En Baja California se hizo historia otra vez, aunque por razones contradictorias.

La primera ocasión fue en 1989 cuando Baja California se convirtió en la primera entidad federativa en tener un Gobernador no emanado del Partido Revolucionario Institucional.

La segunda ocasión fue este lunes 8 de julio cuando los diputados locales, con mayoría panista, aprobaron ampliar el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años, acabando así con el voto popular.

20 diputados, 9 panistas, 5 priistas, 3 de Morena, 1 del PT, una del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano y uno de Transformemos, decidieron pasar por encima de la voluntad del pueblo que el 2 de junio de 2019 acudió a las urnas para votar a un Gobernador de dos años. Lo hicieron al cambiar la Constitución para beneficiar a quien fue candidato de Morena y hoy es Gobernador electo.

La acción del Congreso bajacaliforniano fue burda y gansteril. Respondieron a presiones externas, traicionaron a sus partidos, a los electores, y confirmaron teorías de corrupción que ellos mismos desplegaron, como cuando el presidente del Congreso, Benjamín Macías, acusó públicamente, el 1 de junio, que morenistas los presionaban para llevar el tema de la ampliación al Congreso y aprobarlo a cambio de un millón de dólares.

Ahora Macías y 19 diputados más finalmente cambiaron la constitución. Sentaron el precedente de que el Poder Legislativo puede cambiar los periodos en los cargos de Gobierno en la Constitución. Que el voto popular no cuenta, es irrelevante cuando se tiene la mayoría en el Congreso.

La actitud antidemocrática de los diputados panistas, priistas y sus aliados, respondieron al interés del partido Morena fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue uno de sus diputados quien llevó la iniciativa de reforma constitucional al pleno del congreso bajacaliforniano, que responde al interés de Jaime Bonilla Valdez, el Gobernador electo emanado de Morena.

En tres ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha respondido recursos de interés morenista para la ampliación del periodo de Gobierno de Baja California, de manera negativa. Actualmente, está un proceso más vigente que el que Morena presentó ante el Tribunal Federal, pero este lo envió al Tribunal local para que se modifique el dictamen que originó la constancia de mayoría entregada al ganador de la contienda y donde se establece que el periodo para el cual fue electo, de acuerdo a la convocatoria vigente el día de la elección fue de dos años. Proceso judicial que de confirmarse la reforma a la constitución, se declararía improcedente.

La inconstitucionalidad en el acto legislativo se aprecia por todos lados, pero dejando de lado a políticos y partidos, la declaración de Pamela San Martín, Consejera del Instituto Nacional Electoral, es ilustradora:

“Es un verdadero escándalo. Atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución porque no puede aprobar posteriormente algo que modifique una circunstancia anterior, es decir, las reglas con las que fuimos a la elección del 2 de junio marcan una Gubernatura de dos años. Veamos la implicación que esto tiene: que los ciudadanos voten algo en las urnas y sea un órgano ajeno, el Congreso, el que cambie el sentido de la decisión de los ciudadanos, que fue una gubernatura de dos años, no de cinco. Esto es inaceptable, viola el Estado de Derecho”.

Es evidente que el Estado de Derecho es lo último que importa a los de Morena cuando se trata de satisfacer la necesidad de ampliar el periodo en el poder. Un Congreso contraviniendo la voluntad ciudadana.

El Gobernador electo que desea ampliar su mandato con tres años adicionales no ha dado declaraciones sobre el madruguete inconstitucional. De hecho, pocas veces las otorga, por ejemplo, de los cuatro recursos interpuestos para ampliarle el periodo, uno lo firmó la esposa del Diputado que presentó la iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de Baja California, otro lo firmaron los diputados que le aprobaron la reforma, y dos los hizo a nombre propio por intermediación de sus abogados.

Quién sí tuvo que responder, pero le dio el beneficio de la duda a su amigo y se deslindó de responsabilidad, fue el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando en su conferencia mañanera respondió a pregunta expresa: “Si hay una cosa indebida, lo va a resolver el Tribunal Electoral. A ellos les corresponde, lo que sí puedo asegurar es que nosotros no intervenimos, no hay línea de Presidencia”.

El tema no es tan fácil con todo y lo que han avanzado de manera arbitraria los de Morena. Seguramente el caso llegará no al Tribunal Electoral como asume el Presidente, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que resuelve los recursos de inconstitucionalidad, como los que dirigentes de partidos políticos han adelantado que presentarán para revertir la decisión tomada por el Congreso del Estado de Baja California el lunes 8 de julio para ampliar el periodo.

Y aunque ciertamente el Presidente ha designado a tres de los once Ministros de la Corte, y encauzar la voluntad de algún otro podría no resultarle tan difícil a los de Morena, la Corte es la única instancia que puede regresar la validez y la dignidad al voto popular emitido el 2 de junio en Baja California.

Un día después de la votación de los diputados para reformar la Constitución del Estado, un ayuntamiento, priista por cierto, de cinco que conforman Baja California, aprobó en cabildo el cambio para la ampliación del periodo. Se espera que entre miércoles y viernes otras administraciones municipales hagan lo propio para lograr las tres aprobaciones que se requieren para darle validez a la enmienda constitucional.

Con tres ayuntamientos en poder de panistas, los albiazules bajacalifornianos perdieron uno, el de Rosarito, donde no permitieron la reelección de la Alcaldesa que rápida y públicamente apoyó al morenismo. Los otros dos ayuntamientos son priistas, y pues las alianzas entre tricolores y morenistas ya son harto conocidas.

Otro recurso que deberán agotar es la declarada intención del actual Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, de no publicar la reforma si ésta es aprobada por tres de los cinco ayuntamientos. Al no hacerlo, la reforma no entra en vigor. Por supuesto que pasado un periodo reglamentario desde el mismo Congreso del Estado pueden iniciar un procedimiento para ser ellos quienes publiquen la reforma y finalmente darle los cinco años de Gobierno que quiere el representante de Morena y para los cuáles no fue electo.

Cuando estén en esa posición, la actual legislatura bajacaliforniana habrá fenecido, y estará en funciones la siguiente, en la cual Morena tiene 17 de 25 diputados. La mayoría absoluta, pues. Entonces, con más facilidad que ahora, podrá hacer con la constitución lo que quieran, incluso como se ha visto, violentar el voto popular.

La democracia, el respeto al voto popular, en Baja California (y de aquí a todo México), están en manos de la Suprema Corte, de los partidos políticos o instancias ciudadanas que decidan presentar recursos de inconstitucionalidad, en un país donde el poder absoluto ya no lo ejerce ni el PRI ni el PAN, sino Morena, el partido del Gobernador electo que sin haber tomado posesión ya quiere ampliar su periodo en Baja California, a costa de lo que sea y desde aquí asentando un riesgoso precedente para la anti-democracia en México en el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Adela Navarro Bello

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