De ascendencia coreana, Yang Kyung María Jun Borrego tenía 21 años, estudiaba psicología y su último empleo fue en un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su familia nunca convivió con Jorge Humberto Martínez Cortés –apodado «El Matanovias»–, pese a que se fue a vivir con él a los 18 años. Se conocieron en un bar de la Condesa, donde él era mesero. Tuvieron cuatro años de relación convulsiva. Terminaban y regresaban. Los amigos de Yang contarían después a Mónica Borrego, mamá de Yang, que Jorge era celoso.
En ese tiempo, Mónica regresó a casa un par de semanas. Tras otro distanciamiento, en septiembre de 2014 volvió a vivir con él, en la colonia Doctores. “La asesinó dos semanas después”, musita Mónica. “Ella intentó esconder la violencia que vivió. Si tenía un problema con ese tipo, [Yang] prefería llamar a mi novio”, comparte Ana, hermana de la víctima.
Por Guillermo Rivera
Ciudad de México, 6 de noviembre (Vice/SinEmbargo).– Sentí una espantosa presión en el pecho, me faltaba aire, tenía ganas de vomitar. Pensé que me daría un paro cardiaco. No sabía que era un ataque de ansiedad, y pasó, al inicio de 2018. Estaba sola. Había ido a un evento a escuchar a mamás hablar de feminicidios y desaparecidas. Me impactó demasiado que no supieran el paradero de sus hijas desde años atrás. No alcanzas a entender, no tiene límite la violencia. Es casi sentirte afortunada por haber enterrado a tu hija. Fue muy impresionante.
Esa vez, de verdad, sentía que iba a morir. Le hablé a mi pareja, hice ejercicios de respiración y me tranquilicé.
Con el asesinato de Yang, mi vida se fracturó. Me he vuelto solitaria. Para mitigar el dolor, la ausencia, recurrí al alcohol y al tabaco. Mi pareja y yo nos distanciamos. Con la familia es difícil convivir, no puedo hablar todo el tiempo de mi estado. No saben manejarlo. No sé si debo mencionar esto en las reuniones. El contacto con familiares y amigos ha disminuido.
Sé que tengo que continuar, hay que sanar varias cosas. Poco antes de que Jorge asesinara a mi hija, había finalizado una carrera corta de gastronomía. El plan de poner un negocio propio, de trabajar, se truncó. En ese sentido, estoy minusválida. El papá de Yang es apoyo económico, me dedico a esto al 100 por ciento gracias a esa ayuda. Él sostiene económicamente la casa, pero se ha cerrado al tema.
Cuando la noticia salió en medios, era complicado que familia, conocidos y vecinos me dijeran: “Mónica, te vi en la televisión”. No sé manejar esas situaciones. Trabajé con un tanatólogo, pero no me gustó. Accedí a ir a terapia con el psicólogo del Gobierno. Fue aceptable, me ayudó a entender qué es el duelo, trabajarlo. De todas formas, a veces estás arriba, otras abajo. Hay remordimientos, me sentía culpable hasta de reír. Días la he pasado muy mal.
Debo aprender a vivir con la muerte y el dolor. Cuando se viene su cumpleaños, la Navidad, Año Nuevo, es muy difícil, recuerdas que no está. Debo superarlo, pero no puedo aún, no sé si podré. Conozco a mamás que tienen un altar de su hija en casa, yo no podría. Es un trabajo diario para no hundirte.
La familia se fragmenta. Mi hija mayor me dijo: “No puedo con esto” y se fue. Con Ana, mi otra hija, lo hablo, me apoya, va conmigo a todos lados. No sé si eso es sano o curativo para ella, pero dice que la justicia sería un alivio.
LA SOLICITUD DE ALERTA EN LA CAPITAL
Tres organizaciones –Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria– solicitaron el 19 de agosto de 2017 la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, que podría convertirse en el estado número 15 de 32 en recurrir a este mecanismo.
Este es un nuevo proceso que encabezan Nahyeli Ortiz y Omayra Ochoa, directivas en Justicia Pro Persona e integrantes del Observatorio. El primero lo vivieron, en conjunto con otras organizaciones y dependencias del Gobierno de la ciudad, cuando se construyó el tipo penal de feminicidio, en 2011, y, luego, la implantación de un protocolo.
Ha sido un camino largo. Se logró constituir un comité –integrado por agrupaciones civiles y autoridades– cuya función es darle seguimiento a los procesamientos, investigaciones y sanciones.
Las expertas lamentan que, siete años después, exista en los servidores públicos, quienes se enfrentan cara a cara con las víctimas, una actitud de negligencia y omisión. “¿Cómo podrían restablecerse así las familias? Los feminicidios se investigan como homicidios. Hemos trabajado mucho para que las instituciones incorporen la perspectiva de género”, exclama Ortiz. “Las víctimas de violencia, cuando denuncian, se les responsabiliza. Los casos quedan en impunidad y terminan en feminicidios”, secunda Ochoa.
“No sabemos cuál es el interés del Gobierno al no reconocer el problema. Aunque se investiguen como homicidios, la crueldad con que se asesina a mujeres es evidente y no se plasma en las investigaciones. Invisibilizan la violencia ante los ojos de los juzgadores”, retoma Ortiz.
El MP pierde pruebas y no son removidos los servidores públicos negligentes. “Hay corrupción impresionante en la procuración de justicia”, denuncian las expertas.
Por todas estas razones se solicitó la Alerta de Género, pero el trámite se ha extendido. Un grupo de académicas presentó un informe sobre el problema en marzo pasado, cuando tenía que haber sido en diciembre de 2017.
“Debería ser con más prontitud”, apunta Ochoa. Las académicas crearon el informe a partir de casos, cifras, contextos de la ciudad. Entrevistaron a víctimas y organizaciones y efectuaron recomendaciones. El Estado debe atenderlas y efectuar una nueva evaluación, con carácter de urgente.
El órgano responsable de todo el proceso es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, y tiene la responsabilidad de convocar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para tomar la decisión de declaratoria.
Las especialistas consultadas saben que, si se niega el problema, las víctimas quedan en indefensión: “No hay acceso a la justicia, que está ligado a la falta de políticas públicas que modifiquen los estereotipos de género. Se debe trabajar con hombres que ejercen violencia. La raíz es lo cultural”, examina Nahyeli Ortiz. Omayra Ochoa concluye: “Este tendría que haber sido un año decisivo para que el Gobierno asumiera la deuda que tiene con los derechos humanos de las mujeres. No ocurrió”.
«SU HIJA TUVO UN ACCIDENTE»
De ascendencia coreana, Yang Kyung María Jun Borrego tenía 21 años, estudiaba psicología y su último empleo fue en un restaurante en la colonia Roma. Su familia nunca convivió con Jorge Humberto Martínez Cortés –apodado «El Matanovias»–, pese a que se fue a vivir con él a los 18 años.
Se conocieron en un bar de la Condesa , una colonia con intensa actividad de bares y restaurantes. Ahí él era mesero. Tuvieron cuatro años de relación convulsiva. Terminaban y regresaban. Los amigos de Yang contarían después a Mónica Borrego, mamá de Yang, que Jorge era celoso.
En ese tiempo, regresó a casa de Mónica una vez, un par de semanas. Tras otro distanciamiento, en septiembre de 2014 volvió a vivir con él, en Doctor Lucio, una calle de la colonia Doctores. “La asesinó dos semanas después”, musita Mónica en la primera entrevista que sostuvo con VICE, en diciembre de 2017. “Ella intentó esconder la violencia que vivió. Si tenía un problema con ese tipo, (Yang) prefería llamar a mi novio”, comparte Ana, hermana de la víctima.
Yang le contó a Ana que, una vez, por “regresar tarde, no la dejó entrar a casa”; en otra ocasión no le permitió salir, le quemó la ropa y la correteó por el departamento. Una amiga la obligó a denunciar. Nada sucedió.
A Mónica le contaron que, como era habitual, ese sábado 20 de septiembre Jorge le llamó a Yang en varias ocasiones al teléfono del restaurante. La joven mujer regresó a casa entre las dos y tres de la madrugada del otro día y, a la siguiente jornada, no se presentó en el trabajo. Tampoco hubo llamadas.
La familia de Yang regresaba de una cena cuando el papá de Jorge telefoneó. “Su hija tuvo un accidente”. Corrieron al lugar Mónica, una de sus hermanas y Ana. Ya estaban ahí las patrullas y una camioneta del forense. Los peritos trabajaban. Un policía les impidió el paso. “Luego supimos que, como familia, teníamos derecho a entrar”, enfatiza Mónica.
Estaban en el lugar Jorge, su papá y su hermana. “Vimos cómo la sacaron con una sábana encima, dijeron que era un suicidio. Cuando llegamos a la delegación, el protocolo pericial estaba casi terminado. Dudé, pero no creí en esa versión. El acta de defunción indica asfixia por ahorcamiento. Exigí la reconstrucción de los hechos, ampliar declaraciones. Nada. La investigación no avanzó. En el MP 5 de (la delegación) Cuauhtémoc me dijeron: ‘Usted es una ama de casa que no acepta la muerte de su hija’”.
En su declaración, Jorge afirmó que se fue de casa a las 12 del día y que, cuando regresó, la encontró ahorcada, colgada. Que, al intentar bajarla, el cuerpo se cayó y por eso estaba golpeado. Sin más, se determinó suicidio. A Jorge le informaron que podía ir al departamento por sus cosas y ampliar su declaración cuando quisiera. Se dio carpetazo. El cuerpo de Yang fue cremado.
Mónica clama: “Nos sentíamos solas, no sabíamos qué ocurría. Mi familia se fracturó”.
CDMX: VAN MIL 196 ASESINATOS EN 7 AÑOS
La violencia contra las mujeres en la Ciudad de México aumenta, pero los datos oficiales no las registran como feminicidios. VICE solicitó a la procuraduría capitalina, en un primer momento, las cifras de feminicidios y, después, los números de homicidios dolosos de mujeres.
Del 27 de julio de 2011 al 28 de febrero de 2018, se registraron 339 feminicidios, con números alarmantes en Iztapalapa (66), Gustavo A. Madero (36) y Tlalpan (33). Sin embargo, cuando se revisan los homicidios dolosos de mujeres, la incidencia aumenta de manera considerable: en el mismo periodo, 857, con mayores registros en Iztapalapa (178), Gustavo A. Madero (134) y Cuauhtémoc (81).
Juntando todos los casos de estos siete años, los asesinatos ascienden a mil 196. Se registraron 175 en 2015, 163 en 2016 y 167 en 2017. Son datos que superan cualquier estadística presentada.
JUSTICIA PARA TODAS
Un shock se aproximaba. El 31 de diciembre de 2016, Mónica Borrego estaba en Facebook cuando apareció la fotografía que denunciaba que Jorge Humberto posiblemente había asesinado a otra mujer: Campira Camorlinga Alanís.
Hasta hacía poco tiempo, Mónica tenía que contener la rabia cuando Jorge comentaba alguna foto de Yang en esa red social. “¿Por qué te rendiste?”, escribía el presunto feminicida.
Tras ver la denuncia de Sandra Alanís –tía de Campira–, Mónica contactó a sus hermanas y, más tarde, a Sandra, quien se mostró desconfiada. Finalmente se conocieron y todo concordó: coincidieron en que, primero, Jorge las alejó de sus familias y amigos, y luego las ahorcó. Desde marzo de 2017, trabajan juntas y crearon el grupo de Facebook “Justicia para Todas”.
Tras el revuelo mediático de «El Matanovias», en abril de 2017 la autoridad citó a Mónica. No se lo esperaba. “Me proyectaron diapositivas sobre qué es el suicidio. En tres horas, quisieron convencerme. Yo fui con Ana, mi hija, y estaban ahí el jefe de forense de la Fiscalía y una abogada. Según ellos, Yang se ahorcó con una bufanda. Te desaniman, quieren que te canses. Fueron unas siete reuniones”, cuenta en otro encuentro en febrero de 2018.
Meses después, capturaron a Jorge. “Ese día estuve en shock. Según yo, lo había trabajado, pero no”, dice Ana. “Estar en esto es muy desgastante: es tener la herida abierta y no cerrar ciclos”, continúa Mónica.
De vez en vez, Borrego piensa que pudo haber alejado a su hija de Jorge. No saca de su cabeza Los hubiera, Los qué tal si yo. “Ese sentimiento de culpa se trabaja con psicólogos, pero a veces no funciona. La autoridad nunca ofreció esa ayuda”.
Ahora lo sabe: “Declaramos en terribles circunstancias. No estábamos informadas. Y algo muy triste para mí es saber que el caso de mi hija sigue siendo considerado un suicidio. No es posible vivir con eso”.
