La seguridad de tener un auditor superior que le cubra la espalda al Gobernador y a los diputados de Baja California, además de una promesa de impunidad, es lo que se puso sobre la mesa para aprobar la reforma constitucional del Artículo Octavo Transitorio, con lo que se modifica el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años.
Para Joel Blas Pérez, representante del PRI ante el IEE, y el abogado constitucionalista Daniel Solorio, el movimiento de los diputados no puede ser concebido sin la venia de Francisco Vega de Lamadrid, quien promete no publicar la reforma como un acto de contención, cuando en realidad es perjudicial para la acción de inconstitucionalidad que anunció el PAN, PRD, PBC y PRI. Empresarios, políticos a nivel nacional, consejeros del INE, todos expresaron su rechazo ante una atrevida reforma que -aseguran- “violentaría el Estado de Derecho”.
Por Eduardo Villa Lugo
Tijuana, Baja California, 18 de julio (Zeta).– Baja California fue noticia nacional el lunes 8 de julio, por lo que mayormente se calificó como un acto inconstitucional. El sistema democrático mexicano fue violentado cuando diputados locales pasaron por encima del voto popular, incrementando el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años.
Pese a haber recibido y aceptado su acta de mayoría que lo acreditó como Gobernador para un periodo de dos años, Jaime Bonilla Valdez, quien fue el candidato ganador de la elección del 2 de junio representando a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevó su ambición política al Congreso local, dijeron políticos locales.
Poco más de un mes atrás, el propio presidente del Congreso del Estado, Benjamín Gómez, había denunciado públicamente que testaferros de Morena y empleados del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, habían ofrecido un millón de dólares a cada uno de los 25 diputados que componen la Legislatura bajacaliforniana para llevar el tema de la ampliación a la tribuna y aprobarlo.
Aquel 1 de junio de 2019, Macías dijo no haber aceptado, y responsabilizaba al Gobierno Federal de cualquier acción en su contra; 37 días después, cambió de opinión. Votó a favor de una reforma constitucional, junto con 20 diputados más, para darle al Gobernador electo aquello por lo que lo denunció: una ampliación en el periodo de Gobierno.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder moral de la izquierda mexicana fue más directo: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo”.
Hizo un llamado:
“Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de un mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California. Aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”. La desaparición del Congreso no está contemplada en este marco legal.
Efectivamente, avalistas ven la intentona de Morena en Baja California, dado que un diputado de ese instituto político presentó la iniciativa de reforma que beneficia al Gobernador electo emanado del partido, como un laboratorio para afectar la democracia en entidades federales y en el ámbito nacional.
Los diputados en el Congreso del Estado violaron la Ley al eludir su responsabilidad y no convocar al Estado, ayuntamientos y sociedad, a participar en esta propuesta de reforma a la Constitución, lo que hace posible que al no estar de acuerdo, los cabildos y el Estado puedan iniciar controversias constitucionales en contra de la decisión del Poder Legislativo.
La reforma se hizo simplemente en una sesión extraordinaria, con tratamiento especial y el voto de 21 diputados: nueve del PAN, cinco del PRI, tres de Morena; así como del Partido del Trabajo, Transformemos, Movimiento Ciudadano y PRD, con uno cada quien. De esta manera, el voto emitido por los electores de Baja California el domingo 2 de junio fue ignorado, violentado.
Tatiana Clouthier, diputada federal por Morena y quien fuera coordinadora de campaña de López Obrador en 2018, coincidió en redes sociales con la reflexión de Cuauhtémoc Cárdenas: “Nos sumamos al llamado al Congreso de Baja California a rectificar. El Gobernador fue votado por dos años. No se puede más, muy claro”.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, también reflexionó: “La decisión de un Congreso local de ampliar una gubernatura de dos a cinco años después de la elección, vulnera la decisión de cada votante, revirtiendo el principio básico de nuestra democracia”.
El acto cometido en el Congreso de Baja California, dará origen a una serie de recursos de inconstitucionalidad que partidos políticos, organizaciones empresariales, ciudadanas, senadores y diputados federales, anunciaron se interpondrán en próximos días ante la SCJN, a la par que han iniciado procesos de expulsión de los diputados locales en los partidos PAN, PRI y PRD.
DISTRIBUIR FAVORES, UN PACTO DE IMPUNIDAD
Pero el agandalle de los diputados locales para beneficiar al Gobernador electo emanado de Morena no fue gratuito, sino producto de lo que se asoma como un pacto entre el Gobierno entrante y el saliente. Los legisladores cambiaron los cinco años por impunidad para ellos y el Gobernador. En la ignominia política, todos los protagonistas políticos salieron ganando, menos la ciudadanía.
Al decidir el tema de los cinco años, los últimos en aceptar los acuerdos fueron los diputados panistas, pues sabían que por lo menos cinco de ellos eran necesarios para alcanzar la reforma constitucional que requiere dos terceras partes de la totalidad de los representantes populares.
Militantes blanquiazules que pidieron el anonimato, aseguraron que el voto de los panistas fue producto de un acto de corrupción, pagados en montos que mencionaron entre los 3.5 y 5 millones de pesos para aprobar la reforma.
Además, impunidad.
Con un auditor a modo y una próxima legislatura de mayoría morenista, según un integrante del Comité Estatal del PAN, a los diputados que votaron a favor les garantizan no investigarles las cuentas, ni a familiares de los diputados ni al gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Fue el caso, explicó, de Iraís Vázquez, cuyo esposo fue recaudador de Rentas en Tijuana.
De acuerdo a lo dicho por este panista, los legisladores también solicitaron otro tipo de apoyos. Alfa Peñaloza pidió espacios para algunos allegados, incluidos familiares, y protección, luego que su nieto saliera de la administración municipal de Tijuana; Trinidad Vaca Chacón buscó acomodar a su hijo en el próximo Gobierno; Benjamín Gómez Macías, del PRI, cubrió a Juan Valdés Moreno, actual aspirante a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ex secretario técnico priista del Congreso.
Benjamín Gómez fue quien, en su calidad de presidente del Congreso, denunció el 1 de junio que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Alcalá, y el administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Miramontes, le ofrecieron un millón de dólares por convocar a sesión de pleno, donde pretendían subir el tema de la ampliación de la gubernatura
Los nombramientos del auditor y los cuatro comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) también fueron considerados por los analistas como la confirmación de un pacto de impunidad a cambio de un acto de inconstitucionalidad.
Por un lado, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid colocó en la Auditoría Superior del Estado a un afín para protegerle las espaladas, y por el lado de Morena, Jaime Bonilla Valdez tendría lo que ha aspirado desde febrero, cuando una de sus seguidoras interpuso el primero de tres recursos para ampliar el mandato de Gobierno de dos a cinco años, como sucedió en el Legislativo bajacaliforniano.
NEGOCIARON POR CINCO DÍAS
Pese a los rechazos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en marzo, mayo y junio, por ampliar el periodo de dos a cinco años -incluso a seis-, el Congreso del Estado ignoró cualquier amenaza y cumplió al Gobernador electo.
Desde el jueves 4 de julio comenzó la presión y la negociación por parte del Diputado morenista Catalino Zavala, quien acudió al Congreso del Estado y comenzó a tocar las puertas de los diputados panistas previo a la sesión ordinaria a celebrarse ese día, donde desahogarían varias cuentas públicas de los años 2016 y 2017. Su papel, explicaron legisladores, no fue en calidad de un colega, sino como emisario del equipo de Jaime Bonilla Valdez. Cabildeaba para el cambio a la Constitución.
En el panismo se enteraron de la intentona y respondieron amagando a sus legisladores con la expulsión, lo que fue suficiente -en ese momento- para contener el “coqueteo” entre los diputados, sobre todo el de Carlos Torres Torres, quien se identificó como uno de los puentes de la negociación, dada su reciente relación sentimental con la alcaldesa electa de Mexicali, la representante de Morena, Marina del Pilar Ávila. Al final, los temas importantes de fiscalización quedaron fuera del orden del día y se desahogaron iniciativas y decretos de poca repercusión. No entraron a la reforma constitucional.
El 5 de julio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sus compañeros en el recinto legislativo con la intención de desahogar el nombramiento del auditor superior.
LA VOTACIÓN DEL “DÍA D”
Así llegaron al lunes 8 de julio, por la tarde, minutos antes de bajar de sus oficinas a las instalaciones del pleno, la diputada Victoria Bentley, Catalino Zavala y Víctor Manuel Morán, bajo el mandato de Amador Rodríguez Lozano (próximo secretario de Gobierno), quien vía telefónica monitoreaba y afianzaron los acuerdos ya sugeridos a sus compañeros; extraoficialmente mencionaron que algunos diputados solicitaron dinero, otros, impunidad.
Las puertas del Congreso se cerraron al público, los diputados descendieron y comenzaron la sesión. Avalaron rápidamente el orden del día, para después anunciar la votación secreta en torno a la gubernatura de cinco años.
Pese a que habían sido vistos en el pleno, los diputados Eva María Vásquez y Andrés de la Rosa,
no acudieron en un primer momento, mientras que Miguel Osuna Millán fue el único que se inconformó por la sesión y adelantó su rechazo a la pretensión de la mayoría.
El Diputado de Morena Víctor Manuel Morán, fue invitado a exponer los motivos de la iniciativa de carácter urgente. Once páginas conformaban el proyecto que desahogó, primero desde su lugar, luego desde la tribuna, a petición del resto de sus compañeros.
Los nervios le impedían hablar con soltura y generaban un lenguaje atropellado; no estaba cómodo, le urgía concluir. Lo que para los presentes fue una lectura de minutos, para Morán parecían horas. Mientras sus compañeros mantenían la cabeza abajo o la distanciaban del público -salvo Raúl Castañeda y Carlos Torres Torres, pues el primero no temía dar la cara y el segundo sonreía y escribía en su celular-, sólo algunos compartían impresiones con su compañero adyacente. La tensión era generalizada.
Votaron 22 diputados y sólo hubo una abstención, la cual fue anunciada previamente por Osuna Millán. Con ello es posible establecer que los diputados panistas que votaron la reforma fueron:
* Raúl Castañeda Pomposo
* Iraís Vázquez
* Alfa Peñaloza
* Mónica Hernández
* Carlos Torres Torres
* José Félix Arango
* Sergio Tolento Hernández
* Ignacio García Dworak
* Trinidad Vaca Chacón.
Por parte del PRI:
* Alejandro Arregui
* Marco Antonio Corona Bolaños Cacho
* Patricia Ríos
* Benjamín Gómez Macías
* Bernardo Padilla.
Además, Rocío López Gorosave por el PRD; Job Montoya de Movimiento Ciudadano; Claudia Agatón del PT; José Antonio Casas, de Transformemos; y Catalino Zavala, Víctor Manuel Morán y Victoria Bentley, por Morena.
Al término de la sesión, militantes panistas encabezados por Carlos Aguirre, secretario del Comité Directivo Estatal y los regidores Héctor René Ibarra y Diego Echeverría, endurecieron su protesta afuera del recinto. Gritándoles “traidores”, “vendidos”, “sinvergüenzas”, los blanquiazules acosaron a sus todavía correligionarios, quienes debieron salir de edificio por accesos alternos.
DESIGNACIÓN DE AUDITOR, SEGUNDO PASO DE UN REPARTO IMPUNE
El nombramiento del auditor también se concretó el lunes 8 de julio, fue el segundo tema en votarse, pero el proceso inició desde la mañana. La Comisión de Fiscalización hizo entrevistas, dictaminó e incluyó el tema en las votaciones del día de una manera inusitadamente rápida, antes del pleno.
El jaloneo empezó una hora antes de comenzar con las entrevistas, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jorge Topete Calvario, Francisco Fiorentini y Edgardo “Chito” Silva, arremetieron contra el Congreso y acusaron de intentar una ilegalidad en el nombramiento del auditor superior, pues para ello debían participar por lo menos cuatro representantes de la Comisión Especial de Evaluación -nombrados por el SEA- que analizarían los perfiles; para ello necesitaban ser convocados y recibir previamente los expedientes de cada uno.
Fiorentini Cañedo adelantó que el próximo auditor ya estaba pactado y sería Carlos Montejo Oceguera, hijo del primer Presidente municipal panista de Tijuana, Carlos Montejo Favela -quien trabajó en las administraciones de Ernesto Ruffo y Héctor Terán- en las áreas de Contraloría, además de ser director administrativo de la Auditoría Superior e incluso titular interino de la misma durante la actual gestión. Fiorentini lo ubicó como panista y gente allegada al gobernador del Estado.
Los tres acudieron al Congreso para entregar un documento sobre su rechazo a la intentona, pero fueron ignorados por diputados, quienes comenzaron las entrevistas alrededor de la una de la tarde. En un periodo de
cinco horas terminaron con las comparecencias, prepararon el dictamen y lo avalaron en la Comisión de Fiscalización como único punto, para luego presentarlo a la Junta de Coordinación Política e incluirlo en el Orden del Día. Fue plasmado en la convocatoria como el tema número dos.
Una vez concluida la votación de los cinco años, el Diputado Andrés de la Rosa Anaya apareció en el pleno y se unió al resto para participar en el tema del auditor y los consejeros -Eva María permaneció afuera del recinto con un grupo de panistas-. En la segunda votación, Carlos Montejo Oceguera fue electo por 22 votos a favor para encabezar la Auditoría Superior por los próximos siete años.
Así llegó la tercera votación, la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP):
* Lucila Ariana Miranda, propuesta por Morena
* Jesús Alberto Sandoval, propuesto por el PAN
* Denisse Gómez, propuesta por el PRI.
Ellos permanecerán en el Instituto de Transparencia por cinco, cuatro y tres años, respectivamente. Como suplente fue nombrado José Rodolfo Muñoz.
AUDITOR “A MODO” Y VENIA DEL GOBERNADOR
El empresario Francisco Fiorentini Cañedo fue el primero en declarar que Carlos Montejo Oceguera sería electo por el Congreso del Estado como auditor superior. Vaticinando una negociación que beneficiaría al PAN, afirmó que no permitirían que ocurriera lo mismo que con la designación del magistrado Anticorrupción, Omar Curiel Villaseñor -impuesto por el priismo- y recurrirían al amparo en caso de designar auditor el día lunes, lo cual ocurrió.
Montejo Oceguera fue director Administrativo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, además de auditor superior interino. Cuando regresó a la titularidad Carlos Padilla Villavicencio, permaneció como funcionario del órgano dependiente del Congreso.
Fue electo de una lista en la que también se encontraban Carlos Enrique García Lazcano, Mario Alzate Cruz -el único que criticó abiertamente que no hubiera representantes ciudadanos en las entrevistas-, Miguel Ángel Jiménez Guzmán, Víctor Manuel Cortés Rodríguez, Ismael Arturo Osuna Rivera, Mario Beltrán Zárate, Mario Adolfo Jaime Jáuregui y David Gutiérrez García. De estos, solo Alzate y Jaime Jáuregui fueron definidos totalmente como ciudadanos, el resto tenía vínculos con el PRI y el PAN en mayor o menor medida.
Para el empresario Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali y el abogado Daniel Solorio, el sentido de los sufragios y los resultados de la sesión sugieren que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid participó en la negociación y respaldó a los diputados que realizaron esta reforma.
En el mismo sentido respondió el representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral, Joel Blas Ramos, quien aseguró que los diputados votaron en todo momento las iniciativas del gobernador, por lo que no puede entenderse esta decisión sin su venia.
TRES MUNICIPIOS A FAVOR, DOS EN CONTRA
Como parte del proceso legal para validar el cambio a la Constitución que amplíe el período de gubernatura a cinco años, los cinco ayuntamientos deben votar respecto a la reforma y lo hicieron en un lapso de tres días. Los ayuntamientos de extracción priista de Ensenada y Tecate votaron a favor, así como el panista de Rosarito, mientras que los dos albiazules, Mexicali y Tijuana, lo hicieron en contra.
Salvado ese proceso, el jueves 18 de julio el tema será llevado una vez más al Congreso del Estado, donde los diputados avalarán la reforma a partir de emitir la declaratoria y turnarla al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ello entre en vigor.
Sin embargo, tanto Vega de Lamadrid como el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, adelantaron que no enviarían la reforma para su publicación. A partir que la declaratoria de validez llegue al Poder Ejecutivo, este cuenta con 15 días hábiles para publicarla y, de no hacerlo, desde el Congreso del Estado se puede iniciar un recurso para que el propio Legislativo sea la instancia que publique la reforma en el Diario Oficial.
Por los tiempos programados, esto correspondería a la siguiente Legislatura que tomará posesión el 1 de agosto, donde Morena cuenta con 17 diputados, lo que significa la mayoría absoluta.
“La resistencia del Poder Ejecutivo es irrelevante, toda vez que, según el Artículo 34 de la Constitución local, respaldado por el 112 y el Artículo 4BIS de la Ley del Diario Oficial del Estado, cuando se emita la declaratoria por el Congreso, se le otorgarán diez días al Poder Ejecutivo para publicarla y, en caso de no hacerlo, será el propio presidente del Congreso del Estado quien solicite su publicación”, expuso el priista Blas Ramos.
PLAZOS
A partir de su publicación, los interesados -en este caso los partidos políticos- tienen un plazo de 30 días naturales para interponer el recurso ante la SCJN, la cual determinará -con base a su calendario- el periodo que será sometido a su análisis. Abogados consultados establecieron que esto puede ocurrir entre 45 días y cuatro meses, dependiendo la urgencia.
Por la naturaleza del recurso y la necesidad de dar respuesta al mismo, el abogado Daniel Solorio considera que sería muy pronto. Tanto él como Pamela San Martín Ríos y Valles, del Instituto Nacional Electoral, confiaron en que se dé marcha
atrás antes que Jaime Bonilla Valdez tome posesión, pero afirmaron que si esto ocurre después del 1 de noviembre, sería decisión de la SCJN establecer si es un acto irreparable o si da marcha atrás.
LAS RAZONES DE MORÁN PARA REFORMAR
El Diputado promovente, Víctor Manuel Morán, no expuso argumentos legales para sustentar la iniciativa, el único sustento leído en la exposición de motivos fue la crisis financiera que enfrenta el Poder Ejecutivo y la urgencia de ahorrar el mayor recurso posible. La lógica del de Morena que fue apoyada por 20 diputados, es que si Jaime Bonilla se queda tres años más, en 2021 se “ahorrarán” el gasto de la elección a Gobernador.
Sin embargo, en 2021 sí habrá elecciones, pues los periodos de alcaldes y diputados no fueron reformados, por lo que se respeta el mandato popular de que estos durarán en el cargo únicamente dos años. De esta forma, Baja California tendría elecciones en 2021 y 2024.
Momentos después de la votación, el legislador morenista conversó con representantes de los medios de comunicación, asegurando se trataba de un clamor popular y que su iniciativa se basó en un reclamo de diversos sectores sociales, pues una gubernatura de dos años no alcanzaría para nada, y representaría un gasto sustancial. Al preguntarle por los ahorros que esta medida generaría, señaló no tener los datos, pero justificó que en redes sociales podía palparse la simpatía de la sociedad por ampliar el periodo de la gubernatura.
Ante la insistencia del reportero de Zeta, aseveró:
«Habrá una reducción en ese caso, no la he valorado todavía, eso va a corresponder a que lo valore la gente, esa es la iniciativa, la hice para beneficio de toda la entidad, es un beneficio. Habrá elecciones para Presidente municipal y diputados, pero no en la misma cantidad, ponle que sea de los 600 mil (quiso decir millones) que fueran, unos 200 millones”.
Sobre los motivos de la votación por cédula, indicó que así podría emitirse una votación libre, sin presiones de ningún tipo. En el mismo sentido, negó que hubiera una negociación con las otras fuerzas políticas, sino que cada quien recapacitó su voto por encima de partidos.
Agregó que todos los organismos ciudadanos pueden opinar lo que deseen y que todo se decidirá en la SCJN, pero adelantó que permanecerá sólida, debido a que está bien sustentada.
Entrevistada vía telefónica por Zeta, Pamela San Martín Ríos, consejera del Instituto Nacional Electoral, aseguró que no se puede poner un tema de recursos por encima del derecho de los ciudadanos, los cuales ya emitieron su sufragio y que la Ley establece que toda reforma de esta naturaleza debe realizarse para el próximo proceso electoral, no el anterior.
“El argumento de ahorro no es una razón para suprimir un derecho, la renovación de los poderes en México se da a través del voto, libre y secreto, y es a través de los procesos electorales”, agregó.
A FAVOR
Los partidos políticos no deben ofenderse ni intervenir en la vida al interior de un Congreso local, según comentó el súper delegado federal de Bienestar, Alejandro Ruiz Uribe, quien respaldó la decisión de ampliar la gubernatura.
A título personal, señaló que ningún partido debe mostrar una intervención de esta naturaleza en las decisiones del Congreso, y descartó que él haya intervenido de alguna forma -a través de sobornos- en el Poder Legislativo.
“Eso es tan de locura, que por ahí circuló un video que yo estaba involucrado en ese tema, yo al presidente del Congreso no lo reconozco, si es güero, moreno. Es más, reto a que cualquiera de ustedes saque una foto con él; no le puedo dar credibilidad a este tipo de cuestiones”, planteó el funcionario federal.
Por su parte, la ex Diputada federal y local por el PRI convertida al morenismo, Nancy Sánchez Arredondo, arremetió contra el PAN al asegurar que un mandato de dos años fue operado por ellos con una “acción corrosiva que manipuló al Congreso”.
Agregó que en ningún momento se rompe el esquema del empate de las elecciones, lo cual es el fin superior, y prácticamente laureó a Bonilla con la frase “Esta de cinco, vale diez. Es por Baja California”.
LOS RECURSOS EN CONTRARIO
Líderes morales y políticos, consejeros electorales, a nivel nacional y local, condenaron lo que consideraron una violación al Estado de Derecho. Los presidentes nacional y local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther y Ernesto Elorduy Blackaller, respectivamente, mostraron su rechazo a la decisión del Poder Legislativo.
Para los abogados Daniel Solorio y Joel Blas Ramos, representante del PRI ante el IEE, un movimiento de esta naturaleza no podía hacerse sin la venia del gobernador del Estado, cuyo titular, mientras se llevaba a cabo la reforma, presumía en un boletín de prensa una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos consideran -al igual que el presidente de Coparmex Mexicali- que Vega de Lamadrid estuvo involucrado.
Por su parte, algunos allegados a Jaime Bonilla Valdez lo respaldaron, mientras que el Presidente de la República aseguró que no intervendría en la política interior de una entidad.
Al cierre de esta edición, jueves 11 de julio, cuatro partidos políticos se sumaron a la inconformidad generada por la reforma constitucional al Artículo Octavo Transitorio que modifica el periodo de la gubernatura en Baja California.
El más enérgico fue el PAN, cuyo dirigente local José Luis Ovando y el nacional, Marko Cortés, anunciaron la expulsión de los nueve diputados “traidores”, además de la judicialización del proceso a través de una acción de inconstitucionalidad.
A la inconformidad se sumaron el PRI, que como vocero tuvo al representante de su partido ante el IEE, Joel Blas Ramos; el PRD, cuyo anuncio corrió por cuenta de su dirigente Abraham Correa; y el Partido de Baja California, que según el Diputado Jorge Eugenio Núñez, el tema está siendo evaluado en el seno del partido.
Movimiento Ciudadano se ha limitado a informar que abriría un proceso interno contra Job Montoya Gaxiola, Diputado que avaló la reforma, pero este renunció al día siguiente de la sesión.
Quien también se dijo molesto por el proceso es el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, el cual anunció que buscaría algún recurso legal para combatirla, pero no cuenta con personalidad jurídica.
Según el Artículo 105 de la Constitución federal, solo cuatro entes están facultados para interponerla: el Presidente de la República, a través de su consejería jurídica; el 33 por ciento del Congreso local o federal que corresponda; los partidos políticos y la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, cuando sea un evidente acto de violación a los mismos, tal y como según Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del INE, esto ha ocurrido.
San Martín Ríos y Valles dijo no poder asegurar que de tomar posesión Jaime Bonilla Valdez con la reforma vigente, esta pudiera revertirse, toda vez que sería analizado en el seno de la SCJN. Sin embargo, aseguró que sería desastroso para la sociedad bajacaliforniana que no se respetara la decisión popular que eligió un Gobernador por dos años.
SCJN Y EL CASO VERACRUZ
De 2006 a la fecha se lograron identificar tres incidentes -además del de Baja California- donde congresos locales intentaron ampliar el periodo de un Gobierno, ya sea estatal, municipal, e incluso de los propios legisladores
Los tres escenarios que tuvieron un rechazo unánime por parte de la SCJN, cuyas sentencias han priorizado el principio de certeza, además del derecho de los ciudadanos a elegir por quién será Gobernador y por cuánto tiempo. Sin embargo, ninguno de estos ocurrió entre el día de la elección y la toma de protesta.
El caso más significativo fue la acción de inconstitucionalidad con número 13/2015 interpuesta por Movimiento Ciudadano en Veracruz, que pretendía dar marcha atrás a una reforma emprendida por el ex Gobernador priista –hoy preso- Javier Duarte, la cual fue avalada por el Congreso local, donde se ordenaba que la próxima administración fuera de dos años, con el objetivo de empatar las elecciones con las presidenciales en 2018.
Movimiento Ciudadano recurrió a la SCJN argumentando que la gubernatura por dos años “contraviene el sistema de planeación democrática del Estado, pues no permite acción pública del Poder Ejecutivo, impactando en la planeación, programación y ejecución de los programas de desarrollo regional, prestación de servicios, así como la correcta capacitación, formación y resultados de los servidores públicos”, según consta en una solicitud de la SCJN al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que esta brinde su opinión técnica.
El encargado del proyecto fue el ministro José Fernando Franco González Salas, el cual consideró parcialmente procedente, pero infundada la acción de inconstitucionalidad, toda vez que el Congreso actuó conforme a una disposición establecida en la Constitución federal. La reforma electoral de 2014 instruyó a los congresos locales para que definieran los periodos de Gobierno, a fin de homologar los comicios en todo el país con los procesos federales.
Además, los gobiernos locales tienen derecho a definir de qué manera modificar los periodos para su homologación con los procesos electorales federales, y ponderaron que los ciudadanos deben tener certeza del periodo por el que elegirán a sus respectivos funcionarios.
Referente al tema financiero, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -hoy presidente de la SCJN- se pronunció de acuerdo con el proyecto, apartándose de la afirmación alusiva a que los costos y la afectación al gasto público que genera una elección adicional constituyen cuestiones hipotéticas que no se pueden analizar en una acción abstracta, pues podría realizarse un análisis de razonabilidad.
Luego de definir algunos detalles de forma, no así de fondo, los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea con matices, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y el presidente Aguilar Morales aprobaron por unanimidad –once votos- el proyecto.
Sin embargo, cuatro de los ministros que respaldaron esta votación ya no forman parte del pleno, pues Olga Sánchez Cordero –hoy secretaria de Gobernación- fue sustituida por Norma Lucía Piña Hernández, mientras que Juan Silva Meza fue cubierto por Javier Laynez Potisek; ambos cambios ocurrieron en 2015.
En 2018 y 2019, ya durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, se eligió a dos nuevos miembros del máximo circuito jurisdiccional, donde se erigieron Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos.
El primero fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno, y la segunda es esposa de José María Rioboó, por lo que se consideran cercanos al Presidente de la República.
