De acuerdo con información publicada por Reforma, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria contra el ex funcionario de Enrique Peña Nieto y su esposa, Marcela Kuchle López, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, presentara una querella por una serie de movimientos bancarios de 2016 a la fecha.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de que las autoridades lo investiguen por su presunta participación en el delito de lavado de dinero, como lo reportó este martes el periódico Reforma.
«No tengo conocimiento de la denuncia. No he sido citado por parte de la Fiscalía General de la República. Pero en ningún momento ni su servidor, ni mi esposa, realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario», dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.
De acuerdo con información publicada por el medio, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria contra el ex funcionario de Enrique Peña Nieto y su esposa, Marcela Kuchle López, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, presentara una querella por una serie de movimientos bancarios de 2016 a la fecha.
Fuentes gubernamentales confirmaron a Reforma que la denuncia también incluye dos razones sociales, por lo que fue turnada a la Unidad Especializada de Análisis Financiero, la cual permanece adscrita directamente a la oficina del Fiscal Alejandro Gertz Manero.
Ante dicha situación, Elías Beltrán afirmó que todos sus ingresos han sido obtenidos a lo largo de su trayectoria laboral al interior del Gobierno, que comprende más de 20 años de trabajo.
El medio nacional informó que ayer contactó al ex funcionario de la administración pasada, sin embargo, éste habría declinado hacer alguna declaración sobre el tema.
Además, recordó que Santiago Nieto fue removido como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el mismo Elías Beltrán el pasado 20 de octubre de 2017, hecho que ocurrió después de que diera a conocer que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), le había enviado una carta para exigirle un pronunciamiento público sobre su inocencia.
EL CAMINO DE ELÍAS BELTRÁN
Alberto Elías Beltrán es opaco al momento de declarar su patrimonio personal. Luego de la renuncia del ex Procurador Raúl Cervantes Andrade [2016-2017], en el marco de las discusiones en el pleno del Senado de la República para designar al primer Fiscal General de la República –organismo autónomo del Poder Judicial que sustituirá a la PGR en 2018–, Alberto Elías Beltrán, otrora titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, asumió responsabilidades “por suplencia y, por ende, el despacho de la gestión institucional”, según informó la PGR en un comunicado en 2017.
“Para ser Fiscal General de la República –según el Artículo 102 constitucional– es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con un mínimo de diez años de experiencia laboral, incluido el título profesional de licenciado en derecho; además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso”.
Alberto Elías Beltrán pareciera cumplir con al menos dos requisitos: el profesional y el educativo. Es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien en 1999, se tituló con la tesis “Ley federal contra la delincuencia organizada: un instrumento jurídico adecuado”, y obtuvo su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2011.
Las declaraciones patrimoniales del entonces Procurador refieren que se ha desempeñado como litigante desde 1998, cuando fungió como subdirector de litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín. A partir de 2007, asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR. Y ese mismo año, pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde de puesto en puesto, permaneció hasta noviembre de 2016.
En 2017, Elías Beltrán fue investido como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Esa posición fue la que lo llevó a convertirse en el máximo responsable de la procuración de justicia en nuestro país, pues de acuerdo con el Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, “durante las ausencias del Procurador”, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en prístino lugar, “de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales”.
Según las leyes orgánica y constitucional vigentes, Elías Beltrán habría cumplido los cinco años de requisito para ser Subprocurador y los 10 años necesarios para ser Procurador. Sin embargo, como explicó a este medio digital José Alfonso Aparicio Velázquez, abogado especialista en transparencia y corrupción, por lo general la experiencia profesional se considera a partir de la fecha en que fuera expedida la cédula profesional, y no a partir de la expedición del titulo profesional.
“[La cédula] realmente acredita tu experiencia profesional como perito en derecho […], más en un abogado, y más en una Procuraduría que es la encargada de la administración de justicia. Hay una Ley de profesiones y para los abogados, para el ejercicio profesional en la mayoría de materias –porque esto no es igual en cada materia–, pues dice que tenga la cédula profesional”, explicó Aparicio.
Antes del 2012, previo a que la Cámara de Diputados estableciera criterios más rigurosos -en materia laboral- para evitar el “coyotaje”, en la Ley Federal del Trabajo no se exigía que los abogados tuvieran cédula profesional. Hoy en día, al menos en materia penal, es obligatoria.
Lo anterior es de suma importancia ya que, a unos días de su investidura, como su primer acto, Elías Beltrán tomó la decisión de separar de su cargo a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Este argumento, entre otros, lo han usado los legisladores de oposición para argumentar que la remoción de Nieto Castillo no es legal.
-Con información de Efrén Flores
