebas. “En una prueba de ADN, no hay nada que refutar”, dijo.
Por ello, añadió, “el llamado al Congreso sería que fueran sensibles ante la urgencia, ante el contexto de violencia contra las mujeres que vivimos en el país y en la Ciudad de México”.
“Entre más pronto lo hagan, más pronto le darán elementos al Gobierno de la ciudad justamente para detener y sentenciar, en caso de comprobar la responsabilidad, de las personas que estén en ese banco de datos”, sostuvo.
Sofía Poiré, activista feminista, consideró que ya hay otros procesos de investigación de la policía que no se están aplicando correctamente. “En el caso del banco de ADN también sospecho que sería como un problema. Es decir, podemos tener una tecnología que pueda ser útil […] pero que no se aplica correctamente”, dijo.
Criticó que en la propuesta de la legislación diga que será de manera voluntaria la aportación de las muestras de ADN de los funcionarios de seguridad pública, y consideró que se debe garantizar, desde el Congreso, que se agreguen los datos de todos los funcionarios.
CAMPAÑA #DATECUENTA
Una de las medidas implementadas esta semana fue la campaña “Paremos la violencia hacia las mujeres”, que incluye la colocación de carteles en los sistemas de transporte público y la difusión de spots en radio, televisión y redes sociales con el hashtag #DateCuenta, y que fue presentada por la Jefa de Gobierno el pasado miércoles.
Sheinbaum Pardo afirmó que la campaña tiene como objetivo “mostrar que hay muchas cosas que son violencia hacia las mujeres, que son comportamientos en la mayoría de hombres hacia mujeres, que nos hacen sentir inseguras en la ciudad”. Destacó que con estos carteles y spots se busca visibilizar la violencia hacia las mujeres y que se tomen acciones desde la ciudadanía para erradicar la violencia de género en el hogar, entre las parejas, en el ambiente de trabajo y en los medios de transporte.
Para Sofía Poiré, la campaña “es un acercamiento educativo muy tradicional: es como cuando una madre regaña a su niña y nada más le dice ‘esto está mal, no lo hagas’, pero nunca le explica porqué y la amenaza con que va a haber una sanción”.
Consideró que un país como México y sus altos índices de impunidad, “si no hay sanción [estas campañas] no sirven de nada y no tienen chiste”.
“Las razones por las que salimos a manifestarnos en agosto es: no me cuidan, me matan. Entonces es precisamente una denuncia a la falta de eficiencia una vez que vamos a denunciar”, recordó la activista.
La activista también consideró que es fundamental, que a la par de estas campañas, los funcionarios de procuración de justicia pasen por un proceso de capacitación, el cual ya se está llevando a cabo, pero no se sabe por cuánto tiempo se llevará a cabo este proceso. “Sucede que a veces después de una capacitación, estas personas van a seguir ejerciendo malas prácticas, entonces ahí lo que tenemos que preguntarnos es qué sistemas de evaluación vamos a implementar y eventualmente, qué acciones vamos a tomar en caso de que se detecte que siguen habiendo malas prácticas”, añadió.
Adriana Lecona destacó que la campaña es buena, pero enfatizó en que lo que está pendiente es «revisar la Alerta de Violencia de Género». “Revisemos la Alerta de Violencia de Género, sentémonos con especialistas, las feministas a revisar qué es lo que no está funcionando en las alertas de violencia de género en otros estados, para implementar una alerta en la Ciudad que sirva, porque es finalmente lo que queremos», llamó.
NUEVOS SEÑALÉTICA DE ESPACIOS EXCLUSIVOS
El miércoles 25 de septiembre, el Gobierno capitalino presentó una nueva señalética en los sistemas de transporte colectivo masivos de la capital del país, principalmente Metro y Metrobús, para las zonas exclusivas para mujeres, donde también se indica que los hombres que no respeten estos espacios serán sancionados con multas, arresto o servicio comunitario.
En el caso del Metro se trata de los dos primeros vagones del tren, en esos espacios únicamente pueden ingresar mujeres y niñas, así como los niños de hasta 12 años de edad. En el caso del Metrobús convencional y el biarticulado, el primer carro es exclusivo para las mujeres; en el de dos pisos, el espacio exclusivo es el que se encuentra en la parte trasera del primer nivel de la unidad. Sólo en la Línea 4 del Metrobús aún no opera el espacio exclusivo.
En los nuevos señalamientos para los vagones exclusivos de mujeres también se alerta que de incumplir estas reglas, primero se pedirá al hombre que abandone los espacios exclusivos, y de rehusarse será sancionado por desacato a la autoridad.
El Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la capital del país, en su fracción XI, señala como infracción: “ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos”. Y establece una multa equivalente a entre 21 y 30 Unidades de Medida, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.
La activista Adriana Lecona desatacó que los nuevos señalamientos en espacios exclusivos de mujeres servirán como herramienta para que las usuarias puedan “pedirle a las personas que no están autorizadas para viajar en esos vagones que se vayan”.
“Me parece adecuado que se haya hecho un ajuste y que se difunda la información de que efectivamente los vagones exclusivos de mujeres son exclusivos, y que hay vagones mixtos. Que se entienda que no es un asunto de discriminación, sino que a partir de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en el transporte es que fue necesario tomar esa medida”, precisó.
Sin embargo consideró que a la campaña le hace falta “hacer mención de la responsabilidad de los hombres respecto a su violencia”. “La idea es que los hombres se responsabilicen de su violencia, porque la idea es que no deberíamos necesitar esos espacios, que deberíamos convivir por igual, y que esos espacios sean tendientes a desaparecer en un clima social de respeto y no violencia hacia las mujeres. Que los hombres se hagan responsables de la violencia que están ejerciendo, que dejen de acosarnos en el transporte”, dijo.
“En realidad toda la ciudad y todo el transporte debería estar libre de acoso sexual. Entonces si vas en el transbordo de Pantitlán pues, ¿ahí no es una zona libre de acoso?, ¿ahí sí está permitido?, esa parte debería quedar más clara”, añadió.
También llamó a las autoridades a que realmente implementen las sanciones a las que se hacen alusión en los carteles. “Hemos tenido casos, incluso una compañera nuestra de la misma colectiva, en algún momento que sufrió acoso y fue a denunciar con el agresor detenido a un juzgado cívico, pues el juez cívico haciendo todo lo posible por no sancionar a la persona”.
“Yo creo que sí hace falta reforzar este tipo de medidas, informarle a los propios funcionarios que son responsables de la aplicación de las sanciones a quienes invadan los espacios exclusivos de mujeres que tiene aplicar la Ley y que tienen que aplicar las sanciones. Sabemos que la impunidad es una de las invitaciones a que se repitan los hechos que son ilegales”, dijo.
Sofía Poiré consideró que también debe haber capacitación para los policías del transporte público, porque en muchos casos aunque sí atienden a las mujeres cuando piden que saquen a los hombres de los vagones exclusivos, muchas veces no saben cómo actuar y también hay poco personal de seguridad en las estaciones.
“No sólo que ellos sepan cuál es el procedimiento para llevarlos a juzgado cívico, sino que tengan los números y la fuerza para sacarlos en caso de ser necesario”, señaló.
