En el Presupuesto de 2018 destinado a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción se registró un recorte de 16 por ciento a la PGR y una disminución de 30 por ciento a la Secretaría de la Función Pública (SFP) frente al año anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda destacados por México Evalúa en la presentación del libro «Léase si quiere gobernar (en serio)».
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Los recortes presupuestales a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción se reflejan en los resultados de la Procuraduría General de la República (PGR), documentó Marco Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de México Evalúa.
Sin embargo, a juzgar por la minuta en torno a la Fiscalía General, los legisladores del actual gobierno tampoco han mostrado signos de comenzar a implementar una lucha efectiva, agregó.
En el Presupuesto destinado a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción de 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, se registró un recorte de 16 por ciento a la Procuraduría General de la República (PGR) y una disminución de 30 por ciento para la Secretaría de la Función Pública (SFP), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
La PGR recibió un presupuesto federal de 16 mil 243 millones 787 mil pesos y la SFP de mil 191 millones 905 mil pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
«Cuando uno observa la distribución de los recursos, empieza a cuestionarse si realmente estamos muy preocupados en el país de dotar de circunstancias materiales para poder avanzar en la lucha», dijo Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
En el marco del ajuste a la baja de su presupuesto, de las 574 consignaciones de la PGR por desvío de recursos públicos hechas de 2007 a 2018, 505 fueron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y solo 69 en el de Enrique Peña Nieto, un 86 por ciento menos.
Además, de las mil 168 consignaciones por ejercicio indebido del servicio público, 651 ocurrieron con Calderón y 517 con Peña Nieto, un 21 por ciento menos.
«En el caso de la PGR, los resultados son muy malos en término de la persecución de delitos asociados al tema de corrupción», evaluó el investigador asociado de México Evalúa.
Entre los escándalos de corrupción que marcaron el sexenio pasado están “la casa blanca”, las concesiones a OHL (hoy Aleatica), el caso de la constructora brasileña Odebrecht y su presunta relación con el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, y los ex secretarios federales Rosario Robles Berlanga y Gerardo Ruiz Esparza, cuyas dependencias han sido señaladas reiteradamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por diversas irregularidades.
Sobre este órgano fiscalizador, el investigador Marco Fernández destacó que en 2016 determinó desvíos por 121 mil 212 millones de pesos, pero hasta ahora las recuperaciones han sido de sólo 9 mil 119 millones.
«Habría que tener una discusión sustantiva con la Unidad Interna de Control que es el órgano de la Cámara de Diputados que debe revisar los resultados de la ASF para saber cómo es posible que esto ocurra. Cuando uno observa todo el periodo que observa la Auditoría, que hubo 961 denuncias y una, ¡una! causó sentencia… Legislaturas van y vienen, controversias en los procesos de nombramientos de auditores van y vienen, pero con franqueza, uno quisiera pensar que los representantes exigirían cuentas de esos resultados de la ASF para que realmente fuera un órgano efectivo para disuadir los problemas de corrupción», cuestionó durante la presentación del libro en la Cámara de Diputados.
En junio surgieron dudas sobre el despido a los tres auditores especiales Muna Dora Buchahin, Salim Orci Magaña y Javier Pérez Savedra, entre ellas, si había casos de potenciales conflictos de interés.
El ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) habló de despidos “masivos” de auditores especiales, y aseguró que el Auditor David Colmenares Páramo está «desmantelando» al órgano.
LA CAPACIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL
El investigador asociado de México Evalúa, Marco Fernández, aseguró que la demanda ciudadana al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción además de la seguridad.
Pero en el marco del cambio de la PGR a la Fiscalía General, alertó que los legisladores presentarán una minuta en torno que, a su consideración, no la fortalece para combatir el fenómeno.
«En el caso de la Fiscalía Anticorrupción [parte de la Fiscalía General], la minuta dice que solo va a poder estar involucrada en los delitos punitivos en el título décimo del Código Penal, que son los delitos supuestamente de corrupción. Pero eso es no entender el fenómeno, porque en el caso de la corrupción también está el problema del lavado de dinero que no aparece. Lo que justifican es que no quieren fragmentar las investigaciones –que ha sido uno de los talones de Aquiles de la PGR–, que quieren una buena coordinación de la Fiscalía General», afirmó.
«Pero lo que van hacer los señores legisladores si la aprueban es hacer poco eficaz la lucha de la Fiscalía Anticorrupción», determinó.
En el caso del Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Asuntos Internos, que son los órganos encargados de investigar administrativa y penalmente la corrupción al interior de la Fiscalía General, «tienen las manos atadas, porque hay una disposición incorrecta en esa minuta que establece que el Órgano Interno de Control no podrá meterse en investigaciones sustantivas», agregó el académico.
«Es preocupante el estado que guarda la lucha anticorrupción en nuestro país y con franqueza es preocupante varias de las medidas que establecieron, no solo en la Ley orgánica de la Fiscalía General, sino que hasta ahorita no hemos visto ningún signo de que se tomen en serio la necesidad de profesionalizar la administración pública encargada de prevenir e investigar la corrupción».
Fernández dijo que la falta de profesionalización es una de las raíces del problema.
«Menos del 30 por ciento de los funcionarios públicos pertenecen al servicio de carrera. La mayor parte de la administración pública está conformada por personal de confianza o de base. Y ninguno de los dos son sujetos a evaluaciones periódicas para poder ver cuáles son los resultados», documentó. «Cuando nosotros observamos la visión que tienen los mexicanos sobre sus instituciones no sorprende que hay un malestar por esta falta de profesionalismo».
