Washington, D.C.—La PGR, rebautizada Fiscalía General de la República, históricamente ha sido una de las entidades percibidas como más corruptas. Muchos de sus titulares dejaron el puesto más ricos, poderosos y cuestionados que cuando llegaron. Algunos también fueron vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Aun así, ninguno fue investigado penalmente. Formaban parte de la élite de intocables. Eso es, hasta la semana pasada.

Alberto Elías Beltrán, último procurador del sexenio de Enrique Peña Nieto, es objeto de una indagatoria iniciada por una querella que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en conexión con movimientos bancarios desde 2016 a la fecha (Reforma 01/07/2019). Elías se defendió diciendo que se trata de una «venganza personal» de Santiago Nieto. Nieto fue destituido en 2017 como titular de la Fepade por Elías. El actual jefe de la UIF negó actuar por «intereses personales» (Twitter 03/07/2019).

Si Nieto logra sustentar las acusaciones contra Elías sería la primera vez que un ex procurador general enfrente la justicia. También sería señal alentadora de que, como advirtió Nieto, no habrá tolerancia a la corrupción y a la impunidad, «sea quien sea».

Elías puede decir que como servidor público honró sus cargos «con integridad y profesionalismo», como afirmó en carta a Reforma (02/07/2019), pero la realidad es que su gestión de trece meses–octubre de 2017 a noviembre de 2018—no fue ejemplo de integridad. Una fuente diplomática estadounidense me dijo que a lo largo del sexenio de Peña, la DEA y diversas agencias de inteligencia tenían información comprometedora sobre tres de los cuatro procuradores peñistas.

El declarante, cuya identidad los lectores podrán conocer cuando se publique mi libro en otoño, mencionó a Jesús Murillo Karam, Raúl Cervantes Andrade y al mismísimo Alberto Elías Beltrán. «A Cervantes se le conocía como ‘el del Ferrari'», recordó el entrevistado. En 2017, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Cervantes era dueño de un automóvil de lujo Ferrari por valor de 218 mil dólares. Cervantes renunció poco después.

Elías puede darse baños de pureza, pero lo que no puede hacer es negar la sórdida reputación de la dependencia que dirigió y de muchos de sus antecesores. A partir del sexenio de José López Portillo se volvió un secreto a voces que la PGR era guarida de corruptos. Oscar Flores Sánchez, procurador de López Portillo, fue señalado frecuentemente por complicidad con el narcotráfico. Nunca se le investigó

El caso de Enrique Álvarez del Castillo, el primer procurador de Carlos Salinas (tuvo un número récord de cinco), tal vez sea el más escandaloso. Llegó con una larga cola de presuntas complicidades con los carteles de Jalisco, el estado que gobernó sin contrapesos. Prepotente negó toda implicación. Llegó a decir que, a diferencia de Colombia, en México la política no estaba penetrada por el narcotráfico.

El Departamento de Justicia pidió a George Bush padre comunicara a Salinas que no iban a poder colaborar con el flamante procurador debido a sus lazos con el Cartel de Guadalajara y encubrimiento en el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena. Richard Thornburgh, procurador de la época, me dijo que Bush no quiso decirle nada sobre Álvarez del Castillo a Salinas «por temor a dañar las negociaciones del TLCAN» (El Financiero, 26/03/1995). Murió sin ser tocado.

Álvarez del Castillo fue reemplazado por Ignacio Morales Lechuga, implicado recientemente en el juicio de El Chapo Guzmán en Nueva York. Un ex narcotraficante colombiano aseguró haber sobornado a Morales Lechuga para obtener protección en sus operaciones de tráfico de drogas. El ex procurador de Salinas negó las imputaciones (Proceso 22/12/2018).

El cáncer de la corrupción en la PGR estaba tan extendido que el ex embajador Jim Jones me dijo que uno de los dos procuradores de Zedillo (no quiso decir si fue Antonio Lozano o Jorge Madrazo), le confesó que sólo había cinco personas en la dependencia que no se habían contaminado. Jones se tomó la libertad de aconsejar a Ernesto Zedillo algo que materialmente no tenía sentido práctico: dinamitar con explosivos a la PGR y empezar de cero. «Le dije [a Zedillo] que la corrupción estaba tan incrustada y era una forma de vida tan arraigada que tratar de cambiarla poco a poco era imposible» (EL EMBAJADOR, Planeta 2013).

México tiene graves problemas de delincuencia y violencia. Sin embargo, es la ausencia de instituciones de procuración de justicia libres de corrupción lo que impide tener un estado de derecho. Por segundo año consecutivo, México cayó en el Índice de Estado de Derecho 2019 elaborado por el World Justice Project. Corrupción, justicia penal, y orden y seguridad son las áreas en las que peor califica entre 126 países. También está entre los cinco peores en la región (Índice de Estado de Derecho 2019, World Justice Project).

Elías puede decir que como servidor público «observó e hizo observador» las leyes, pero no puede negar que fue titular de una institución putrefacta que corrompía todo lo que tocaba. Tampoco puede negar que no hizo nada. Al margen del desenlace de la querella en su contra, su negro legado ya está escrito.

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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