Desde 2016, los barcos Titán II, Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Endeavour y Caballo Eclipse –propiedad de Oceanografía– comenzaron a vararse cerca de playas campechanas, en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos que cuenta con una superficie total de más de 706 mil hectáreas en las que alberga especies entre las que destacan delfines, manatíes, águilas, pelícanos, cocodrilos, garzas y jaguares.
La activista Lourdes Rodríguez Badillo, presidenta de Marea Azul AC, asegura que los dueños de los barcos no tienen intención alguna de sacarlos –a pesar de ser focos de contaminación de las aguas– y lo único que les interesa es cobrar los respectivos seguros.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Desde hace más de dos años, aguas de gran importancia ambiental situadas en Ciudad del Carmen, Campeche, están invadidas por barcos arrendados por Oceanografía SA de CV que las contaminan y que ponen en peligro a la fauna que las habita, denuncian organizaciones de la sociedad civil.
La empresa, que se fundó en 1968 para dotar de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (Pemex), fue señalada de haber recibido contratos millonarios durante los sexenios de los panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, e incluso los hijos de Marta Sahagún Jiménez, esposa de este último, se vieron involucrados.
En 2014, Oceanografía fue inhabilitada luego de que la Secretaría de la Función Pública destapara que había inflado diversos costos. Por si fuera poco, fue enajenada por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a un fraude en contra de Banamex Citigroup.
Desde 2016, los barcos Titán II, Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Endeavour y Caballo Eclipse comenzaron a vararse cerca de playas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos que cuenta con una superficie total de más de 706 mil hectáreas en las que alberga especies entre las que destacan delfines, manatíes, águilas, pelícanos, cocodrilos, garzas y jaguares.
La Laguna de Términos es la de mayor porción en el Golfo de México y cuenta con una profundidad promedio de 4 metros, con un par de bocas de conexión al mar: la de Puerto Real y la Boca del Carmen. En ese cuerpo de agua desemboca una porción de la principal red hidrológica de la zona costera del país, compuesta por los ríos Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta, de acuerdo con información del plan de manejo del Área Natural Protegida (ANP).
En entrevista para SinEmbargo, y en orden cronológico, la activista Lourdes Rodríguez Badillo, presidenta de Marea Azul AC, explica cuándo y por qué se vararon los barcos en aquellas aguas. Una de las causas comunes del varamiento de los 5 navíos fue la falta de abastecimiento de diésel.
Además, asegura que los dueños de los barcos no tienen intención alguna de sacarlos –a pesar de ser focos de contaminación de las aguas– y lo único que les interesa es cobrar los respectivos seguros.
«Oceanografía fue la empresa que los trajo acá, pero como Oceanografía está declarada en quiebra y los dueños de los barcos cuentan con seguro, prefieren que sean declarados como pérdida total, dejarlos allí y recibir su dinero», señala.
-El barco Titán II encalló el 4 de febrero de 2016 al carecer de propulsores y diésel. El pasado 9 de septiembre, la embarcación se incendió. Tras el percance, la Senadora Rocío Abreu Artiñano presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Profepa coordine y supervise «las medidas de contingencia ambiental que deberán instruirse para sanear y restaurar el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos». No obstante, a través de un comunicado de prensa, la dependencia aseguró que al tratarse de servicios petroleros la atribución recae en la ASEA.
-El Caballo Azteca varó el 11 de septiembre de 2017 por falta de diésel y ruptura de las cadenas del ancla.
-El Caballo de Trabajo encalló el 25 de octubre del mismo año por las mismas razones que la embarcación anterior.
-El Endeavour y el Caballo Eclipse encallaron el 8 de diciembre de 2017 por falta de diésel y éste último comenzó a hundirse a finales de enero del año en curso.
«Los soltaron por irresponsables, para no pagar tripulantes ni combustible. La excusa para que esos barcos estuvieran allí contaminando el agua de una zona protegida, era económica. Cuando [empleados de Oceanografía] soltaron el primer barco pensamos que se trataba de un accidente, pero al ver que eran 5 nos dimos cuenta que hay una gran irresponsabilidad no sólo de Oceonografía, y los dueños de estos barcos que se los arrenda, sino de las autoridades mexicanas», apuntala la ambientalista galardonada recientemente con la Medalla al Mérito Ciudadano edición 2017 «Ciudad del Carmen».
En el mismo sentido, Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, acusa que distintas dependencias deberían tomar cartas en el asunto para evitar que las embarcaciones –con recubrimiento de asbesto– continúen contaminando las aguas con los restos de aceites, gasolina y petróleo que aún conservan.
Entre las instancias que deben actuar para remover las embarcaciones, los defensores mencionaron a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Sin embargo, denuncian, ninguna de estas asume su responsabilidad.
«La ASEA tiene atribuciones para elaborar un plan de mitigación del daño ambiental, pero el procurador ambiental [Guillermo Haro Bélchez] no sólo tiene las facultades, sino tiene la obligación de implementar las acciones interinstitucionales –en este caso en conjunto con la Marina– para remolcar y desmantelar de inmediato estas embarcaciones», declara.
Ante el panorama expuesto, tanto Rodríguez como Hirales coinciden en que las autoridades deben sacar a las embarcaciones antes de finalizar el sexenio y no heredar el problema a la administración que entra en funciones el próximo primero de diciembre.
«Se tiene que meter orden y parte de este orden es quitar estos barcos que están a la deriva varados contaminando, dañando, erosionando, provocando saqueos, contaminación por asbesto. No hay autoridad que se responsabilice y tome acciones», recrimina la defensora y hace un llamado a que «hagan su trabajo antes de partir. Luego en las urnas se sorprenden, pero el pueblo está muy cansado. Hay mucha gente que no participa, pero observa».
Mientras tanto, el activista urge a que –de manera profesional y con personal completamente capacitado– se remolquen las embarcaciones para así terminar «de una vez por todas con el impacto ambiental tan grave que están ocasionando desde hace más de 2 años y medio».
Y remata: «Las autoridades que siguen en funciones y siguen recibiendo un pago están obligadas a resolver este problema antes de que finalice el sexenio. No tienen por qué dejar este problema a la siguiente administración. Si siguen cobrando como los servidores públicos que son en este momento, tienen la obligación de desempeñar su trabajo, no hay ninguna razón para dejar estos pendientes, estos problemas al próximo Gobierno».
