OHL México, Ficrea, Homex, Urbi, Casas GEO y Axis Capital comparten tres circunstancias similares: todas fueron amonestadas y/o sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); también fueron señaladas por irregularidades o por operar con margen de riesgo para sus inversores o clientes y además o están en crisis financiera o dejaron en vilo el patrimonio ajeno.
Sin embargo, ni los focos rojos ni los castigos que advirtieron con más de dos años de anticipación las tragedias financieras, funcionaron para que la CNBV parara en seco a estas empresas y evitara el desfalco a ciudadanos.
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el sexenio de Enrique Peña Nieto pudo evitar los fraudes y/o riesgos implicados en las operaciones de OHL México (ahora Aleatica), Ficrea, Homex, Urbi, Casas GEO y Axis Capital (Oro Negro), pero no lo hizo, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos (CEE) del Colegio de México (Colmex) y declaraciones del abogado Paulo Díez Gargari.
En promedio, 2.3 años antes de ser investigadas, cesadas o declaradas en quiebra financiera, estas empresas fueron amonestadas y/o sancionadas por la CNBV, que depende la Secretaría de Hacienda, pero las deficiencias operativas, omisiones y posible colusión de sus altos mandos evitaron que cumpliera con su principal labor: la protección de los intereses públicos a través de la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano.
OHL México (ahora Aleatica) sobornó a funcionarios públicos –es el caso de Emilio Lozoya Austin, ahora en investigación– y se enriqueció con actos ilícitos, según las declaraciones del abogado Paulo Díez, quien mantiene un litigio en contra de la empresa. Ficrea, en tanto, defraudó y puso en vilo el patrimonio de seis mil ahorradores. Homex, a su vez, es investigada por un fraude civil de más de mil millones de dólares. Casas GEO y Urbi Desarrollos Urbanos enfrentan hoy demandas colectivas por fraude y venta de inmuebles de baja calidad con sobreprecio. Y Axis Capital (Oro Negro) estaba en riesgo económico y aún así fue financiada y arriesgó los ahorros de cientos de trabajadores mexicanos.
Con la finalidad de prevenir esto y cumplir con las disposiciones del Artículo 2 de la Ley de la CNBV, que establece el objeto de la Comisión de «supervisar y regular” a las “entidades integrantes del sistema financiero mexicano”, existen mecanismos ligados al Programa Presupuestario G005, para que la CNBV pueda ejercer un esquema de «Supervisión Basada en Riesgos”. Hasta octubre de 2018, el padrón de entidades financieras supervisadas –de “Manera Integral” y en «Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”– contó con 4 mil 975 integrantes.
La estrategia se centra en checar que las instituciones y los intermediarios financieros cumplan con la normatividad vigente, que informen su situación económica y la manera en que ejecutan sus procesos internos. De esta forma, la CNBV –junto con Banxico, CNSF, Condusef y Consar– establece indicadores de validación para determinar qué acciones o entidades implican un riesgo de daño al sistema financiero.
Entre 2014 y 2018, OHL México (ahora Aleatica), Ficrea, Homex, Urbi, Casas GEO y Axis Capital (Oro Negro) fueron sujetos de nueve amonestaciones (sin multa) y 35 sanciones por un monto conjunto de 64 millones 149 mil 890.36 pesos. La información disponible de la CNVB indica que, de esa cantidad, sólo el 37 por ciento (23 millones 794 mil 085.76 pesos) fue liquidado.
La Comisión castigó a estas seis empresas ya que incurrieron en alguno de estos supuestos: falta de control, datos y documentos “relevantes” sobre las finanzas de la empresa; entrega de información financiera “fuera de tiempo”, “inadecuada”, “sin apego a los principios de contabilidad de la CNBV», “insuficiente”, “falsa” o “errónea”; comisión de operaciones «sin aprobación del consejo de administración” de la institución; falta de cumplimiento de los criterios de auditoría interna y/o externa; omisión de asambleas ordinarias con accionistas; y mantener niveles de liquidez financiera por debajo del mínimo legal.
De acuerdo con el CEE del Colmex, aunque los procesos de regulación y supervisión de la CNBV están “altamente” estandarizados y son adecuados y eficientes, tienen deficiencias de automatización, además de que el “principal problema” operativo de la Comisión «se refleja en la relativa escasez de personal que impide realizar una supervisión más completa”, considerando que entre 2012 y 2018 el número de entidades supervisadas fue 2.3 veces mayor (pasó de casi 1 mil 500 a cerca de 5 mil).
Asimismo, en su informe de evaluación al Programa Presupuestario G005 de 2018, el Colegio de México refiere que en el caso de las solicitudes de información de la CNVB a las entidades, “no hay un mecanismo de seguimiento particular”, situación que genera “mayores restricciones” para ejecutar procesos y evaluar riesgos perjudiciales para el sistema financiero.
Según el Artículo 5 Bis de la Ley de la CNBV, las fallas en los procesos de verificación, supervisión y sanciones no sólo son responsabilidad de la Comisión, sino también del Banxico, CNSF, Condusef y Consar, que deben de coordinarse entre sí para prevenir y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano. Además, el Artículo 8 establece que “a efecto de llevar a cabo visitas de inspección […] así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa o gerencial”, la CNBV «podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública”.
EL CASO DE OHL
En tiempos del ex director de la CNBV Jaime González Aguadé (2012-2017), quien dejó su puesto para trabajar en la campaña presidencial del candidato priista Jose Antonio Meade Kuribreña, OHL México (ahora Aleatica) fue amonestada sin multas, en dos ocasiones en 2016, ya que dos de sus directores generales —Juan Luis Osuna Gómez y Sergio Hidalgo Monroy Portillo— presentaron estados financieros consolidados, relativos a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, “de manera inadecuada conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos” por la CNVB.
Además, la constructora de origen español fue sancionada 12 veces en 2016 y una en 2018, por un monto conjunto de 31 millones 308 mil 601.32 pesos, por la inadecuada elaboración de informes financieros; realizar operaciones sin la aprobación del consejo de administración; difundir “información errónea” o “falsa” en sus reportes anuales; no cumplir con los criterios legales de auditoría financiera; y por omitir información “relevante” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La información relativa a las “sanciones consolidadas” de la CNBV indica que más allá de las penalizaciones, no hubo resoluciones o consecuencias mayores de ley, a pesar de tratarse de omisiones recurrentes y del mismo tipo. Asimismo, la información disponible arroja que OHL no pagó el 59.6 por ciento de las multas, por un monto total de 18 millones 659 mil 480.60 pesos.
Según el Artículo 7 de la Ley de la CNBV, la Comisión «podrá ordenar la suspensión temporal de todas o algunas de las operaciones de las entidades financieras cuando infrinjan de manera grave o reiterada la legislación que les resulta aplicable”, salvo en los casos de suspensión que sean a potestad del Banco de México.
Para el abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene denuncias en contra de OHL y de la CNBV, hay dos principales problemas en torno al actuar de la Comisión. Por un lado están los resultados por cuestiones de interés político y de presunta colusión con la empresa; y por otra parte están las omisiones que le permitieron seguir operando con la venia del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un primer momento, dijo Díez Gargari a SinEmbargo, la “correcta” conducta de la Comisión (hasta 2016) se vino abajo por presiones del Presidente de la República. Mientras que la CNVB sancionaba a OHL y Deloitte para obligarlos a corregir sus estados financieros, Peña Nieto presionó a la Comisión «para que le permitiera a OHL modificar los errores en sus estados financieros a través de una nota, en lugar de cambiar el reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores”.
Esto lo hicieron con una intención muy clara, explicó el abogado. Los directivos de OHL ”le fueron a pedir tiempo a Peña para deslizar a la empresa de la Bolsa, para poder vender las acciones públicas a IFM y así no dar información al público inversionista”. De ahí en adelante, añadió Díez Gargari, «la CNBV cometió puros errores ya que en 2017, permitieron la oferta pública de compra a IFM con valores más bajos a los del valor contable” (27 pesos en lugar de 41 pesos por acción).
En ese sentido, el problema de la CNBV fue “nunca haber insistido en que se modificaran los estados financieros [de OHL] como se lo había pedido”, lo que permitió que la empresa cambiara de nombre (a Aleatica) para después (2018) autorizarle, “con base en estados financieros maquillados”, una inyección de capital a través de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), Pensionissste y Fonadin, para invertir en el Circuito Exterior Mexiquense.
“La Comisión lo sabe y se hace tonta y permite que los recursos del ahorro de los trabajadores se inviertan ahí, con el objeto de blindar el proyecto”, dijo Paulo Díez Gargari.
ORO NEGRO
En 2017, la empresa Oro Negro concluyó sus negocios con Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de una disputa con la compañía productiva del Estado y en riesgo de una crisis financiera que desembocó en la declaración de quiebra de Oro Negro en junio de 2019.
En este contexto, en septiembre de 2017, Oro Negro solicitó una declaración de concurso mercantil para financiarse con 500 millones de dólares provenientes de Afores, sin que las autoridades lo impidieran. Hoy, el dinero de los trabajadores mexicanos está en riesgo de minusvalía, pese y a que las autoridades federales y las instituciones bancarias lo niegan.
De acuerdo con la información histórica de sanciones de la CNBV, en cuatro ocasiones durante el periodo 2012-2014, Axis Capital (Oro Negro) no presentó en tiempo y forma sus reportes de “operaciones relevantes” ante la Secretaría de Hacienda. También omitió presentar, en dos ocasiones, los documentos relativos a sus clientes y a los procedimientos internos de la sociedad, así como la información de las personas que ejercían control sobre ella.
Lo anterior implicó cinco “amonestaciones” sin resolución y sin multas por parte de la CNBV, pese y a que Axis fue “susceptible a impugnación” por haber violado la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
CORPORACIÓN GEO
A partir de marzo del 2015, cientos de personas demandaron a la Corporación GEO por venderles casas de interés social construidas con materiales de baja calidad y sobreprecios. Desde entonces existió una declaratoria de quiebra por la vía judicial, derivado de la inconformidad de los acreedores que se oponían al pago de su deuda y que exigían una reestructuración de la misma.
En mayo de ese mismo año, un juez federal aprobó dicha reestructuración, en un proceso de desgaste financiero para la compañía que, cuatro años después, en marzo de 2019, concluyó con la declaración de la “etapa de quiebra” de la Corporación GEO, que se encuentra en un proceso de demanda de concurso mercantil por parte de uno de sus principales acreedores, Grupo Banorte.
La Corporación GEO también fue sancionada por la CNBV. En 2015 liquidó cuatro multas por un monto conjunto de 8 millones 722 mil 400 pesos, debido a que entre 2013 y 2014 omitió entregar y documentar en tiempo y forma diversos reportes financieros ante la Comisión y la BMV, además de no celebrar en 2014 una asamblea ordinaria con accionistas dentro de los cuatro meses posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal correspondiente, violando así varias disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
HOMEX Y URBI
A finales de 2017, la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos levantó cargos por fraude civil en contra de ex ejecutivos de Homex, por un monto superior a 1 mil millones de dólares relacionados con la venta de más de 100 mil casas de interés social. Asimismo, ese año la CNBV amonestó y sancionó a la empresa.
Los castigos de 2017 se suman a ocho que recibió en 2015, por un monto total conjunto de 12 millones 256 mil 720 pesos, a los que además se añade una multa en 2019 por 806 mil pesos, debido a que la empresa entregó fuera de tiempo, el desglose de accionistas correspondiente a 2018. Homex también fue castigada por no tener “control de eventos relevantes” para las finanzas de la empresa y por no publicarlos “con la debida inmediatez”.
Además, la CNBV la sancionó por no elaborar “su dictamen de auditoría externa”; omitir la celebración de una asamblea general con accionistas dentro del plazo legal; no entregar información a la Comisión y a la BMV; generar estados financieros sin apego a los principios de contabilidad de la CNBV; e incumplir solicitudes documentales de la Comisión. La información disponible indica que, del monto total de sanciones (13 millones 062 mil 720) correspondientes al periodo 2015-2018, Homex ha liquidado el 80.7 por ciento, equivalente a 10 millones 540 mil 280 pesos.
Al igual que GEO y Homex, Urbi Desarrollos Urbanos ha sido denunciada y demandada desde octubre de 2015 por simular la entrega de miles de casas con acceso a servicios básicos, sin que esto se cumpliera a cabalidad. Entre los acreedores más afectados por “créditos hipotecarios sobrevalorados”, estuvieron los quejosos de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, de acuerdo con datos de entonces de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Las cifras de la CNBV indican que Urbi tuvo que pagar 11 millones 189 mil 064 pesos en 2016, por irregularidades cometidas en 2012-2014, entre las que cuentan la omisión de una asamblea general de accionistas “en dos ejercicios sociales”; y la falta de información relevante y de reportes financieros conforme a la normatividad aplicable.
CASO FICREA
El 19 de diciembre de 2014, la CNVB aprobó la revocación de la autorización de Ficrea para operar como Sociedad Financiera Popular, luego de que el 7 de noviembre de ese año la Comisión detectara “operaciones fraudulentas”, en particular, el desvío aproximado de 2 mil 700 millones de pesos del principal accionista de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua.
Sin embargo para octubre de 2014, la sociedad financiera ya había recibido ocho sanciones por un total de 673 mil 105.04 pesos correspondientes al periodo 2009-2011, de las que pagó seis por un monto de 604 mil 685.04 pesos (el 89.8 por ciento).
Los castigos resultaron de la falta de reportes de operaciones relevantes y por “mantener un nivel de liquidez inferior al 10 por ciento establecido en las disposiciones” de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
