El juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna libró de señalamiento de delincuencia organizada a 21 personas que estaban acusadas por la desaparición forzada de una mujer y cuatro hombres jóvenes en Tierra Blanca, cometida en 2016.
Padres de jóvenes desaparecidos sospechan que antes de la disculpa pública del Gobernador de Veracruz y representantes federales, autoridades ya sabían que los presuntos responsables serían exonerados, por lo que calificaron el acto como «una burla«.
Por Ignacio Carvajal
Veracruz, 14 de marzo (Blog Expediente/SinEmbargo).– Las autoridades que ofrecieron una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, ya sabían que 21 acusados por ese caso iban a librar los señalamientos por delincuencia organizada, así lo consideró Bernardo Benítez, vocero del grupo de padres; quien también condenó la exoneración realizada por un juez de Veracruz.
Por ello, opinó que la disculpa, también ofrecida por del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quedó «como una burla para las cinco familias por habernos llevado hasta allá, para mí que todo estaba hecho para apaciguar un poco y reventar lo que venía porque ya sabían que les iban a dar el amparo».
Indicó que tal vez por eso el acto no contó con la presencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y solo fue el Sub secretario Alejandro Encinas, para evitar comprometerse.
Los padres de Tierra Blanca tenían la firme esperanza de que el Fiscal General que llegó con el Gobierno del Presidente López Obrador fuera un aliado para sustentar y dar firmeza al caso ante las autoridades federales. Sin embargo, el día de la disculpa, se quedaron esperando su presencia en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Dijo que el pasado viernes fueron al puerto de Veracruz a conocer cómo iba el caso ante José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, del Juzgado Cuarto de Distrito, quien no los recibió, para el sábado siguiente, se enteraron de que no había encontrado elementos para condenar a los acusados por delincuencia organizada, aunque en sus declaraciones varios admitieron operar para el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En un comunicado, la Fiscalía General del estado precisó que «estás 21 personas no quedarán libres», ya que cuentan con autos de formal prisión por «homicidio y desaparición forzada» por lo tanto cuentan con procesos pendientes en el fuero común.
Sin embargo, los 21 inculpados pueden pedir en este momento que los sequen de los penales federales en donde los tienen, en Durango, y que los lleven al de Cosamaloapan.
Las víctimas ven este escenario como un riesgo ante la eventual cercanía que tendrán con sus lugares de residencia y al capacidad que tienen desde las rejas de causarles daño.
Bernardo Benítez recordó que cuando se los llevaron a los penales federales, las familias se sintieron bien pues iban a estar lejos y era menos probable que les causaran daño.
No obstante el tenerlos tan cerca les genera un gran temor.
En medio de las malas noticias, contó que acaban de sepultar este martes a Alfredo González Manzanilla, padre de uno de los cinco jóvenes y quien murió a causa de un infarto.
«Yo no puedo decir directamente que se haya infartado por lo que pasó con los 21 detenidos pero ya tenía tiempo que se estaba poniendo mal. Estaba muy afligido por lo de la disculpa pública y ahora esto. Estaba muy triste, murió y ayer lo llevamos a enterrar», relató vía telefónica.
Destacó que ahora esperan tener citas pronto con el Fiscal General, Wínckler Ortiz, y el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, para que se dén celeridad a las acusaciones en el fuero común y evitar que se evadan de la justicia.
José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz fueron detenidos por la policía estatal en enero del 2016 y entregados al crimen.
En ese entonces el gobierno de Javier Duarte de Ochoa primero trató de ocultar los hechos y después intentaron por medio de la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras que los papás aceptarán huesos calcinados de animales como si fueran los de sus hijos.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fueron desairados por el mandatario al inicio de su administración cuando le correspondía dar la disculpa pública que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
