Ernesto Hernández Norzagaray
26/10/2018 - 12:02 am
Una nueva relación con los grandes empresarios
Veo y escucho el video donde el diputado morenista Pablo Gómez desde la tribuna fustiga a la bancada priista y panista…
Veo y escucho el video donde el Diputado morenista Pablo Gómez desde la tribuna fustiga a la bancada priista y panista, lanza contra ellos una filípica dura con gran puntería, les recuerda y nos recuerda a todos que en el tema del nuevo aeropuerto de la ciudad de México: “Peña Nieto sólo consultó a sus amigos y contratistas”. A nadie más. Y es cierto, la costumbre de este presidente ha sido la de no consultar a los ciudadanos pese a que está previsto en el artículo 35 constitucional. Simplemente tomaba y toma decisiones que los mortales, si teníamos suerte, nos enterábamos por la televisión, las redes sociales o las notas de la prensa. O, peor, ante hechos consumados y todavía mucho peor, cuando alguna de estas obras colapsaba y cobraba víctimas mortales.
Asumíamos quizá que era su derecho constitucional y que estaba en el tejido de la filigrana legislativa. Y qué además de los poderes constitucionales, estaban los metaconstitucionales que se lo permitía discrecionalmente. Pero, el hecho de que haya margen para esa discrecionalidad en la asignación con o sin licitación de obras, no significa que deje de atentar contra el deseo de los contribuyentes de ser informados de cómo se gasta el dinero de sus impuestos. No basta la narrativa de que todo lo que hace el presidente es “por el bien de México” y es imposible que el país viva en una consulta permanente. Nadie lo aguantaría. Pero, la Constitución mandata que, en casos especiales, cómo es el del NAIM, la ciudadanía debería ser consultada previamente. Pero, en el gobierno de Peña Nieto y antes con Calderón y Fox, nunca se hizo se ejercía simplemente esa discrecionalidad y punto.
Ahora, que López Obrador, hace una consulta sobre si debe continuar la construcción del nuevo aeropuerto, políticos y una franja de la comentocracia, pegaron un grito en el cielo, señalándolo de tomar decisiones anticonstitucionales, de estar fuera de la ley, y quizá no les falta razón, no es una consulta en los términos que lo establece la carta magna, pero, pregunto, ¿está obligado hacerlo siendo presidente electo? No. Puede hacer las consultas que él o su partido puedan pagar. Otra cosa será cuándo entre en funciones y para ello ofrece mejorar el artículo 35 constitucional y su ley reglamentaria, hacer efectiva la revocación de mandato.
Cierto, la mayoría de la gente no conoce la naturaleza de lo que va a votar y mejor, quizá muchos de los que van a hacerlo nunca han abordado un avión y mucho menos estado en un aeropuerto para discernir sobre si debe continuar la construcción de esta obra mayor en Texcoco. Ya no se diga sobre la parte técnica o financiera. Pero es un voto político, de apoyo a una agenda de cambios.
AMLO convoca como presidente electo, ya veremos qué es lo que resulta, seguramente solo una parte menor de la lista nominal sufragará y lo hará en su mayoría en contra de la construcción del aeropuerto. Y, eso será una referencia, para que AMLO luego en el uso de sus facultades constitucionales haga lo propio. O sea, con esta referencia puede hacer uso de las mismas facultades que han ejercido los que le antecedieron o veámoslo de otra forma no hay consulta a la población, pero ya ungido presidente decide no continuar con la construcción del nuevo aeropuerto.
¿Cuál sería la diferencia en términos de autoridad la decisión que tomó Peña Nieto cuándo asumió que la ciudad de México necesitaba ese aeropuerto de “primer mundo”? Ninguna. ¿Podrá alguien recurrir la decisión ante los tribunales cuando AMLO hace lo mismo que Peña Nieto nada más que al revés? Seguramente no. Entonces, estamos ante una consulta, cierto, no constitucional nunca se ha dicho que lo sea, pero probablemente legítima está en su oferta electoral y en el voto de más de 30 millones de mexicanos.
Y los resultados previstos habrán de tener consecuencias. La obra pública durante el gobierno de Peña Nieto se entregó a un selecto grupo de empresarios y consorcios y esta no es la excepción sino su confirmación. Una investigación realizada recientemente en la plataforma Compranet y recuperada en lo sustantivo por la revista Proceso, exhibe el destino de cuantiosas inversiones en obras. Se calcula que en los primeros cinco años de gobierno de Peña Nieto la inversión pública fue por un billón 184 mil millones de pesos.
Los empresarios beneficiados, nos indica la publicación, fueron “los dueños y presidentes de los consejos de administración… Carlos Hank Rhon, Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa Cantú, Hipólito Gerard Rivero, Carlos Ruiz Sacristán, Juan Miguel Villar Mir, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim Helú o Nicolás Mariscal Servitje, entre otros, tienen vínculos de larga data con el PRI, y en especial con el gobierno de Peña Nieto”.
“Las empresas, agrega Proceso, se repartieron las obras del sector energético, de la infraestructura, la venta de medicinas, las telecomunicaciones, seguros y transportes, de acuerdo con un análisis exhaustivo que realizó Proceso a los más de 972 mil contratos registrados en la plataforma Compranet entre enero de 2013 y marzo de 2018, así como a la plataforma que registra los megaproyectos”.
Más, todavía, “el gobierno de Peña Nieto también abrió en grande la puerta de los mercados públicos mexicanos a las empresas de capital trasnacional, como las españolas OHL, Elecnor, Avanzia, Sacyr, Aldesa, Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), Isolux, Sener o Infralux, así como la portuguesa Mota-Engil, la brasileña Odebrecht y la francesa Alstom, por citar las más destacadas. En conjunto ganaron contratos por más de 147 mil 322 millones de pesos en los últimos cinco años”.
Todos los gobiernos realizan permanentemente obra pública, contratan a las empresas que tienen los recursos humanos y materiales para realizarla, ese no es el problema, sino que las grandes obras no se consultan y en el mejor de los casos se informa que habrán de realizarse. Los contratistas son otras cosas, pero hay algo extraño cuando siempre son los mismos que están ligados al poder. Existe una mancuerna gobierno-empresarios que es la que hoy tambalea. Si López Obrador después de la consulta decide no continuar las obras del nuevo aeropuerto está pintando su raya. La decisión va más allá de está obra. Se trata de cambiar lo existente y establecer nuevas reglas. Ya lo sabremos quizá por el mismo Pablo Gómez.
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