Si por desgracia alguna vez una familia tuviera la disyuntiva de elegir entre buscar a un hijo desaparecido o buscar un auto robado, no hay ninguna duda de la respuesta: la prioridad sería buscar al hijo ausente.

Pero la lógica que impera en las familias y comunidades, no impera en las autoridades del país: a pesar del contexto de guerra y violencia organizada que existe en México, el Estado mexicano no destina los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para la detener las desapariciones y para encontrar a las personas ausentes. Por el contrario, destina más recursos a investigar robo de propiedades como autos y vacas, que a la búsqueda de personas desaparecidas, como ocurre en Jalisco.

Hasta este año que se designaron 40 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, en años anteriores el gobierno estatal destinaba pocos millones para atender la búsqueda de más de 6 mil 800 personas reportadas como desaparecidas en Jalisco. Antes de este año, se destinaba más recurso al área de robo de vehículos. Al mismo tiempo, hay más personas detenidas y sentenciadas por robo de ganado que personas detenidas por comisión de desaparición forzada o por particulares.

En Jalisco apenas el pasado 22 de enero de este mismo año se dio a conocer la primera sentencia por el delito de desaparición forzada de persona, a la que por cierto se impuso una pena mínima. A las tres personas sentenciadas por primera vez en Jalisco por desaparición forzada se les sentenció a 12 años de prisión, según determinó el juez décimo sexto de lo penal (http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=117631).

Dos días después de darse a conocer esta sentencia, la Fiscalía General de Jalisco informó que un juez de primera instancia sentenció a Juan José “N” a una pena de 13 años de prisión por robo de ganado cometido en 2014 en el municipio de Teuchitlán. Un caso concreto donde el Estado mexicano castiga más a quien roba vacas que a quien desaparece personas.

Pero la falta de recursos y la prioridad a cuidar la propiedad privada antes que a buscar a las personas desaparecidas, casi con seguridad, no es un asunto exclusivo de Jalisco sino un fenómeno generalizado en todas las entidades del país.

Un indicador claro de esto son los datos del “Mecanismo de Evaluación y Transparencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica” (FASP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revela en qué gastaron 9 mil millones de pesos (mdp) el año pasado los gobiernos de los estados de la república.

En la revisión de esta información el colega Arturo Ángel encontró que más de 40 por ciento de esos 9 mil mdp, fue destinado por los gobiernos estatales a comprar o mantener equipos y edificios, apenas 3 por ciento para prevenir delitos, y únicamente destinaron 28 mdp a las unidades y acciones destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas, que equivale a 0.3 por ciento del total de los recursos.

En la misma nota Arturo Ángel destaca que después del gasto destinado a compra y mantenimiento de instalaciones y equipo, los gobiernos estatales destinaron 800 millones de pesos para la operación del Registro Público Vehicular (Repuve) y otras bases de datos (https://www.animalpolitico.com/2019/01/fondo-anticrimen-equipo-estados-prevencion/).

El dato es contundente: 800 millones de pesos a un registro vehicular y otras bases de datos y apenas 28 millones de pesos para las unidades de búsqueda de personas desaparecidas. Otra prueba más de que al Estado le interesa más la protección y búsqueda de las propiedades privadas que la búsqueda de personas desaparecidas.

Estamos hablando apenas de un fondo federal que se transfiere a los estados. Si se analiza el presupuesto federal más los presupuestos de cada entidad federativa, impera la misma lógica: la prioridad es la protección y búsqueda de propiedades privadas antes que de las personas.

Es inadmisible esta lógica. Debe terminar. Como sociedad debemos acompañar y solidarizarnos a todas las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos para exigir al Estado mexicano que cese esta tendencia y cambia la lógica.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes 4 de febrero presentará el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Este plan debe reflejar el cambio radical en la tendencia anterior de priorizar la propiedad sobre las personas. Si no lo hace, se debe luchar desde abajo para exigirle que lo haga, y que atienda los reclamos de las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos. Es indignante que el Estado cuide más autos y vacas que personas.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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