Todo indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ignorarán o subestimarán las críticas generalizadas a su proyecto de militarización de la seguridad pública del país, y que esta semana impondrán su mayoría legislativa para sacar el proyecto de la Guardia Nacional.

Distintos organismos de derechos humanos, globales y nacionales, se han encargado de cuestionar este modelo de militarización. Hasta la saciedad se han publicado estudios y reportajes que confirman que en las zonas y regiones a donde se han enviado a las fuerzas armadas a las labores de la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, la violencia ha crecido contra toda la sociedad, especialmente los homicidios intencionales, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas.

Un buen resumen del saldo negro en materia de derechos humanos que deja la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública lo presentó la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) en su informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”. Teniendo como fuente principal de información las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encontró que en ese periodo se emitieron 204 recomendaciones de las cuales 113 fueron contra el Ejército y 38 a la Marina.

La CMPDDH concluyó que de las 204 recomendaciones revisadas, suman “1,069 víctimas, de ellas, 929 fueron víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada. Las demás, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, o bien de violación a su derecho de propiedad por los robos y/o los daños causados a sus casas a la hora de las detenciones de sus familiares”.

Las evidencias tanto del “fracaso” de las fuerzas armadas para contener al crimen organizado, y de manera paralela el aumento de la violencia y de la violación a los derechos humanos ha sido ampliamente documentada por un conjunto de organizaciones no gubernamentales. A partir de estos datos y evidencias se plantea la crítica a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es decir a la militarización del país. Esa postura, podríamos decir liberal, está representada en el colectivo #SeguridadSinGuerra.

Pero hay otras interpretaciones y posturas que también plantean una crítica a la militarización del país, pero desde otra perspectiva política. Una de ellas es la de Dawn Paley, una periodista y académica canadiense quien cuestiona la narrativa predominante de la supuesta “guerra contra el crimen organizado”. El título de su libro es más que elocuente: Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. En un ensayo más reciente Paley sostiene que “Desmontar el discurso oficial sobre la guerra contra el narcotráfico resulta fundamental para entender lo que está ocurriendo en México. (…) En México, el gobierno usa la noción de ‘cárteles de la droga’ para reforzar su legitimidad y la necesidad de un Estado fuerte y militarizado”.

En lugar de seguir reproduciendo el discurso oficial, que en los medios tradicionales sigue siendo predominante, de que el Estado mexicano emprendió una guerra contra grupos criminales organizados para recuperar el control del territorio perdido, Paley sostiene que: “Urge entender que lo que hoy está ocurriendo en México es una guerra con rasgos transnacionales que sirve para mantener el poder del Estado y de sectores transnacionalizados de élites locales con el propósito de fomentar la expansión de capital”.

Desde esta mirada, en esta guerra no todos pierden, sino que hay ciertos sectores ganadores. “Partiendo de una visión amplia se podrían considerar los beneficios de las élites empresariales y políticas en varios rubros, como son los sectores: maquilador, de medios de comunicación masivo, automotriz y aerospacial, extractivo minero-petrolero, agroexportador, además del sector transnacionalizado de bienes raíces, el sector de turismo internacional a gran escala y el de infraestructura logística relacionada con la expansión capitalista (por ejemplo, puertos, carreteras, aeropuertos, puertos fronterizos), etcétera” Dawn Paley, revista El Apantle, nº 2, julio 2017).

Desde otra perspectiva política, Guadalupe Correa-Cabrera, llega a conclusiones similares. En su libro Los Zetas Inc. La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional, esta académica escribe: “De ahí que este libro no se centre en temas relacionados con las drogas. Este estudio tiene qué ver con los negocios (legales e ilegales) y con la militarización (de los grupos criminales y de las estrategias de seguridad del gobierno). En resumen, el principal objetivo de este análisis consiste en mostrar cómo un nuevo modelo de crimen organizado (de naturaleza trasnacional) y las nuevas formas de militarización (criminales y relacionadas con el Estado, incluyendo el paramilitarismo) han beneficiado enormemente a los negocios legales o al capital corporativo. En otras palabras, el presente trabajo muestra los efectos económicos de la paramilitarización criminal, de la militarización y del paramilitarismo en México. Este reporte también demuestra cómo estos procesos han dado como resultado un conflicto armado poco convencional con características de similares a las de una guerra civil. Esta guerra parece haber beneficiado principalmente a las industrias extractivas, al sector financiero trasnacional, y a los contratistas de seguridad”.

Desde una perspectiva geopolítica y también crítica de la militarización, el profesor Carlos Fazio aporta otro punto importante para cuestionar la propuesta de Guardia Nacional y los proyectos del nuevo gobierno. Carlos Fazio sostiene que el proceso de militarización en México, debe verse como una proyecto trasnacional diseñado en Estados Unidos desde hace al menos 30 años para incluir a México en los planes geopolíticos de defensa y control estratégico de recursos para la potencia del norte. Planes de control migratorio en la frontera sur de México o planes estratégicos como el anterior Plan Puebla Panamá, la reforma energética, y la Iniciativa Mérida para el supuesto combate a las drogas, forman parte de los mismos diseños geopolíticos.

No es casual, dice Fazio, que varios de los proyectos estratégicos de López Obrador se ubiquen en el sur-sureste del país. Esa zona “jugaba como una zona de control migratorio pero también de contrainsurgencia porque ahí estaba en esta zona el EZLN y había aparecido el EPR: Entonces, lo que estamos viendo cómo la política desde William Clinton a Donald Trump tienen un continuum. El muro no empezó con Trump, viene desde hace 20 años”.

A juicio de Carlos Fazio, a pesar del cambio de gobierno en México, hay continuidad en estos proyectos. “Entonces lo que ha logrado hacer el gobierno de Trump durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador es justamente establecer las condiciones para una relación más o menos ordenada pero bajo la directiva de la Casa Blanca, esta es mi impresión. Se que es un tema muy delicado que justamente López Obrador está tratando de lidiar con el jefe de la Casa Blanca y por ahora todo esto se ha llevado de una manera, aparentemente, muy tersa, ¿no? Pero no dejan de ser planes geopolíticos, geoestratégicos, que no se enseñan en México, sino que han sido definidos en Washington” (Carlos Fazio, entrevista en Radio Universidad de Guadalajara: http://udgtv.com/radio-udg/guadalajara-xhudg-104-3-fm/los-proyectos-estrategicos-amlo-sirven-la-geopolitica-eu-carlos-fazio/).

Con la perspectiva geopolítica, la militarización y el supuesto combate al crimen organizado se ven de otro modo. “Lo mismo la guerra de la drogas de Felipe Calderón, no fue tal guerra. Lo que se utilizó bajo el señuelo de guerra contra las drogas es una guerra de exterminio que tiene qué ver con el control de población, y romper el tejido social donde hay grandes recursos. En el caso de México, como en Colombia, el petróleo, biodiversidad, gas natural, etc”.

Estas miradas contribuyen a criticar el proyecto de militarización del país. Más allá de la crítica de organismos civiles al papel del Estado en tareas de seguridad, debe cuestionarse el discurso y la narrativa de supuesta guerra contra las drogas para poner en cuestión el uso de la violencia organizada y el papel de las fuerzas armadas en la implementación forzada del modelo neoliberal que necesita y requiere del control y explotación de amplias franjas del territorio para poder realizar diversas dinámicas de acumulación de capital, como serían las explotaciones mineras, petroleras, de generación de energía eléctrica, megaproyectos, etc.

Desde esta mirada, el uso de las fuerzas armadas para la supuesta pacificación del país, que han resultado en lo contrario, no será distinto de lo que fueron en los gobiernos abiertamente neoliberales de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto y en el actual gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación.

La propuesta de la Guardia Nacional se inscribe en las mismas lógicas y modelos de seguridad que tienden hacia la militarización y un uso de la violencia organizada (sea por parte de fuerzas armadas o de grupos del crimen organizado) con el propósito de asegurar el funcionamiento del modelo extractivista neoliberal y garantizar la realización de distintas dinámicas de acumulación de capital, legales e ilegales. La Guardia Nacional encubre que la militarización, y la violencia organizada que produce  y articula, es funcional a esta fase del capitalismo neoliberal.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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