En la década de los 70 conocí las ideas de Guillermo Rousset acerca del desarrollo económico de México, ideas después desarrolladas por Francisco Soto Angli, y sobre la consolidación de una nueva clase social: la burguesía financiera. Esta surge de la acumulación de capital por transferencia de recursos públicos a familias favorecidas, al mismo tiempo protegidas por otro sector social que basaba su crecimiento en la administración indebida de los fondos públicos, identificado como la burguesía burocrática.

En su momento me pareció muy atractivo su análisis porque me permitió comprender las relaciones entre el capital y el poder político, que por aquellos años se enfrentaron representados en el grupo Monterrey y Luis Echeverría. Las diferencias entre los dos sectores se agudizaron en 1982 durante la crisis petrolera del Gobierno de López Portillo y todo culminó con la expropiación de la Banca Nacional. Pero no había buenos o malos, porque ambos eran bastante perversos y buscaban su propio enriquecimiento.

Con Salinas de Gortari los financieros se fortalecieron al asaltar las riquezas del Estado, privatizar la banca y destruir el ejido; ese fortalecimiento, la globalización de la economía, y las precarias inversiones de la burguesía mexicana, que prefirió al mercado mundial ofreciendo mano de obra barata en lugar de insertarse con inversiones de riesgo, llevaron a un atraco del erario disfrazado de inversión pública, con grandes ganancias para los beneficiados (que repartieron con los gobernantes corruptos), y hundieron al país en la miseria política y humana que nos deteriora más día a día.

Después del primero de julio se estableció un nuevo equilibrio de fuerzas e inversiones en México y ahora es indispensable reconstruir la fortaleza del país, separar los negocios de la política y poner condiciones a los capitales para que compitan en condiciones de igualdad bajo un sólido Estado de derecho, en el que los inversionistas depositen su capital procurando ganancias lícitas y razonables, derivadas de la calidad de sus productos y servicios y no de los favores o pactos con los gobernantes.

Pero esta lucha por mejores condiciones de inversión para todos parece que será más difícil que la lucha por el triunfo democrático, porque además sólo tenemos seis años para empezar la construcción de un nuevo México, donde sean prioridad los pobres, los jóvenes y las mujeres.

La lucha por el nuevo aeropuerto sólo ha sido el primer asalto y es fundamental que los inversionistas actuales comprendan que también se necesita su participación activa, sin ideologías excluyentes: los 750 mil votos por Santa Lucía son votos contra la corrupción, no contra el capital ni contra la inversión extranjera; son votos contra el monopolio de negocios y política que nos trajo hasta aquí.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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