Oxfam México, GIRE y Save the Children propusieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador crear un grupo de especialistas para la revisión y reestructuración del programa de estancias infantiles sin detener los subsidios.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El recorte al programa de estancias infantiles impulsa la desigualdad de oportunidades, la brecha de género y la violación de derechos de los niños, incluyendo riesgo de abuso sexual en los hogares, advirtieron las organizaciones Oxfam México, GIRE y Save the Children.
El modelo propuesto de transferencias monetarias directas, justo a las familias con mayor pobreza y del sector informal, tiene «un efecto perverso» al alentar el clientelismo y evade la responsabilidad del Estado en el cuidado de la infancia-educación inicial, y alimenta los estereotipos de género, coincidieron.
En conjunto, propusieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador crear un grupo de especialistas para la revisión y reestructuración del programa sin detener los subsidios durante ese proceso para evitar el cierre de las estancias, y que esta reformulación incluya altos estándares de seguridad y salubridad, así como una mejora en las condiciones laborales de las educadoras y educadores.
La asistencia a una estancia en el primer año de vida triplica la probabilidad de que los niños tengan un adecuado desarrollo de lenguaje, social y motor, de acuerdo con un estudio elaborado por especialistas en neurodesarrollo con casi 500 mil niños y 9 mil estancias infantiles, citó María Josefina Menéndez, CEO Save the Children México.
En México hay alrededor de 13 millones de niños de 0 a 5 años, y en los próximos seis años -este sexenio- nacerán 12.6 millones, por lo que el gobierno deberá responsabilizarse de 26 millones de infantes, advirtió con estimaciones del Consejo Nacional de Población.
DESIGUALDAD ECONÓMICA
Ricardo Fuentes-Nieva, director de Oxfam México, dijo que los cambios al programa de estancias infantiles reflejan una visión que no establece al cuidado y educación inicial de los menores como una obligación del Estado, «por lo que reproduce desigualdad» y deposita la responsabilidad en la familia, «lo cual es injusto».
«Las desigualdades en el acceso al bienestar económico y a los derechos sociales desde la cuna consolidan la permanencia de grandes desigualdades de oportunidades», planteó.
Si tiene fallas de operación, dijo, la solución no es desaparecerlo sino invertir más: por cada dólar invertido en los niños, se tiene retorno de 17 dólares a lo largo de la vida, documentó.
Fuentes-Nieva manifestó que «preocupa» que esta decisión de trasladar el programa a transferencias monetarias discrecionales se tomó «porque la niñez no es clientela, no vota».
CONTRA EQUIDAD DE GÉNERO
Regina Tamés, directora de la organización feminista GIRE, puntualizó que esta medida gubernamental profundiza la desigualdad de género al reforzar el estereotipo de que el cuidado infantil es exclusivo de mujeres, y al no permitir conciliar la vida personal, reproductiva y laboral pues las limita para poder estudiar o trabajar.
México es el país de América Latina en el que las mujeres destinan mayor porcentaje de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados frente a los hombres: aportan 78.3 por ciento de horas destinadas a las labores en el hogar y es 21.7 por ciento en el caso de los hombres, de acuerdo con cifras de la CEPAL.
Tamés destacó que el Banco Mundial ha documentado que la mala distribución de tiempo para cuidar a los hijos «impulsa brechas» de ingresos entre mujeres y hombres.
«Algo grave es que a pesar de los datos se tomaron estas medidas», dijo la directora de GIRE, quien cuestionó la falta de un mecanismo para garantizar que esa transferencia monetaria sea usada para la estancia infantil.
«Reducirlas es una falsa salida y genera más problemas», dijo.
RIESGO DE ABUSO SEXUAL
De Save the children México, María Josefina Menéndez alertó que este recorte pone en riesgo los derechos de la infancia.
El 60 por ciento de los delitos -como el abuso sexual infantil- se cometen en los hogares, advirtió.
Además, coincidió en que la transferencia de dinero directa no garantiza que los menores accedan a las estancias porque, bajo condiciones de pobreza, es posible el uso de esos recursos en otras necesidades básicas y, añadió, la mayoría de los beneficiarios son del sector informal por lo que los niños quedan expuestos a ambientes no favorables.
«Los programas sociales no deben ser desmanteladas cuando implica un riesgo para la niñez, sino que deben reformarse y mejorarse», pidió Menéndez.
