CUARTA ENTREGA

En 2010, el 30 de enero, se registró la tragedia de Salvárcar: 10 jóvenes y cinco adultos fueron asesinados, y hubo más de 10 heridos. Tras ella, el Presidente Calderón asumió el fracaso de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y se centró en la pacificación del país; se diseñó el programa interinstitucional «Todos Somos Juárez» y decenas de ciudadanos interesados en recuperar la paz para la sociedad nos involucramos en su desarrollo.

En 2011, la PGR recomendó la creación de políticas preventivas y dos trabajadoras sociales, Dora Hernández, Viridiana Hernández, y yo nos hicimos cargo de diseñar una propuesta que incluía la educación secundaria y una acción de acompañamiento en la formación de los jóvenes; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia presentó un proyecto similar y tuvimos un esquema de trabajo listo para arrancar en septiembre, además de un presupuesto de 100 millones de pesos para empezar a rescatar a los jóvenes en riesgo de caer en el pandillerismo.

Los recursos llegaron a través del Presidente Municipal, Héctor Murguía Lardizábal, y éste los reorientó con fines políticos, entregando becas a las madres de jóvenes menores de 18 con el argumento de que ellas sabrían cómo sacar a sus hijos de las pandillas. Así fue que nos quedamos con nuestra propuesta en la mano, aunque aprovechamos la buena voluntad del director de un Centro Comunitario en Anapra para instrumentar un modelo piloto.

Una decena de empresarios y académicos nos respaldaron económicamente y empezamos a trabajar en octubre de 2011; armamos el equipo de trabajo con un excelente psicólogo, un profesor de educación abierta y con Dora como promotora y alma de la intervención, que denominamos Miembros Activos por los Derechos Humanos. Y empezamos a reclutar jóvenes.

En una reunión previa Lucinda Jiménez, directora entonces de Conarte, nos compartió una experiencia, “vi un grupo de jóvenes que estaban matando el tiempo junto a una tienda y me acerqué a ellos, charlamos un poco y cuando los invité a incorporarse al programa de arte que estábamos organizando de inmediato aceptaron y se presentaron puntualmente a la primera cita”. “Créanme”, nos repetía, “los jóvenes están ahí esperando que vayamos a rescatarlos y no vamos, nos quedamos planeando ir”.

Con esa experiencia, y con el apoyo del general asignado entonces a Ciudad Juárez para entrar a zonas de alto riesgo, pudimos invitar a cerca de 40 jóvenes a incorporarse al primer curso de nuestra propuesta que combinaba educación y derechos humanos con el objetivo de salir del contexto de pobreza y violencia en el que habían vivido.

Todos en el proyecto coincidimos en que debíamos ofrecer una oportunidad de movilidad social, pues el único destino que les esperaba a estos jóvenes era como operadores de maquiladora, ayudantes de albañil, mecánico o plomero, o la alternativa más atractiva económicamente: incorporarse a la cadena de venta, distribución o exportación de drogas o migrantes. En México la mejor opción de movilidad social es la educación profesional o, al menos, técnica, así que debíamos ofrecer un camino hacia su propia liberación del barrio, empezando por recuperar la secundaria.

Fue un gran apoyo contar con un sicólogo de tiempo completo en el equipo de trabajo y, con la gran energía y liderazgo natural de Dora al mando operativo del proyecto, pronto definimos los contenidos de los módulos a desarrollar: para terminar su Secundaria serían dos horas diarias con un mínimo de 14 módulos del sistema de educación abierta, y para su maduración psicoemocional se adoptó una propuesta que construía junto con los jóvenes cuatro niveles de su personalidad.

La propuesta psicoemocional consistía en que, desde su individualidad, primero debían descubrirse a sí mismos, reconocer su personalidad como única y diferente a la de los demás, y valorarse como individuos con posibilidades de desarrollo y crecimiento independiente de su contexto, pero siempre reconociendo sus desventajas a superar. Esta tarea fue difícil y complicada para el sicólogo, pues algunos jóvenes venían de un encierro depresivo de meses o cargaban con el miedo constante a morir asesinados en aquel campo de batalla que era Anapra; algunos ya sólo se identificaban a sí mismos con su sobrenombre, casi olvidando su nombre y apellido.

Después vino enfrentarse al entorno familiar; en México es un lugar común que digamos que la culpa de la falta de valores es la familia y con eso cancelamos la corresponsabilidad social en la construcción de estas familias donde los padres, cuando los hay, salen a trabajar a las 5 de la mañana para regresar tan agotados que ni pueden dialogar con sus hijos. Un dato curioso que recogimos en las entrevistas con los internos del Cereso es que muchos reportaban que sus padres reñían entre las 8 y 9 de la noche, por lo que ellos preferían salirse a la calle.

Tras mucho abordar la vida familiar en terapias grupales e individuales, se lograba que el joven comprendiera que su familia y sus conflictos no van a cambiar, pero que él sí puede hacerlo sin odiar ni faltarle el respeto a sus hermanos y padres; puede comprenderlos y amarlos, pero desprenderse de ellos en la construcción de su futuro y atraer además a sus hermanos menores.

Cuando todo lo anterior tiene éxito, el joven se siente parte de su comunidad y está dispuesto a hacer un esfuerzo por el mejoramiento de ésta y ubicarse como parte de la ciudad y de sus instituciones. Eso es lo que significa la madurez psicoemocional de un joven menor a los 17 años.

En el área de derechos humanos, además del conocimiento de la parte sustantiva y los procedimientos de queja y amparo, el objetivo fundamental era que los jóvenes reconocieran a los derechos humanos como universales, y que los más importantes son los de su prójimo, de su vecino, el interés superior del niño y los derechos de equidad e igualdad de género (tomando como prioridad el respeto a las chicas).

Cuando empezamos, en octubre de 2011, ya teníamos muy claro lo que buscábamos y teníamos definida la rutina a seguir, pero el gran problema era convertirlo en realidad para nuestro pequeño grupo piloto, integrado por 29 alumnos.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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