En los centros productores de plata como Fresnillo, Mazapali y Chalchihuites, el 58 por ciento de la población vive en pobreza; el 64 por ciento obtiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; el 35 por ciento carece de servicios básicos en la vivienda; el 13.16 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y un 25 por ciento presenta rezago educativo, de acuerdo con el anuario 2018 «Actividades extractivas en México» de Fundar.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Es un «gran mito» que la minería genere desarrollo y empleos para las comunidades donde realiza sus actividades, afirma el anuario 2018 «Actividades extractivas en México» de Fundar.
En los centros productores de plata como Fresnillo, Mazapil y Chalchihuites, documentó la investigadora Beatriz Olivera del centro de análisis, el 58 por ciento de la población vive en pobreza; el 64 por ciento obtiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; el 35 por ciento carece de servicios básicos en la vivienda; el 13.16 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y un 25 por ciento presenta rezago educativo.
En los centros productores de oro, como Caborca, Mazapil, Ocampo, la pobreza se registra en el 50 por ciento de sus habitantes; el ingreso del 55 por ciento es menor a la línea de bienestar; y un 29 por ciento carece de servicios básicos en los hogares.
«Es necesario que se prioricen las necesidades de las poblaciones locales de las zonas de las que extraen recursos minerales y reconfigurar el marco regulatorio minero, dado que su laxitud permite a las empresas extraer oro y plata, pero flexibiliza sus obligaciones y cargas fiscales. Es sustancial retirar los privilegios que tienen dados los escasos beneficios que aportan a las comunidades y al país», expuso Olivera de Fundar.
Respecto a oportunidad laboral, las actividades extractivas en el país (de minerales e hidrocarburos) representan solo un 0.66 por ciento (131,434 empleos, IMSS, 2018) del total del empleo asegurado a nivel nacional y, agrega, este sector económico es el que contrata una mayor proporción (27.4 por ciento) de personal vía outsourcing sin acceso a seguridad social.
La industria extractiva de minerales genera empleos sobre todo en Coahuila, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Durango. Pero incrementó 76 por ciento este tipo de contratación que reduce costos a las empresas en detrimento de los trabajadores de 2008 a 2013. Para 2014 (Inegi), la minería de oro subcontrató al 65.2 por ciento y la de plata a un 69.3 por ciento.
«Es sustancial que el gobierno actual dejé de considerar a las actividades extractivas como importantes fuentes de empleo. Las aportaciones de estas empresas en cuanto a oferta laboral no son relevantes y son superadas por otros sectores económicos como la industria de la transformación, servicios y comercio», dice Olivera.
De 2013 a 2018, los proyectos mineros aumentaron 77 por ciento y a finales de 2018 el 92 por ciento de las empresas extractivas eran extranjeras (en su mayoría canadienses). Y el 75 por ciento de las minas en construcción serán a cielo abierto, una técnica altamente contaminante con severos daños ambientales, alertó Fundar.
Durante la presentación del anuario de Fundar, el activista Rubén Albarrán hizo un llamado a la ciudadanía a «tener en mente el proceso de transición energética porque se acabaron los elementos sagrados. Debemos defender el entramado de la vida; detengamos este ecocidio. Hagámoslo ya. Van tras todo. Es por nuestros hijos; la humanidad continúa».
El académico de la UAM Fermín Ledesma aseguró que «el capitalismo en su faceta extractivista» ha avanzado en pueblos indígenas por el discurso de que «todo será mejor», con ayuda de las autoridades y los medios para enriquecer a otros y otras zonas.
La Diputada Xóchitl Zagal de Morena explicó que por un lado el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza el fracking y hay una iniciativa para prohibir la práctica haciendo fila en el Senado y por el otro siguen «intereses» y funcionarios públicos en determinados espacios con desconocimiento de estas cifras presentadas por Fundar, por lo que pidió a la sociedad civil seguir presionando a los legisladores a abordarla para que pase a Cámara de Diputados.
«Necesitamos que Presidencia tome más firmeza con este tema», dijo Zagal.
