Casi con seguridad las elecciones presidenciales del pasado 1º de julio y el avasallante triunfo de Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos, será para muchos el suceso político del año. Sin duda es un hecho de relevancia, pues implica la derrota de la partidocracia tradicional y la esperanza de un cambio político para millones de mexicanos.

Pero incluso ese suceso político relevante no ha logrado parar ni siquiera detener la guerra y la barbarie en México. Dos cifras nos permiten asomarnos, aunque sea un poco, a este abismo en el que estamos parados: 37,435 y 26,676.

La primera cifra, 37,435 es el número oficial de personas desaparecidas según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas de la Secretaría de Gobernación. La segunda cifra, 26,676, es el número de cuerpos que están sin identificar en los servicios médicos forenses del país, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

Después de Siria, México ha sido considerado el país con mayor número de personas desaparecidas. La organización Syrian Network for Human Rights reporta para ese país un total de 95,056 personas desaparecidas de las cuales 85 por ciento fueron cometidas por las fuerzas del régimen sirio, casi 10 mil por grupos extremistas islámicos y el resto por otras fuerzas en conflicto (http://sn4hr.org/blog/2018/09/24/enforced-disappearances/).

En México oficialmente se registran 37,435 personas desparecidas. Dadas estas cifras, nuestro país es considerado el país en “paz” con mayor número de asesinaos violentos y desaparecidos. Sin embargo, las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos aseguran que la cifra oficial no se acerca, ni con mucho, a la cifra real.

En Tamaulipas, donde oficialmente hay cerca de 8,000 desaparecidos, el Colectivo de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas estima que pueden ser hasta 80 mil tamaulipecos desaparecidos en los últimos diez años (Vanguardia, 20 mayo 2018).

En Veracruz el Colectivo Solecito considera que la cifra de desaparecidos en la entidad podría ser superior a 30,000, aunque oficialmente apenas se registra una décima parte. Contrastes semejantes, entre la cifra oficial y la cifra negra, existen en la mayoría de estados del país.

De tal modo, la cifra real de desaparecidos en el país podría contarse por cientos de miles y no decenas de miles como se reconoce oficialmente. Esta es una de las grandes tragedias nacionales de la que todavía no cobramos plena conciencia de su gravedad.

Si bien la práctica de las desapariciones existe desde décadas atrás, especialmente usada por el Estado para deshacerse de disidentes y opositores políticos, es claro que el fenómeno creció exponencialmente con la mal llamada guerra contra el crimen organizado decretada por Felipe Calderón. No obstante, el número de las desapariciones aumentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto: más de 60 por ciento del total ocurrieron en el sexenio recién terminado, según datos del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro-Juárez.

En estados como Jalisco, el fenómeno de la desaparición se triplicó en una década. En 2008 había 3.6 denuncias diarias de personas desaparecidas, para 2018 (hasta septiembre) las denuncias eran 11.9 por día, según un reporte reciente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Cifras semejantes ocurren en otras entidades.

La otra tragedia es la del número alarmante de personas sin identificar en las morgues de los estados. En total son 26,676 cuerpos sin identificar registrados en la Plataforma México “como fallecidos no identificados que en algún momento fueron ingresados en forenses estatales en dicha calidad” (La Jornada, 28 diciembre 2018).

Como lo evidenció el indigno episodio de cuerpos paseados en cajas de tráileres refrigerados en Jalisco, en septiembre pasado. Ese indigno trato a los cuerpos no identificados dado por las autoridades de Jalisco, también es una moneda corriente en el resto del país. Se mostró que las autoridades de procuración de justicia o forenses no guardan un registro adecuado de los cuerpos que esperan ser identificados, o hacen un manejo negligente de los datos para identificación de personas. En Jalisco varias madres denunciaron que sus pruebas de ADN simplemente se perdieron o no fueron cotejadas con los cuerpos en custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que ocasionaba que un cuerpo que podría haber sido entregado en días o semanas a la familia, fuera entregado hasta ocho meses después, alargando la agonía y el dolor de la familia que buscaba a ser desaparecido, y que padecía una segunda desaparición por la negligencia o incompetencia de autoridades que no hicieron bien su trabajo.

Cada cifra, por separado ofrece una cara de la crisis: la de las desapariciones y la de la crisis nacional forense que existe en México. Combinadas, nos revelan una catástrofe nacional.

Por un lado hay más de 37 mil familias que buscan a sus desaparecidos, y de otro lado, el Estado (a través de sus servicios forenses) tiene sin identificar a más de 26 mil cuerpos. Si el Estado identificara adecuadamente la mayoría de cuerpos resguardados en los servicios forenses, es de suponer que muchas familias que ahora buscan, encontrarían en las morgues a sus hijos. Es una terrible incompetencia estatal que prolonga y alarga el dolor y sufrimiento de miles de familias.

Lo que revela la crisis de las desapariciones y la crisis forense, aunadas al aumento de asesinatos violentos y de fosas clandestinas, es que existe una violencia masiva de grandes proporciones en contra de amplios segmentos de la sociedad. Esta guerra contra la mayoría de la sociedad es la que marca este año, más allá de los cambios políticos.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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