Montesquieu y Rousseau pensaban que el poder absoluto del rey debía sustituirse por el poder del pueblo expresado en leyes y que debía ser ejercido por tres funciones independientes para establecer un equilibrio en las decisiones del Gobierno; sin embargo, cuando este proyecto ideológico se convierte en realidad, algunas veces más bien parece que el monarca fue sustituido por el poder Ejecutivo y que el Legislador sólo sirve para legitimar lo que el primero decide.

Pocas veces se dan las circunstancias electorales para que efectivamente el Congreso del Estado pueda convertirse en el poder que equilibre las decisiones del Ejecutivo. Éstas se están dando en Chihuahua.

El Congreso consta de 33 diputados divididos en bloques según los partidos y alianzas que los propusieron, la mayoría necesaria para acordar asuntos es de 17 votos, pero ninguna de las dos grandes fuerzas los logra por sí solas: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) tiene 12 votos, y el Partido Acción Nacional (PAN) junto con Movimiento Ciudadano completa 13. Todos los días ambos tienen que batallar para conquistar los votos faltantes y llegar a los 17.

Aunque a los 12 de Morena y el PES se agregan cuatro votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la mayoría de las votaciones, el PAN no ha logrado consolidar ningún bloque y los votos de los partidos minoritarios se ejercen con mucha independencia; los diputados ahora deben tomar acuerdos por consenso para evitar la confrontación electiva. En estas primeras tres semanas de trabajo apenas se presentó la primera votación por confrontación, referente a la elección del Auditor General del Estado y a la elección de la Fiscal Anticorrupción, y la perdió el PAN.

Inicialmente estas elecciones fueron aceleradas por la anterior Legislatura dominada por el blanquiazul, buscando designar a uno de sus funcionarios para manejar los recursos públicos, pero los diputados de Morena se opusieron pues implicaban una serie de cambios anticonstitucionales; se le pidió entonces al presidente del Congreso que votara un acuerdo general para interponer una controversia constitucional contra la normatividad mencionada y la nulidad de los nombramientos.

El PAN reaccionó ruidosamente y exigió que se desechara el punto, aunque sólo obtuvo 13 sufragios contra 20. Esto llevó a una reunión de los coordinadores de bancada y a un acuerdo por consenso para que dicha controversia se presentara sin confrontar al Congreso en su conjunto; ahora ya sólo esperaremos que la Suprema Corte emita una resolución aplicando estrictamente el sentido de la ley conforme a la Constitución y a los convenios internacionales.

La discusión en torno a este nombramiento es relevante debido a que en la revisión de las cuentas públicas es donde se han fraguado las alianzas y la negociación de votos para la tolerancia de la corrupción, y la aprobación de las cuentas públicas de municipios y estados encubre la mala administración de los recursos de Gobierno. La independencia de la Auditoría Superior del Estado es fundamental para controlar la corrupción y creo que, al menos el jueves, el Congreso del Estado sí hizo honor a Rousseau en su prefacio al discurso sobre la desigualdad de los hombres: nadie debe estar por encima de la ley.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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