El Cártel de Sinaloa se cimentó durante los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera navegó impune. Y continuó al menos el primer tramo de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero varios factores incidieron en su captura. Hoy, en la primera jornada del juicio contra “El Chapo”, la relación entre los grupos criminales y la política mexicana alcanzan reflectores internacionales.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- A lo largo de más de cuatro décadas en el negocio del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera lo compró todo: impunidad, seguridad y también su libertad, cuando así lo quiso. En 2001, ocho años después de su primera captura, maquinó su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, sobornando a las autoridades penitenciarias, a las que mantuvo subyugadas mediante cañonazos de dólares.
Las versiones de entonces indican que Guzmán Loera mantuvo el control del penal mediante el pago quincenal de una nómina millonaria que lo mismo implicaba a funcionarios de la prisión que a altos mandos de la Policía Federal, militares, marinos y políticos, según las investigaciones de la PGR, que tuvieron que ver con su fuga.
Después, para mantenerse libre, siguió pagando por su libertad al tiempo que construía las bases del Cártel de Sinaloa de la mano de sus socios: Los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno (presuntamente muerto), Ismael Zambada García, El Mayo, intocable hasta la fecha, entre otros miembros de la organización que contribuyeron a su consolidación internacional.
Y de la misma forma, disparando balazos y dinero por doquier se mantuvo impune y protegido a lo largo de dos sexenios panistas –los que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón –y un tramo del régimen de Enrique Peña Nieto, en cuyo periodo gubernamental fue detenido en dos ocasiones: la primera en 2015 y la segunda después de su segunda fuga, ésta vez del penal de Altiplano, la cual se orquestó a su más puro estilo: comprando a las autoridades al más alto costo.
Ahora que inició el juicio en su contra en Nueva York, el abogado del narcotraficante, Jeffrey Lichtman, hizo explosivas declaraciones al señalar que el Cártel de Sinaloa, a través de “su verdadero líder”, Ismael El Mayo Zambada hizo millonarios pagos a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto a cambio de comprar impunidad tanto para él como para su cliente, Joaquín El Chapo Guzmán.
Las declaraciones, realizadas durante una audiencia en Nueva York, donde se ventila el juicio en contra de Guzmán Loera, fueron reproducidas por la agencia francesa AFP y Reuter, respectivamente; las partes medulares de las declaraciones del abogado del capo sostienen que durante los años que duró el liderazgo de El Chapo éste pago sobornos millonarios para los expresidentes mencionados, quienes en sendos mensajes emitidos a través de sus respectivas cuentas de Twitter negaron haber recibido las millonarias sumas que el capo afirma haber entregado a cambio de impunidad.
Durante el sexenio de Felipe Calderón –heredero del poder de Vicente Fox, en cuyo sexenio de fugó El Chapo de la prisión de Puente Grande –le fue declarada la guerra al crimen organizado. Calderón, llamado “el presidente de la guerra fallida”, descabezó a varias organizaciones criminales, pero El Chapo se mantuvo impune, extrañamente.
Durante el Gobierno de Calderón también transcendió que Ismael Zambada García, El Mayo, había sido detenido en Sinaloa, pero cuando estuvo frente a los agentes federales –enviados por la entonces procuradora Marisela Morales –El Mayo habría ofrecido una suma descomunal a cambio de su libertad.
“Les doy el doble de lo que ofrece Estados Unidos por mi cabeza”, habría ofrecido el capo. Después de una consulta al más alto nivel, la oferta fue aceptada, aunque hasta ahora se ignora quién de los más altos funcionarios del Gabinete la habría aceptado. De esa forma El Mayo fue liberado, de acuerdo con versiones extradoficiales.
Posteriormente, Jesús Zambada Reyes, sobrino de El Mayo, quien estaba arraigado en una casa de seguridad de la PGR, apareció ahorcado. La PGR concluyó que el detenido se suicidó, aunque otras versiones indicaron que murió por órdenes de altos mandos del Cártel de Sinaloa debido a que se le soltó la lengua.
No fue todo. Después, el testigo protegido Edgar Enrique Bayardo Del Villar, quien incriminó a El Mayo y reveló sus operaciones y nexos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue ejecutado cuando tomaba café en un Starbooks ubicado en la calle Pilares y Pestalozzi, en la colonia Del Valle. Extrañamente el testigo protegido fue abandonado a su suerte al ser retirada la escolta que lo protegía.
Cabe señalar que la etapa de esplendor del Cártel de Sinaloa se cimentó durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el primer mes de Gobierno de Fox, Guzmán Loera se fugó de Puente Grande, según datos de la PGR, mediante un pago multimillonario que lo mismo salpicó a policías, custodios que a los altos funcionarios responsables de la Seguridad Pública de entonces.
Una vez en libertad, Guzmán comenzó a construir las bases de lo que actualmente es el Cártel de Sinaloa, la organización más poderosa del planeta, de acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA).
Tras su fuga, Guzmán pudo trazar su plan criminal sin ser molestado: le declaró la guerra a Los Zetas, sus rivales acérrimos; exterminó a los Carrillo Fuentes y extendió sus tentáculos a lo largo y ancho del país hasta convertir a su organización criminal en el Cártel más sólido. El resto de su obra la concluyó durante el Gobierno de Felipe Calderón, en cuyo sexenio jamás fue molestado.
Al menos el primer tramo de Gobierno de Enrique Peña Nieto Guzmán se mantuvo impune. Pero varios factores incidieron en su captura: la presión internacional y la guerra de alta intensidad que desataron los cárteles.
Poco después de que Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, en diciembre de 2012, comenzaron a circular rumores de que el Cártel de Sinaloa había financiado su campaña política.
Dos reporteros colombianos comenzaron a escribir la biografía del jefe del Cártel de Sinaloa. Comenzaron a trabajar en recoger su versión. Para entonces, El Chapo ya tenía intenciones de trascender todavía más contando lo que sabía sobre sus vínculos con políticos, empresarios y militares. Y fue entonces cuando contó que él había entregado dinero para la campaña de Peña Nieto. Los reporteros comenzaron a redactar un libro al respecto, pero el proyecto se frustró debido a que los periodistas querían firmar el libro con pseudónimo. La editorial que recibió el manuscrito se negó a publicarlo sin el nombre auténtico de los autores.
Sin embargo, parte del contenido de aquel libro sostiene que El Chapo había entregado dinero a la campaña del PRI en el 2012 y que las maletas de dinero –puros dólares de alta denominación –se entregaban en los estacionamientos de distintas plazas comerciales de Polanco. Los receptores eran –según esa investigación –personajes relacionados con la campaña presidencial del PRI.
Tras las explosivas declaraciones del abogado de El Chapo los implicados –Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –de inmediato desmintieron haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa.
Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter: “Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ni él ni el Cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”.
Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia de la República, replicó en su cuenta de Twitter: “El Gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”.
Los comentarios del abogado Lichtman se dieron, de acuerdo con la agencia Reuter, después de que el fiscal asistente, Adam Fels expusiera el caso, en el que la fiscalía busca demostrar que Guzmán Loera pasó de ser un traficante de marihuana de bajo perfil en la década de 1970 a encabezar el Cártel de Sinaloa.
Las declaraciones del defensor Lichtman –que se desprenden de los dichos de su cliente –son las más contundentes que se han expuesto en un juicio criminal en contra de dos expresidentes de un país, en este caso México, donde El Chapo vivió impune durante varios años.
Guzmán Loera comenzó en el negocio del narcotráfico en la década de los años setenta. Entonces era lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado entonces El Jefe de Jefes, responsable del diseño horizontal de los cárteles; fue detenido en 1993, en Guatemala, por años su refugio, y encerrado en La Palma, primero, después en Puente Grande, donde permaneció siete años. Operó el negocio del narcotráfico de 2001 a 2014 y un año después, en abril de 2015, se fugó del penal del Altiplano mediante una confabulación con altos funcionarios del sistema penitenciario y cuya historia sigue sin conocerse con todos sus detalles.
En ninguna de sus capturas a El Chapo Guzmán se le ha decomisado su fortuna: siempre ha estado físicamente preso, pero financieramente libre, lo que le ha permitido operar lo que mejor sabe hacer: corromper autoridades para mantenerse libre.
Seguramente tanto Felipe Calderón como Peña Nieto tengan razón cuando afirman que no recibieron pagos del Cártel de Sinaloa, pero nadie puede asegurar que el dinero del narcotráfico no llegó a sus campañas, pues aunque se hicieron señalamientos públicos en su momento jamás se llevó a cabo una investigación al respecto.
Lo cierto es que en el Gobierno de Calderón El Chapo nunca fue molestado y en el de Enrique Peña Nieto al menos los primeros tres años las autoridades responsables del combate al narcotráfico se desentendieron del capo a pesar de las presiones de Estados Unidos por capturarlo.
Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón y asumió el poder Peña Nieto le pregunté a un alto jefe policiaco sobre los archivos relacionados con la persecución de Guzmán Loera.
–¿Cuáles archivos? –regresó la pregunta.
–El cárdex sobre su persecución –inquirí.
–No hay nada –me dijo –no existe ningún archivo sobre ese tema. Tenemos que empezar de cero.
