Diferentes cuentas a través de la red social Twitter comparten fotografías íntimas de jovenes de Sonora sin su consentimiento a pesar de que en esa entidad es delito tal acto.
Víctimas de este intercambio de fotografías íntimas han dado a conocer su caso, quienes incluso han asegurado que ya no entran a redes sociales “por propia salud mental”.
Sonora, 25 de febrero (ProyectoPuente/SinEmbargo).- Para obtener fotografías o videos privados de una mujer sonorense, basta con tener una cuenta de Twitter. En esa red social, el mecanismo para obtener las imágenes es simple: sólo hay que teclear las palabras “packs”, “nudes” o “sexo” y acompañarlas con la ciudad de elección –Hermosillo, Obregón, Navojoa o Nogales-, en el buscador.
Los perfiles que aparecen son numerosos y funcionan públicamente. Uno te lleva a otro y quienes los operan, se dedican difundir e intercambiar material gráfico sin el consentimiento de las mujeres expuestas y, en varios de los casos, incluso a lucrar con este.
Aún cuando en Sonora ya existe una ley “anti-packs” -a la que, con poca precisión, se le llamó “Delito de Sexting”- y que ya hay denuncias oficiales interpuestas por algunas de las víctimas desde finales de 2018, todavía no hay consignados, mientras que las imágenes siguen reproduciéndose en varias plataformas digitales y servicios de mensajería instantánea.
ASÍ OPERAN
Bajo un seudónimo, Proyecto Puente sostuvo conversaciones en Twitter vía mensaje privado con dos personas que se dedican a publicar y vender “packs”, es decir, paquetes de archivos digitales de mujeres desnudas o en los que aparecen realizando prácticas sexuales.
En estos perfiles que están a la vista, sin ningún tipo de filtro para acceder a ellos, -y de los cuales no se difundirán sus enlaces por respeto a las víctimas- se muestran fotografías con o sin censura, acompañadas de capturas de pantalla de sus cuentas de Facebook o Instagram y que, a su vez, proporcionan información personal como nombres, las escuelas donde estudian o sus lugares de trabajo, con el objetivo de darle “veracidad” al material que se intercambia y vende a través de mensajes privados.
Entre cada pregunta hecha por Proyecto Puente a manera de “comprador”, los vendedores fueron dando a conocer algunos datos: que se tiene un “catálogo” de más de 200 mujeres y que muchas de ellas son menores de edad; que los precios por conjunto de imágenes y videos de una misma mujer varía entre los 100 y los 400 pesos; y que cuentan con “material exclusivo” y sin difundir.
Además, uno de ellos afirmó que existe una red en el servicio de mensajería Telegram y que llegó a tener hasta 50 personas que intercambian packs entre sí.
Todas las cuentas tienen una característica en común: un tiempo de vida corto -de uno a seis meses- pues tienden a ser eliminadas una vez que alguien las denuncia.
El 8 de agosto de 2018, se reformó el artículo 29 BIS y se adicionó el artículo 167 BIS al Código Penal del Estado de Sonora, el cual define el delito de exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas y ‘sexting’, este último, entendido como el intercambio consensuado de contenido sexual o sugerente de carácter privado.
“A quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, a través de mensajes por teléfono, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización”, especifica el decreto.
Y agrega: “Las penas a que se refiere el presente artículo, se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aún y cuando mediare su consentimiento”.
FALTA POLÍTICA DE INFORMACIÓN
Al respecto, Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional por el Feminicidio (OCNF) y quien documentó el proceso de aprobación de la reforma, sostuvo que esta se trata de una “candidata” a quedarse en calidad de meramente enunciativa, pues las y los diputados no se encargaron de incluir la garantía de más recursos económicos ni humanos para quienes se dedicarían a investigar y resolver este tipo de delitos.
“La descripción de ‘delito de sexting’ es un poco imprecisa”, dijo en entrevista para Proyecto Puente, “porque el delito no es el sexting, que es una práctica común que ocurre entre personas conocidas donde comparten fotos de desnudos o sugerentes; el delito es cuando tú compartes y distribuyes sin el consentimiento de la persona que se tomó o que consintió las fotos”.
Nuñez Esquer manifestó que no hay una política de información y empoderamiento de las mujeres para orientarles en su despertar sexual y en su total derecho a expresarse a través de fotografías y, por el contrario, existe más bien “una tendencia a censurar las expresiones de las chicas, en lugar de informarles sobre cómo cuidar esa intimidad, empoderándolas para que tengan herramientas de seguridad digital y que así puedan expresar y vivir su sexualidad como decidan, sin poner en riesgo su integridad y dejarla en manos de individuos o bandas del crimen organizado que utilizan el cuerpo de las mujeres como objetos vendibles”.
Agregó que las autoridades tampoco orientan a la ciudadanía para denunciar los delitos -cualquiera que sea- y que, en el caso de la mujer que se atreve a denunciar, casi siempre acaba por cansarse de “dar vueltas”, del maltrato, de la poca empatía y de la incomprensión de quienes las atienden.
“¿Dónde denunciarías el delito de sexting o que te robaron un pack? ¿A dónde vas? ¿Quién nos dice los pasos? Lo único que existe es la denuncia pública en las redes sociales pero, por desgracia, no trasciende para poder llegar a los violentadores o perpetradores de este delito”, concluyó.
Ismene Figueroa, abogada hermosillense, agregó que no hay una eficacia en la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que, además de eso, “sucede que si la persona no sabe quién es su agresor se vuelve más difícil.
Sin una Policía Cibernética capacitada, se logre identificar; aparte, existe una cuestión cultural que culpabiliza a las mujeres por ser las ‘provocadoras’ de la violencia; se denigra, se descalifica, se señala y, al final, termina peor que como inició: no recibe justicia, fue expuesta, señalada y, prácticamente, crucificada socialmente”.
8 DENUNCIAS EN CIUDAD OBREGÓN
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Sonora, existen únicamente 8 denuncias por delito de sexting y se dieron durante el último caso masivo de difusión de packs, ocurrido en Ciudad Obregón en noviembre de 2018.
Allí, se difundieron imágenes de más de 150 mujeres a través de grupos de WhatsApp y de “nubes” como Google Drive, iCloud y Mega. Hasta la fecha, no hay detenidos.
“Cinco son mujeres adultas y tres son menores de edad”, afirmó Celina Ramos Valenzuela, delegada regional de la FGJE en la zona sur de Sonora.
En el proceso de investigación, detalló, se han recabado entrevistas con las víctimas, a quienes además les han asistido jurídicos y psicólogos; también cuentan con 4 entrevistas en calidad de testigos; se han recibido avances consistentes en 2 identificaciones de persona por fotografía y se ha entregado evidencia fotográfica relacionada con los hechos.
Con esto, la FGJE está en espera de la intervención de la Policía Cibernética a nivel federal, para que se analice la evidencia digital y se obtenga la información del usuario involucrado en las publicaciones, las direcciones de correo electrónico, la dirección IP y la URL.
“No hay detenidos porque las denuncias se hicieron posteriormente, no hubo flagrancia, son del año pasado y las denuncias se hicieron en diciembre y a principios de este año; en estos casos, cuando no hay flagrancia, hay que integrar una carpeta y cuando se tienen los elementos, se solicita audiencia con el juez de control”, dijo.
Algunas de las víctimas narraron que en algún momento ellas le compartieron fotos a un hombre conocido y este las viralizó, pero en otros casos, las afectadas señalan que las fotos nunca fueron compartidas y que, por el contrario, temen un saqueo e intervención de sus cuentas en las redes sociales o en sus propios celulares.
Mientras tanto, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a nivel estatal, aseguró que se dedica únicamente a la prevención y no tiene facultades para investigar.
“Es una unidad de prevención”, dijo Diego Salcido, su director, “nosotros no investigamos; capacitamos gente, educamos, damos pláticas en el sentido de que si comparten este tipo de material, puede traer problemas; el delito se podría tipificar como sexting y eso ya cae en ámbito de competencia de la Fiscalía, se trabaja mediante denuncia del afectado y que tenga consecuencias contra quien corresponda”.
La intervención para investigar o cerrar una plataforma digital que difunda estos contenidos, tiene que ser mediante la Fiscalía quien, de ser necesario, solicitaría al proveedor de servicios la información del usuario, afirmó; la Unidad Cibernética, en todo caso, presentaría una denuncia ante las redes o empresa proveedora por violaciones en las normas o políticas y, para ello, se requiere el ordenamiento de un juez.
“Muchas de estas situaciones se dan porque el usuario no tiene conciencia de compartir (su material) y que se puede usar para fines muy distintos, cuando una persona comparte material inocentemente, sucede la fuga; se invita a estar atentos de la vida digital, evitar compartir fotos íntimas, porque en internet hay muchos huecos”, explicó.
Con el modelo homologado de la Policía Federal, la Unidad Cibernética sólo tiene como facultades la recepción de denuncias de incidentes cibernéticos, atención y asesoría de víctimas, así como ciberpatrullaje y brindar información sobre el uso seguro de dispositivos y redes sociales.
ACOMPAÑAN A MUJERES
Leticia Quiroz, activista feminista de Hermosillo, se dedica a acompañar múltiples casos de violencia digital de género a través de una página de Facebook: S.O.S. Ciberchantaje.
Allí, numerosas mujeres tanto de Sonora, como del resto de la República y de Latinoamérica, reciben apoyo de abogadas y defensoras feministas después de exponer sus experiencias de manera privada, en la búsqueda de orientación y acompañamiento para enfrentar estos procesos que les resultan tan dolorosos.
“Es importante señalar que nosotras en la página les decimos que no es culpa de ellas por tomarse fotos y compartirlas en intimidad con su pareja o con quien elijan; es culpa de quien rompe ese pacto de confianza y además hace uso de ellas para sacar dinero o para que otros las vean.
Tenemos derecho a la libertad sexual, a expresar y vivirla como decidamos”, expresó.
El común denominador en la mayoría de los casos, afirmó, es que las afectadas, al ver que sus denuncias oficiales no tienen resultados, se desaniman y finalmente desisten de continuar con el proceso legal, pues muchas veces prefieren guardar silencio, que las fotos dejen de circular naturalmente, que su caso se olvide y que sus familias nunca se enteren.
Yo misma vi un video de una chica de Hermosillo a quien acompañamos, donde se oye al novio diciéndole ‘no te preocupes, flaquita, no va a pasar nada’… a mí se me estrujó el estómago, porque ese mismo tipo fue quien roló el video; son casos muy delicados, de mucho dolor, porque son personas con las que tuviste una relación afectiva”, dijo.
UNA EXPERIENCIA QUE DESEA OLVIDAR
A través de Leticia, Proyecto Puente tuvo acceso a una entrevista con Valeria, de 22 años y estudiante universitaria de Hermosillo, quien es una de tantas víctimas de este delito.
Las fotos que ella se tomó en la preparatoria, han circulado durante siete años.
“Me tomé unas fotos con la ayuda de una amiga, había pasado por un proceso bien difícil de aceptar mi cuerpo, había pasado por trastorno alimenticio y quise tomarme fotos para sentirme bonita. Las fotos quedaron preciosas y yo estaba muy contenta con ellas, súper orgullosa; se las mostré a algunas amigas y no hubo problema… luego se las mostré a unos amigos, mis ‘mejores’ amigos, y ahí fue cuando empezó todo”, narró.
Uno de ellos le pidió una memoria USB con las fotografías y Valeria accedió, sintiéndose en confianza y bajo la condición de que no las guardara ni las compartiera.
Sólo pasaron un par de días para que el rumor se extendiera y las mismas fotografías se compartieran masivamente entre los estudiantes de toda la escuela. Poco después, se encontraría a sí misma y a una amiga suya en imágenes compartidas dentro de un sitio web.
“Ahí fue cuando hice investigación con amigos muy cercanos y, presionando, me enteré que el vato a quien se las había mostrado con confianza, tenía una carpeta de muchas muchachas que le confiaban las fotos o de otras que intercambiaba”, recordó.
Su estrategia era decir “oye, tengo fotos de tal morra, de la más buena de la prepa; te las cambio por la de tu novia”; así de una carpeta tremenda de adolescentes de todos los semestres y de diferentes escuelas y ciudades de Sonora, que incluían además los datos completos de las víctimas.
Valeria era menor de edad cuando todo esto sucedió, pero sus fotos no han dejado de circular hasta la fecha.
“Por salud mental, doy por hecho que estoy incluida (en cualquier red social, plataforma o carpeta que incluya fotos de mujeres sonorenses) y ni siquiera me meto a verlas porque se me dispara todo.
Me siento muy mal otra vez y aunque puedo decir que no me importa, sí cala esa exposición que hacen de ti”, dijo.
Al preguntarse si se animaría a denunciar si se encontrara nuevamente con sus fotografías, ahora que existe una reforma que podría ayudarle, ella afirmó que no lo haría.
“Yo creo que a pesar de que existe esta ley, los funcionarios que se encargan de ejercerla, siguen con la misma mentalidad, y como esto se dio hace algunos años, no creo que le den importancia, la verdad… no procedería, no me desgastaría de esa manera”.
