No hay nada más contrario al ejercicio actual del poder en México que los principios que guían la iniciativa internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que busca la transparencia, combatir la corrupción y evitar la interferencia de intereses económicos en el ejercicio de las políticas públicas, con una fuerte participación de la sociedad civil. Suena inaudito que con el grado de corrupción al que ha llegado el ejercicio del poder en México seamos parte de esta iniciativa. Sabemos bien que México se venía vendiendo bien en el exterior, pero la realidad no se puede ocultar, y su imagen se ha hecho pedazos, como un reflejo de la dramática situación que vivimos.

Sin embargo, en su afán de simulación y mantener el maquillaje que ya no deja verse más que como un vulgar disfraz, la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca por todos los medios cerrar esta administración, reportando que México ha cumplido con sus compromisos de AGA. La SFP sabe que lo que está en riesgo es que México sea retirado de esta iniciativa, un fracaso más de la administración con un caso no aclarado de espionaje gubernamental a miembros de la sociedad civil.

Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en septiembre de 2011, se lanzó la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto por ocho países, entre ellos México. La iniciativa promovida por el Presidente Obama podría convertirse en un mecanismo internacional que podría contribuir a transparentar el ejercicio del Gobierno y combatir la corrupción. A la iniciativa se han sumado 75 países y se han establecido más de dos mil 500 compromisos.

De forma bianaual se han establecido objetivos que son acordados a través de un proceso participativo en el que confluyen organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia e instancias gubernamentales. En México las instancias gubernamentales han sido la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los compromisos de la AGA México para 2016-2018 se dividieron en seis ejes temáticos: derechos humanos, sistema nacional anticorrupción, pobreza y desigualdad, igualdad de género, gobernanza de recursos naturales y cambio climático, y servicios públicos. Cientos de organizaciones y académicos participaron en las mesas de trabajo, en un esfuerzo que puede ser modelo para una sociedad democrática, especialmente, por la transparencia del proceso y la no interferencia de intereses económicos.

La Alianza de Gobierno Abierto se rige por un Secretariado Técnico en cada país, en el caso de México estaba formado por el grupo núcleo de sociedad civil integrado por 10 organizaciones en representación de este sector, por la SFP y el INAI. Un hecho persistente por parte del Gobierno venía siendo el incumplimiento de los objetivos planteados y la alteración de los acuerdos.

El 23 de mayo de 2017, la iniciativa reventó y la SFP buscó como mantenerla simulando que continuaba. Las organizaciones que conformaban el Grupo Núcleo de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Tripartita de Gobierno Abierto en México anunciaron su retiro de este organismo ante la falta de respuesta a la demanda de investigación que las organizaciones realizaron a la SFP y al INAI, sobre el caso de espionaje del que habíamos sido objeto dos miembros de las organizaciones de la sociedad civil que participábamos en la mesa enfocada en las políticas frente a la obesidad. Esta mesa formaba parte del eje temático de Servicios Públicos. Una tercera persona, un académico había sido espiado también, los tres tenían en común haber promovido el impuesto a las bebidas azucaradas y criticar el etiquetado frontal en alimentos y bebidas. Un espionaje que se había realizado con el malware conocido como Pegasus, que el propio Gobierno mexicano había adquirido a una empresa israelí. Un par de meses más tarde, otra investigación publicada en el New York Times señalaría que periodistas y miembros del propio Grupo Núcleo de la Sociedad Civil en la AGA habían sido también espiados por el Gobierno.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos participado en consejos, comités y organismos creados como órganos de consulta en diversas dependencias del Estado, sin perder la esperanza de que seamos tomados en cuenta, a pesar de tener pruebas, una y otra vez, de lo contrario. Lo que es constante es que al final son los intereses de los poderes económicos y políticos los que suelen imponerse en la mayor parte de las ocasiones. Frente a esta situación, la AGA se presentaba como una oportunidad para tener un proceso transparente en el cual no terminaran por imponerse intereses particulares.

Un muy buen ejemplo de las prácticas de falta de transparencia, de servicio a los intereses privados y sacrificio del interés público, lo vivimos en la mesa de obesidad. En la mesa de obesidad se habían establecido dos objetivos centrales: modificar la norma de etiquetado frontal en alimentos y bebidas y proteger todo el ciclo de la política contra la obesidad (diseño, monitoreo y evaluación) de la interferencia de la industria. Cofepris había establecido un etiquetado frontal diseñado por la propia industria, que no se entiende ni por los estudiantes de nutrición y tiene un criterio de consumo diario de azúcar que representa un riesgo a la salud, como en su momento señaló la Organización Mundial de la Salud.

Regulaciones fundamentales como el etiquetado y la regulación de la publicidad dirigida a los niños, Cofepris las había entregado a la propia industria de alimentos y bebidos para que no les afectaran sus ganancias.

Por su parte, la Secretaría de Salud le había entregado el control del ciclo de la política contra la obesidad a la misma industria de la comida chatarra y las bebidas endulzadas, con la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No transmisibles (OMENT). Este organismo fue creado por esa Secretaría para evaluar la política contra la obesidad, dándole a esta industria más del 50 por ciento de los asientos. Cofepris entregó el diseño de la política a la industria y Secretaría de Salud entregó a la industria la evaluación de esa política. El OMENT se ha convertido en el mejor ejemplo en el mundo de la interferencia de la industria de la chatarra en la política contra la obesidad.

En relación a la reformulación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, establecido como acuerdo en la AGA, la Secretaría de la Función Pública modificó la redacción del acuerdo de forma tal que beneficia a la industria de bebidas y alimentos, al establecer que en vez de modificar la Norma Oficial Mexicana 051 en la que se inscribe el etiquetado, se analizaría la evidencia científica disponible en las Mesas de Etiquetado y de Criterios Nutrimentales del OMENT, el organismo al que ya se le había dado el control a la industria.

En cuanto al OMENT, el 12 de mayo de 2017, en la mesa de obesidad se acordaron, entre los representantes de la Academia, la Secretaría de Salud y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la presencia de una representación de la Secretaría de la Función Pública, los lineamientos y el formato para evitar el conflicto de interés dentro del OMENT, organismo que fue creado por la Secretaría de Salud con el objetivo principal de evaluar las políticas contra la obesidad.

De aplicar los lineamientos y el formato para evitar el conflicto de interés más del 50 por ciento de los integrantes del OMENT serían excluidos del organismo. El Observatorio ha permitido que los intereses económicos de la industria se interpongan a políticas públicas efectivas para combatir la obesidad, dándoles voz durante el proceso de evaluación del etiquetado frontal de alimentos y bebidas y la regulación de publicidad dirigida a la infancia, a pesar de contradecir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, expertos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta de la AGA es un modelo muy interesante a seguir para establecer objetivos en las temáticas más importantes que aquejan a nuestro país, en un proceso transparente, abierto al escrutinio internacional. La AGA no cuenta con mecanismos de sanción más allá de la posible expulsión de un país miembro. Sin embargo, muestra un modelo que debiera fortalecerse, que sería muy útil para defender la democracia frente a la corrupción y la interferencia de los poderes económicos que en este sexenio no tuvieron freno, más bien alicientes, pasando por encima de la salud de la población.

El Gobierno electo tendrá que definir qué posición tomar con la AGA, si la fortalece o la debilita, si investiga los casos de espionaje o los deja pasar, si jala de la hebra, que seguramente es muy profunda, o la deja ahí para que se mantenga la impunidad de quienes pusieron el servicio más sofisticado de espionaje del Estado al servicio de intereses particulares.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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