El voluntarismo de Andrés Manuel López Obrador le ha permitido llegar hasta donde está: convertirse en un dirigente político con una amplia base popular, recorrer y conocer el país como ningún otro dirigente de la clase política profesional, desfundar un partido (el PRD) y fundar otro en apenas dos años (Morena), ser candidato presidencial en tres ocasiones, y ganar la presidencia con la mayor cantidad de votos y legitimidad política que ningún otro Presidente de México.

Pero ahora ese voluntarismo, que en otras etapas de su proyecto político le ha sido sumamente útil, está encontrando sus límites. El límite de López Obrador es que no basta su voluntad para transformar la realidad del país. Él cree que sí. Qué sí terminará con la corrupción, que modificará el reparto de la riqueza nacional, que sus programas sociales sentarán el fin de la guerra, que México volverá a ser potencia petrolera, que los megaproyectos diseñados llevarán empleos y progreso a las regiones más pobres del país y que habrá crecimiento para paliar la pobreza y aumentar ingresos de los mexicanos. En fin, que terminará con el régimen neoliberal y que sentará las bases de un país más próspero e igualitario.

Pero la gran paradoja del lopezobradorismo es que al Presidente con más votos, legitimidad y poder político de México y uno de los más poderosos de América Latina, no le alcanza esa fuerza política para poner fin a un régimen de acumulación de capital como es el neoliberalismo. López Obrador puede decretar cuantas veces quiera en sus mañaneras, que el neoliberalismo ha muerto en México. No es cierto, no puede. No tiene el poder.

Por todos los costados se cuelan los intereses del régimen que supuestamente quiere liquidar. Como botón de muestra basta ver el sector minero, una de las industrias extractivas que más conflictos políticos han provocado en miles de comunidades rurales o indígenas del país, una de las más dañinas ambientalmente y una de las más saqueadoras, pues en 30 años de operación bajo una legislación neoliberal, apenas han pagado menos de 1 por ciento en impuestos.

Tenemos a una industria que es ejemplo paradigmático de las políticas neoliberales y extractivas, que sigue operando no sólo bajo las mismas reglas, sino aún mejor, con representantes de las corporaciones mineras en las áreas claves del gobierno de la Cuarta Transformación, como reveló el investigador del Colegio de San Luis Potosí, Juan Carlos Ruiz Guadalajara.

En la Subsecretaría de Minería se designó a Francisco Quiroga, ex funcionario de la Secretaría de Economía en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y posteriormente empleado de las mineras y comercializadoras de hierro Grupo Villacero, Coutinho&Ferrostaal y ArcelorMittal. En tanto, en la Dirección General de Minas se designó a Laura Díaz Nieves, experta en derecho minero y socia fundadora de Díaz, Bouchot y Raya Abogados (DBR) quien ha trabajado en la defensa de corporativos mineros canadienses. Desde 2013 formó parte del consejo directivo de la minera canadiense Goldplay Exploration. Otro representante de los intereses mineros en el gobierno de la 4T es el senador por Coahuila Armando Guadiana Tijerina, ex priista, amigos de los Moreira y operador políticos de los capitales mineros (Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada, 7 enero 2019).

Este es apenas un ejemplo, pero ¿cuántos más se pueden encontrar tras una minuciosa revisión de los integrantes del gabinete?

Otro ejemplo de las contradicciones que muestra el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, es la continuidad o nuevos megaproyectos que son clave para un régimen de acumulación neoliberal. Por ejemplo el Proyecto Integral Morelos (PIM), cuya oposición costó la vida de Samir Flores Soberanes, acribillado a la puerta de su casa el pasado 20 de febrero.

En esta continuidad de políticas y proyectos neoliberales deben sumarse el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor Transítsmico, las zonas económicas especiales que cambian de nombre pero siguen con semejante propósito, y el plan de siembra de árboles frutales y maderables que apuntan al destructivo monocultivo. En esta misma continuidad, hay que agregar el plan para el desarrollo del “Triángulo Norte”, diseñado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para México y Centroamérica, y presentado el 24 de mayo por el canciller Marcelo Ebrard a funcionarios de Donald Trump, en Washington.

Varios de estos megaproyectos son continuidad de viejos diseños como el Plan Puebla Panamá de Fox y los que con otros nombres impulsaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos proyectos diseñados para el sureste forman parte, ha sostenido reiteradamente Carlos Fazio, del diseño de control geopolítico de Estados Unidos. Y ahora López Obrador los asume como proyectos prioritarios de su Cuarta Transformación.

Si realmente quisiera poner fin al neoliberalismo, debería cancelar no sólo el NAICM de Texcoco, sino todos los megaproyectos semejantes, poner fin a privatizaciones de servicios públicos como salud, educación, pensiones, y energéticos. Una verdadera apuesta por la transformación debería considerar poner fin a las políticas de entrega de bienes o derechos nacionales a corporaciones privadas, es decir, cancelar concesiones mineras, de aguas, presas e hidroeléctricas, playas, bosques, espectro radioeléctrico, petroleras, eólicas, gaseras, etcétera.

Pero si intentara algo semejante, se puede anticipar que habría una reacción de los sujetos capitalistas dominantes tanto en México como en el mundo, más dura y agresiva que la que vive el gobierno legítimamente constituido en Venezuela.

Hasta ahora López Obrador no se ha planteado algo semejante pues lo que ha hecho hasta ahora es administrar el neoliberalismo proponiendo una versión 4T de este régimen de acumulación de capital. Si realmente intentara poner fin a ese régimen neoliberal, sería derrotado por las fuerzas (políticas, económicas y criminales) que controlan los flujos de capital, militares y de soberanía nacional.

Y esto nos pone frente a una pesada evidencia: los límites que tienen los gobernantes y los Estados, supuestamente soberanos y nacionales, en el contexto del capitalismo contemporáneo.

Los límites de López Obrador son los mismos que el capital y los poderes predominantes de la economía-mundo capitalista, imponen a los Estados vasallos (como el mexicano) y las clases políticas nacionales, convertidas en meros administradores de ciertas decisiones y de ciertas políticas públicas. Ya no hay soberanía plena (si alguna vez la hubo), como pretende convencerse López Obrador.

Lo que existen son Estados más o menos fuertes que son respetados mientras mantengan las políticas económicas y públicas dominantes en la economía-mundo capitalista controlado por las potencias hegemónicas.

El gobierno de México actual, sí el de la Cuarta Transformación, se mantiene subordinado a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de la clase dominante nacional que no ha perdido ninguno de los privilegios que le entregó el régimen neoliberal en los pasados 30 años. Esos son los límites de López Obrador y de su supuesta Cuarta Transformación.

Son límites infranqueables, porque los cambios históricos y radicales, no son producto del voluntarismo de un hombre sino de la insubordinación masiva de las sociedades de abajo. Si se produce un cambio radical en México, de ahí debe provenir la potencia del cambio. No del voluntarismo de un Presidente.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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