Once centroamericanos y grupos activistas de defensa jurídica impugnaron la política con el argumento de que ponía en peligro a los solicitantes de asilo al obligarlos a permanecer en México, donde prevalecen la violencia del crimen y el narcotráfico.
Por Brian Melley y Elliot Spagat
San Diego, 8 de mayo (AP).- El Gobierno del Presidente Donald Trump puede obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México a que se programen sus audiencias judiciales mientras se resuelve la impugnación de la medida en tribunales, dijo el martes una corte federal de apelaciones en Estados Unidos, que concedió al mandatario una importante victoria, incluso si es temporal.
La orden emitida por la Corte federal de Apelaciones del 9no Circuito revierte la decisión de un juez de San Francisco que habría impedido que los solicitantes de asilo fueran devueltos a México mientras durante la impugnación legal.
Un tribunal inferior en San Francisco aún debe examinar los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema.
Autorizar que continúe la política permite al Gobierno efectuar un cambio sin precedentes a las prácticas de asilo en Estados Unidos.
Once centroamericanos y grupos activistas de defensa jurídica impugnaron la política con el argumento de que ponía en peligro a los solicitantes de asilo al obligarlos a permanecer en México, donde prevalecen la violencia del crimen y el narcotráfico.
El juez federal Richard Seeborg falló el 8 de abril que la medida debía ser detenida porque no evaluaba los peligros que los migrantes enfrentaban en México.
El Gobierno puso en marcha su política “Protocolos de Protección al Migrante” el 29 de enero en San Diego y después la amplió a Calexico y El Paso, Texas. Funcionarios de Seguridad Nacional han dicho que planean aplicarla en toda la frontera con México.
La política fue adoptada para enfrentar el número cada vez mayor de familias procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador que llegan a la frontera de Estados Unidos con México en busca de asilo. Por orden de una corte, los menores no pueden permanecer detenidos más de 20 días, por lo que fue necesario dejar en libertad a numerosas familias casi inmediatamente después de que las detuvieran las autoridades.
La política fue adoptada en enero después de meses de delicadas conversaciones entre altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, que culminaron con sus respectivos anuncios sobre los lineamientos generales de la medida durante una reunión en Houston en noviembre. Ambas partes la describieron como una medida unilateral del Gobierno de Trump, y las autoridades mexicanas dejaron en claro que no la apoyaban.
El panel de tres jueces de la corte de apelaciones mencionó el rechazo de México al argumento de que los solicitantes de asilo corrían peligro en ese país. Los jueces dijeron que la “posibilidad de peligro se reduce en cierto modo con el compromiso del Gobierno mexicano de cumplir sus obligaciones del derecho internacional y al conceder una categoría humanitaria y permisos de trabajo a los individuos regresados (de acuerdo con los Protocolos de Protección a Migrantes).
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro Jurídico para la Pobreza en el Sur y el Centro para Estudios de Género y Refugio presentaron la demanda en contra de la política.
Omar Jadwat, Director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que los comentarios de dos de los jueces dan motivos para creer que la política será suspendida eventualmente.
“Los solicitantes de asilo quedan en grave peligro de sufrir daño cada día que continúa la política de regreso forzado”, apuntó.
