Sorprende la reacción de los ciudadanos y gobernantes cuando un nuevo régimen plantea cambios benéficos que al Gobierno anterior no se le ocurrieron o no se atrevió a hacerlos.

Este fin de semana Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ciudad Juárez para iniciar formalmente el programa de impulso a la zona norte del país. La propuesta es muy simple: en los municipios que colindan con Estados Unidos se reducen el IVA de 16 a 8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta para los empresarios de 30 a 20 por ciento, se homologan los precios de la gasolina con los de Estados Unidos, que están sujetos a la libre competencia, se aumenta el salario mínimo (que significa un aumento de 100 por ciento al sueldo de muchos trabajadores), y se plantean algunos otros beneficios para que la economía fronteriza pueda dinamizarse y mejore el nivel de vida de los habitantes de esta zona.

Es cierto que los instrumentos legales utilizados por el Gobierno Federal para establecer estos cambios en una zona específica, con leyes aplicables a un grupo de población muy determinado, van a ser poco ortodoxos y sujetos a reglamentaciones y adecuaciones jurídicas posteriores; pero cualquier egresado de la escuela de Derecho, Contabilidad, Administración o cualquier otra profesión que tenga alguna vinculación con las normas Fiscales aplicables en el país sabe que es indispensable primero publicar las normatividades estructurales básicas y posteriormente hacer las adecuaciones necesarias.

Aunque, después de las adecuaciones, las excepciones y las limitaciones necesarias, con el programa los habitantes de la frontera vamos a ver ganancia y utilidad pues a final de cuentas vamos a pagar menos impuestos y ganar un poco más de dinero, hubo muchas voces adversas y críticas, y la voz más destacada y sorprendente fue la del Gobernador del Estado, Javier Corral.

Corral aprovechó el evento para reclamar al Presidente de la República una supuesta disminución en los ingresos que tendrá el Gobierno del Estado de Chihuahua durante 2019, sin embargo, el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que este año Chihuahua recibirá 11 por ciento más participación federal comparado con el año anterior. Los asistentes sólo sentimos pena ajena.

Además reclamó que no estaba de acuerdo con el método usado por el Gobierno de López Obrador para abrir el programa, ya que lo hizo mediante decreto y no Reforma de ley; más pena sentimos por él cuando AMLO aclaró que el decreto era la forma jurídica que los asesores y fiscalistas le habían aconsejado por ser más seguro y menos discutible.

Continuó quejándose porque el decreto estuviera sujeto a un plazo de dos años y advirtió lo terrible que sería para las empresas que se instalaran aprovechando las ventajas del programa y que en dos años tuvieran que cancelar sus operaciones, pero AMLO volvió a aclarar que era así por razones técnico jurídicas, que ese decreto se prolongará durante los seis años que él gobierne el país y que no es su deseo reelegirse como las malas lenguas dicen.

Corral concluyó argumentando que era una terrible injusticia que las empresas iban a cobrar el 8 por ciento de IVA a los compradores finales y que el Gobierno no lo iba a reintegrar de inmediato; qué bien se nota que el Gobernador nunca ha recibido una devolución de sus impuestos, porque seguramente siempre ha ganado salarios gubernamentales y de ellos no regresa nada, porque los negocios establecidos tienen servicios de contabilidad que les permiten presupuestar los ingresos por devolución de IVA en sus ejercicios anuales. Así es cómo funcionan las empresas, no esperando el abono gubernamental de fin de mes.

Fue increíble ver cómo funcionarios federales, que acudían a Ciudad Juárez a explicar las nuevas circunstancias de la dinámica económica cotidiana y cómo operarían en favor de los fronterizos, eran recibidos con gestos y expresiones de inconformidad pese a que las propuestas de Andrés Manuel pretenden cambiar las inercias gubernamentales y económicas para que 50 millones de personas vulneradas y marginadas vivan un poco mejor que el día anterior.

Hay personas que se beneficiaron exageradamente con las reglas del capitalismo de cuates y que buscarán obstaculizar el desarrollo de las políticas del nuevo régimen; son grupos e individuos que han perdido el sentido de humanidad y de solidaridad social, que sólo se interesan en su beneficio y enriquecimiento personal aunque tengan que aplastar a cientos más, que de por sí se encuentran en desventaja.

Los que estamos de acuerdo con el cambio de paradigma y el cambio de política debemos asumir nuestra responsabilidad social porque el Gobierno sólo no podrá cambiar las malas prácticas con que se ha venido gobernando el país durante los últimos cinco sexenios; estamos obligados moral y socialmente a brindar un apoyo adicional a nuestro aplauso para que este nuevo futuro propuesto se pueda convertir en realidad y podamos encontrarnos con un país diferente al que sepultamos el primero de julio de 2018.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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