El Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de ejercer gastos inútiles, encubrió delitos de los miembros y favoritos del poder político y económico. Cada uno de los ex procuradores del peñanietismo –Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán–arroparon a protegidos. Sin embargo, quedan rastros y sobre esos se propone ir el nuevo Fiscal General de la República.
Ciudad de México, 14 mayo (SinEmbargo).– La entonces Procuraduría General de la República (PGR), que estuvo sin titular durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, fungió como refugio de diversos personajes políticos cercanos al círculo peñista y practicó los «carpetazos» a casos de alto impacto, como el del ex agente Tomás de Zerón Lucio;el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; los ex Gobernadores Humberto Moreira Valdés, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, y el ex Secretario adjunto priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entre otros.
Desde la Constitución de 1917, la seguridad y la justicia se han hallado «al servicio» del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos más elementales de los mexicanos, determinó apenas hace unos días el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien recibió una Fiscalía General de la República (FGR) donde «se favorecieron y encubrieron» los delitos de los miembros y favoritos del poder, y hubo gastos innecesarios.
En un país de fosas con más de 40 mil desaparecidos, niveles de violencia históricos y liderazgo en corrupción e impunidad a nivel internacional, el Ministerio Público federal acumuló más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, sumadas a las 30 mil recibidas en esta administración, y más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, por lo que no se alcanza más del 5 por ciento de sentencias del total de casos, reportó Gertz en sus primeros 100 días de gestión.
«La procuración de justicia no sólo fue lenta, sino también inoperante en el sexenio anterior; una procuración de justicia selectiva; es decir, algunos casos eran más importantes que otros y algunos por los intereses detrás de ellos no se procesaban», coincidió Maximiliano García Guzmán, politólogo y abogado de la UNAM especialista en Gobierno y Asuntos Públicos. «Si esa práctica va a continuar con algunos funcionarios que permanezcan en la Fiscalía [como Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales], es un tema que habrá que estar vigilando».
El viernes pasado, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció ante la Fiscalía General al ex encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, por atraer el caso «Operación Justicia Chihuahua» a nivel federal y con ello presuntamente obstaculizar el proceso penal contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado por el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal para financiar campañas en nueve estados durante las elecciones de 2016, en el Gobierno de César Duarte Jáquez, cuyo proceso de extradición sigue pendiente. Gutiérrez fue recientemente declarado culpable por el otro desvío de 1.7 millones de pesos a través de dos de sus empresas.
Pero cada ex Procurador acumuló a sus «protegidos», afirmó el académico García Guzmán.
«Fue clara la intención y el perfil que tuvieron los Procuradores en la época de Peña Nieto. Gran parte de su labor fue proteger al círculo cercano del Presidente; eran a modo», aseguró.
«Espero equivocarme, pero la Fiscalía actual no se está alejando de una influencia política porque si bien se han anunciado compromisos importantes, como la investigación de los 43 normalistas y el caso de Lydia Cacho, no estamos viendo a figuras centrales del régimen anterior siendo investigadas, como del caso Odebrecht. Y si esto llega a ocurrir, será en momento clave donde la investigación tenga mayor impacto político y electoral», agregó.
MURILLO KARAM: AYOTZINAPA Y TLATLAYA
Tanto en la desaparición de estudiantes, aún buscados por sus padres, como en la masacre de jóvenes, el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2012-2015) tuvo sus propias versiones que contrastaron con los informes de órganos autónomos.
Sobre la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa en septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz anunció que, «en este caso de corrupción y encubrimiento», se trabaja en conjunto con la Comisión de la Verdad (creada hasta este gobierno), los padres y la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) para, después de casi cinco años, reponer el procedimiento.
El ex Murillo Karam fue destituido del cargo en medio de protestas a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa anunció «la verdad histórica», en la cual la PGR concluyó que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero del municipio de Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan, luego de ser entregados por policías municipales de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos.
Pero meses después una investigación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) puso en entredicho el supuesto incendio y reveló torturas a los detenidos, así como la intromisión en las pruebas de Tomás de Zerón Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien hasta ahora es investigado por la Comisión de la Verdad.
Días antes del escándalo de Ayotzinapa, la revista Esquire publicó el testimonio de una mujer testigo de una masacre en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. «Los paraban así en hilera y los mataban», evocó.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo había informado que en un enfrentamiento abatió a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón. Pero omitió que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad. Quedaron marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano.
La PGR de Murillo Karam determinó que elementos del Ejército ejecutaron a ocho de los 22 fallecidos, y tres militares entraron a la bodega para ultimar a los heridos y alterar la escena del crimen, pero la CNDH aseguró que fueron 15 los ejecutados por los militares y entraron ocho soldados.
ARELY GÓMEZ: «EL CHAPO», MOREIRA Y NOCHIXTLÁN
Cuando Arely Gómez González (2015-2016) era Procuradora se escapó Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, el ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdés, detenido en España por presunto lavado de dinero, fue liberado por las autoridades españolas, y se registró el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca.
El 11 de julio de 2015 «El Chapo» se fugó del penal del Altiplano, Estado de México, a través de un túnel. El ex director de la cárcel, Valentín Cárdenas Lerma, fue detenido, pero liberado en noviembre de ese año. Seis meses después el líder del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Los Mochis y hasta febrero de 2019, luego de su extradición a Estados Unidos, fue declarado culpable de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense, por tráfico de drogas.
Jeffrey Lichtman, el abogado del capo, aseguró al jurado en Estados Unidos que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, lo cual negaron ambos señalados.
El 15 enero de 2016, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira por blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. Días después, el 22 de enero, el ex líder nacional del PRI fue liberado por las autoridades de España. Dos años después las autoridades españolas reabrieron el caso.
Después, el 19 de junio de 2016, se registró un enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esto ocurrió luego de que se intentó dispersar un bloqueo que profesores realizaron para protestar contra la Reforma Educativa. El saldo que dejaron los hechos fue de ocho muertos y un centenar de heridos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comentó que no se ha podido garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición porque las autoridades no han podido aclarar lo ocurrido y han optado por culpar a los pobladores y manifestantes sin asumir la responsabilidad en el evento.
RAÚL CERVANTES: ODEBRECHT Y DESVÍOS
Raúl Cervantes Andrade (2016-2017), quien matriculó un Ferrari en Morelos donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, fue el último Procurador del peñanietismo. Decidió renunciar en octubre de 2017, en medio del escándalo de Odebrecht, y desde entonces el órgano autónomo se quedó sin titular salvo el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, en cuyo periodo se liberó a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Respecto a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a autoridades mexicanas para presunto uso electoral, el Fiscal Alejandro Gertz informó que la entonces PGR inició la investigación en enero de 2017 sin resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía «ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento» con base en la información recopilada recientemente.
En un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso donde ha sido señalado el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ex coordinador de campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
Asimismo, Gertz consideró «un posible delito de Estado» el presunto desvío de recursos públicos a través de universidades públicas detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La PGR inició a investigarlo en octubre de 2015 acumulando 21 procedimientos independientes relacionados con funcionarios de la Sedesol y de la Sedatu, así como dirigentes de universidades públicas, de las cuales han surgido cinco vinculaciones a proceso y cinco carpetas de investigación de cinco ex funcionarios de ambas secretarías.
En 2017 y 2018 la PGR inició otras dos carpetas de investigación más, una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior de las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso, de las cuales en una de ellas existe una sentencia condenatoria en contra de un particular.
Sin embargo, Gertz aseveró que esta red –que generó un probable daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos– debió de investigarse desde el inicio bajo «la obvia» premisa de colusión y de un interés colectivo y coordinado para organizar un enorme saqueo concertado desde el poder público.
«Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado que fue encubierto posiblemente por instancias públicas», afirmó.
RESTOS DEL PEÑANIETISMO
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, es señalado de cometer torturas y tocamientos sexuales cuando era Procurador en Aguascalientes; y de favorecer al prófugo de la justicia Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación y a Aleatica (antes OHL México).
Pero ahí sigue.
El Fiscal Alejandro Gertz aseguró que se han retirado todos los funcionarios de alto nivel que no tenían que estar en la FGR y el resto debe de demostrar si pueden quedarse.
«Esto no es un viejo sistema en el que se van todos los que estaban y llegan los amigos de quienes llegaron. Eso no es funcional, eso no es ético», dijo. «Quien tenga algo que probar tiene todo el apoyo de la institución, pero no generamos cacería de brujas», agregó específicamente sobre el Subprocurador Muñoz Vázquez.
El académico Maximiliano García Guzmán aseguró que el cambio dentro de la Fiscalía General ha sido más de rediseño jurídico, por lo que falta «un examen muy cuidadoso de qué perfiles están integrando a la Fiscalía, pues hay heredados del sexenio anterior, y vigilar los nombres que no son tan visibles para ver quién puede desempeñar esos puestos».
En febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que Muñoz Vázquez cometió tortura y violencia sexual en 2011 cuando fue Procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016). No obstante, el Subprocurador argumentó que hay una serie de irregularidades en esa recomendación, ya que no se tomaron en cuenta documentos clave durante la investigación.
Asimismo, el Subprocurador Felipe Muñoz reiteró el 12 de diciembre de 2018 la petición del ex encargado de despacho Alberto Elías Beltrán de cancelar las dos órdenes de aprehensión vigentes contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación.
Gastón Azcárraga, dueño del Grupo hotelero Posadas, compró Mexicana en 2005 durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada por 165 millones de dólares, pero en 2010 entró en concurso mercantil y quebró en 2014.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lo denunció por haber cometido dos delitos de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió información falsa al público inversionista y omitió informar un evento relevante como lo fue la suspensión de actividades de una de las aerolíneas líder en el sector.
El Subprocurador también solicitó la vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado desde 2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la constructora Aleatica en el Estado de México durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila.
«Felipe Muñoz ha sido señalado por la CNDH por actos de tortura y abuso sexual. Solo en México es posible tener un Subprocurador de la FGR que esté cuestionado de actos tan graves y que conserve la libertad y el puesto», dijo Díez Gargari en entrevista previa.
DESPILFARRO EN LA PGR
Respecto a gastos innecesarios, el Fiscal enunció que 800 elementos policiales protegían a ex funcionarios o políticos por lo que ya se reubicaron a 320 en áreas necesarias; se detectó despilfarro en gastos no justificados o inútiles, incluyendo viáticos, talleres y la renta de edificios a precios exorbitantes pese a contar con inmuebles propios; no había control sobre el empleo de más de 4 mil carros, entre ellos, unidades blindadas; ni en el uso de flota aérea para actividades que no aportaban a la procuración de justicia.
Por ejemplo, entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de drones mediante adjudicación directa sin contar con un estudio de necesidades, resultados ni costos competitivos.
En octubre de 2013 la entonces PGR adquirió un avión por 19.5 millones de dólares mientras que el precio de comercialización era por 15.5 millones de dólares.
«Los gastos de seguridad pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa sin mecanismos de supervisión adecuados lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos en una sola área y año», dijo Gertz.
NUEVAS MEDIDAS
Del 1 de diciembre a la fecha el Gobierno federal y organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda, y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, de las cuales se han judicializado más de 400 casos con más de 620 detenidos, reportó el Fiscal Alejandro Gertz.
Se generará la Ley Orgánica de la Fiscalía y una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica para responder a la crisis de justicia cotidiana con prontitud, reparación del daño y control social, así como un nuevo Código Penal Nacional priorizando la reparación de daño.
Bajo una nueva política de trato respetuoso y eficiente a los denunciantes, desde mayo todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y de procesos tendrán nombre, apellido y responsable para ser evaluados, y evitar atrasos.
En sintonía con la política de austeridad del Gobierno federal, se revisaron las 26 mil plazas para reorientar al mayor número de servidores públicos al apoyo de víctimas y ofendidos en denuncias y seguimiento, y se disminuyó la nómina en más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas, lo que generó ahorros de 354 millones de pesos frente a 2018.
Sobre el parque vehicular de 35 helicópteros y 25 aviones, se busca reducir en un 30 por ciento este año y se realizan auditorías a los contratos de vehículos brindados.
