Ana Cristina Ruelas
28/05/2019 - 12:03 am
La lista
La lista de periodistas que recibieron publicidad y que fue difundida por el diario Reforma tras una respuesta a una solicitud de información, no puede ser leída desde la simplicidad que busca encontrar “culpables de la corrupción” pues la pregunta obligada en principio sería por conocer cuál fue la contraprestación que también pudo ser legítima.
La relación entre la prensa y el poder en nuestro país se ha viciado a lo largo de la historia por diversos factores. Uno de ellos, es el presupuesto público que el gobierno transfiere de manera discrecional y opaca a los medios de comunicación a través de figuras como la publicidad oficial que, en teoría, debería de ser un mecanismo de información proactiva del gobierno hacia la sociedad.
Esto no quiere decir que la publicidad oficial, en estricto sentido, sea algo que no debiera existir, pues en gran medida es a través de esta herramienta que la ciudadanía reconoce su relación con el gobierno. Por ejemplo, a propósito de la reciente contingencia ambiental extraordinaria que se suscitó en la Ciudad de México, la publicidad puede funcionar como un mecanismo de comunicación en la cuál el gobierno informa -a través de los medios- qué medidas tomar, cuáles son las acciones que se están generando para contrarrestarlas y cómo podemos cambiar nuestras conductas para proteger al medio ambiente ¿es esto ilegal? Esta clase de información es necesaria y tanto el gobierno como los medios son responsables de difundirla y, por supuesto, la difusión implica una contraprestación.
No obstante, de manera general, en todos los estados, municipios y desde los tres poderes, ese dinero público que tendría que servir para informarnos también se ha utilizado para cooptar las líneas informativas de los medios, ensalzar figuras públicas y sesgar la información que llega a la sociedad ¿recordemos la frase “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” (1)?
Entonces, la lista de periodistas que recibieron publicidad y que fue difundida por el diario Reforma tras una respuesta a una solicitud de información, no puede ser leída desde la simplicidad que busca encontrar “culpables de la corrupción” pues la pregunta obligada en principio sería por conocer cuál fue la contraprestación que también pudo ser legítima (2). Por esto, la lista trae más preguntas y reflexiones detrás:
1. El gasto es indiscriminado: De acuerdo a las cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública en el portal COMSOC (3), el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial durante su sexenio. Solamente en un año, en 2017, el gobierno federal gastó 11,577 millones de pesos.
2. El gasto es arbitrario, se ejerce de manera discrecional. De estos 60 mil millones de pesos, más de 26,800 millones fueron destinados a 10 medios de comunicación y una cuarta parte se asignó a Televisa y TV Azteca. No obstante, aún cuando ambos medios parecen tener el mismo alcance, durante el sexenio, Televisa recibió cerca de 10 mil millones y TV Azteca casi 6 mil.
3. El gasto es opaco. En diez años hemos avanzado en la transparencia del presupuesto asignado y ejercido (4). Sin embargo, la opacidad se mantiene en la medida en la que no tenemos referencia respecto al producto o concepto por el que se pagó (5). Es decir, no podemos saber si este dinero sirvió para informarnos o no. Además, desde la entrada del nuevo gobierno en diciembre de 2019, el portal de transparencia no ha sido actualizado (6).
Entonces, la lista publicada la semana pasada más allá de ser un elemento de conclusión, abre la discusión respecto a la abrogación de la actual Ley General de Comunicación Social y la aprobación de una ley que fije criterios claros, objetivos y transparentes de la asignación de la pauta y que prohíba el uso de recursos públicos para hacer propaganda.
Los cambios no se cuentan hasta que suceden y si bien la retórica del Presidente es por acabar con la asignación discrecional de la pauta, esto no es suficiente. Se requieren reglas claras, pues hasta la fecha, cualquier gobierno, de los tres niveles y desde cualquier institución, puede utilizar el dinero público para la censura y la desinformación.
1. Slogan de una campaña de Peña Nieto, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pXLQlvZSNR4
2. En el caso del portal electrónico Animal Político, su director advirtió que estos montos fueron pagados tras un contrato que se puede consultar en Compranet y cuyo objeto fue la difusión de Banners (ver: https://twitter.com/dmorenochavez/status/1131773711286247427)
3. SFP, Gastos de Comunicación Social, disponible en: https://www.gob.mx/sfp/es/documentos/gastos-de-comunicacion-social
4. Desde el 2012 tras un compromiso de Gobierno Abierto, la Secretaría de la Función Pública, poner a disposición la información cuatrimestral del ejercicio del gasto en comunicación social de la administración pública federal.
5. Ver informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
6. La última actualización del portal Comsoc es de noviembre de 2018.
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