El viernes pasado Mauricio Merino presentó ante un público encabezado por Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, las grandes líneas del Libro Blanco de la consulta sobre la política nacional anticorrupción y esto provocó un intercambio sustantivo entre académicos y responsables de la política institucional que tomarse en cuenta deberá redundar en beneficio de la sociedad mexicana.
Y es que entre septiembre y octubre de 2018 se celebraron una serie de foros regionales desde Tijuana hasta Mérida y el resultado de estas deliberaciones entre los miembros de la llamada Comunidad PIRC (Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas), actores locales vinculados a los sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil permiten hoy contar con un diagnóstico preciso no solo para una estrategia de investigación, sino con ella delinear políticas públicas destinadas a combatir de fondo el principal problema que tiene la vida pública mexicana.
La Comunidad PIRC -una organización de académicos que agrupa a más de 200 investigadores de todos los estados del país- plantea de entrada una diferencia sustantiva con la visión que ha sido dominante en la lucha contra la corrupción. Aquella que ha puesto el énfasis de las políticas públicas en las consecuencias antes que, en las causas, es decir, donde en el mejor de los casos se persigue al funcionario corrupto, pero sin hacer cambios en un andamiaje frágil que estaría provocando los graves problema de corrupción pública.
Una constante en los gobiernos federales y estatales ha sido una concepción punitiva en el combate contra la corrupción, es decir, ir todos los días por el “último corrupto” para satisfacer muchas veces el contentillo de los grandes medios de comunicación y el apetito de venganza en franjas agraviadas de la sociedad.
Sin embargo, esa ruta cómo bien lo señaló Merino en esa reunión, se llegan agarrar peces gordos, pero se deja el “agua sucia” donde ese pez nadaba sin que nadie lo molestara, y al no tener límites estaba generando incentivos para que esta mala práctica contagiara y se repitiera exponencialmente.
Y, así, como sociedad vamos en una espiral donde todos los días estamos al pendiente de que sea señalado en horario estelar, incluso con montaje ad hoc, un nuevo caso de corrupción con nombre y apellido que afirma nuestro lugar en la sociedad del espectáculo.
Hoy, el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, tiene en el centro de su estrategia la lucha contra la corrupción en la función pública, y en el poco tiempo que ha ejercido el poder da cuenta de que va en serio como lo demuestra el combate frontal contra el huachicol o la acción decidida contra los altos salarios de los funcionarios públicos del primer nivel.
Nadie puede estar en desacuerdo con este tipo de medidas que evitan fugas cuantiosas al erario, sin embargo, ante lo ostensible es necesario ir más allá de manera que se inhiban de raíz las malas prácticas en las administraciones públicas.
Justamente, es donde radica la importancia del Libro Blanco, dado que es un documento sustantivo que diagnostica el estado de la cuestión, pero como un buen médico ofrece antídotos de largo plazo para llevar a la sociedad a un buen puerto, a una sociedad decente, cómo otras sociedades lo han logrado y la corrupción es vista como una vulgaridad que debe castigarse con todo el peso de la ley.
Este diagnóstico académico en un gobierno sensato obligaría a invertir la ecuación, poner en el centro de la discusión pública las condiciones estructurales que permiten una captura permanente de las instituciones, los recursos y las decisiones que se repiten todos los días para desde ahí definir estrategias que permitan ir desmantelando las redes de corrupción e impunidad que provocan desvíos de fondos públicos a bolsillos privados.
La captura de lo público no sólo se manifiesta en la máxima presidencialista de “quien gana, gana todo” sino permite legalmente la distribución de las posiciones de poder entre los que han apoyado y financiando campañas electorales en perjuicio de la voluntad popular de que ahí que el nuevo gobierno se plantee, entre otros delitos, como grave el fraude electoral.
El Libro Blanco identifica cinco vertientes producto de las deliberaciones públicas que grosso modo son las siguientes:
En primerísimo lugar está la ventanilla donde todo ciudadano que tramita el pago de un servicio público y ante la falta de transparencia y facilidades puede caer en manos de intermediarios de la corrupción al solicitar pagos o prebendas a cambio de la gestión.
En segundo lugar, la ausencia de un servicio civil de carrera en las administraciones públicas propicia la alteración de los objetivos y los resultados y eso provoca que los funcionarios respondan frecuentemente a lealtades personales, partidistas o ideológicas.
En tercer lugar, la responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo. Esta vertiente vinculada a los límites de la actuación de funcionarios públicos y la certeza en la administración tiene que ver con el paradigma del control interno, con un sistema alertas de que se está cumpliendo con el mandato que tiene asignado cada oficina pública.
En cuarto lugar, las redes de corrupción que vienen siendo un conjunto de conductas organizadas dentro de las administraciones públicas destinadas a la “apropiación de lo público y la extracción ilegal de rentas estatales”.
Finalmente, y como el mejor antídoto ante las malas prácticas en la función pública la consulta señala que es indispensable reforzar los “mecanismos de participación, denuncia, vigilancia, y exigencias ciudadanas en los procesos y estrategias de combate a las causas de la corrupción y no solo a sus efectos”.
En definitiva, por primera vez en la historia de nuestro país, se presenta una gran oportunidad para enfrentar conjunta y decididamente política y academia este mal endémico que data, según uno de los libros de Pablo González Casanova, desde la mismísima colonia, cuándo los españoles trajeron este tipo prácticas, que con el tiempo se habituaron como expresión de nuestra cultura diaria en el tejido institucional.
No se desaproveche.
