El Gobierno de Tabasco emitió una Declaratoria de Emergencia en las comunidades de tres municipios situados en Los Bitzales, zona en la que se produjo la muerte de decenas de manatíes y en donde la población ha denunciado problemas de salud a consecuencia de la contaminación de cuerpos de agua, supuestamente provocada por actividades de Petróleos Mexicanos.
No obstante, las autoridades atribuyen el problema a variaciones hidrometeorológicas atípicas, elevación de la temperatura ambiental, al incremento poblacional humano y a la intensificación de las actividades económicas en la zona afectada.
Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, criticó que el decreto no atienda la problemática que por meses han sufrido los pobladores y la fauna. Además, critica que la respuesta ha sido tardía, pues desde hace meses los afectados habían denunciado «una situación de emergencia en esta zona, derivada de la contaminación que realiza a diario infraestructura kilométrica de Pemex. Es lamentable que apenas el Gobierno la esté reconociendo y es aún peor que no reconozca las causas encabezadas por Pemex».
Por su parte, Joaquín Madrigal Olán, presidente de la Confederación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y Acuícola «El Faro», plantea que hasta el momento los afectados no han sido notificados sobre los apoyos que recibirán tras la declaratoria de emergencia y critica que únicamente se trata de una «treta» del Gobierno estatal para gastar recursos públicos.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Tabasco, encabezado por el perredista Arturo Núñez Jiménez, emitió una Declaratoria de Emergencia en comunidades de tres municipios situados en Los Bitzales, zona en la que ocurrió la muerte de decenas de manatíes y en donde la población ha denunciado problemas de salud a consecuencia de la contaminación de cuerpos de agua, supuestamente provocada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
A través de un documento publicado en el Periódico Oficial estatal el pasado 15 de septiembre, las autoridades reconocieron que a mitad de mayo pasado, instancias federales, estatales y municipales comenzaron a recibir reportes de vecinos de diversas comunidades de los municipios de Centla, Macuspana y Jonuta, sobre el hallazgo de manatíes –especie en peligro de extinción–, reptiles y peces muertos en los pantanos de Centla y las cuencas de los ríos Bitzal y Maluco; además de quejas sobre daños a la salud de los habitantes de dichas zonas.
Los manatíes habitan en la zona Pantanos de Centla, Tabasco, decretada como Reserva de la Biósfera el 6 de agosto de 1992 e inscrita en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en 1995. Dicha reserva abarca 302 mil 706 hectáreas en los municipios precisamente de Centla, Jonuta, Macuspana y Campeche, y alberga uno de los sistemas hidrológicos más grandes del país que incluye los ríos Grijalva y Usumacinta.
Los centros de salud –según información oficial compartida en el decreto– han atendido mil 459 pobladores de la zona del Río Bitzal y sus afluentes. Los principales motivos por los que los pacientes se han acercado a los médicos han sido principalmente infecciones respiratorias agudas, con 259 de los casos; infecciones de vías urinarias, con 223; dermatitis, con 194, y el resto corresponde a otros padecimientos.
Activistas y pobladores han puesto el dedo sobre la llaga: las causas de los decesos de las especies son en primer lugar los escurrimientos y fugas de pozos y ductos abandonados pertenecientes a Pemex, además del vertimiento de residuos domésticos, uso de fertilizantes y herbicidas en plantíos de palma africana y el cambio climático.
Sin embargo, en el mismo acuerdo, firmado por Núñez Jiménez, el Gobierno del estado asegura que aún se desconoce qué es exactamente lo que ha provocado la situación… pero presenta «probables explicaciones», entre las que incluye «variaciones hidrometeorológicas atípicas, elevación de la temperatura ambiental, incremento poblacional humano e intensificación de las actividades económicas en la zona afectada».
Las autoridades se comprometen a ejecutar medidas para restaurar los daños ambientales provocadas por los fenómenos señalados y de ser necesario, aseguran, se habilitarán centros de acopio de víveres, medicamentos y enseres proporcionados por las autoridades municipales, estatales y federales, además de la población civil y la comunidad internacional.
ES UNA TRETA DEL GOBIERNO DE TABASCO
Para atender la declaratoria de emergencia fue autorizada la aplicación de dos millones de pesos del Fondo de Contingencia de Tabasco (Focotab). A través de su cuenta de Facebook, la activista Juliana Cambrano criticó que «la única acción que [las autoridades] han anunciado emprender es la apertura de algunos comedores comunitarios por 15 días, con lo que anticipamos que no podrá atenderse a los más de 19 mil afectados de los 3 municipios, ya que el presupuesto asignado para atender la emergencia es de 2 millones de pesos del Focotab, lo que provocará sin duda conflicto social en las comunidades afectadas”.
En entrevista para SinEmbargo, Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, criticó que el decreto no atiende la problemática que por meses han sufrido los pobladores y la fauna. Además, critica que la respuesta ha sido tardía, pues desde hace meses los afectados habían denunciado «una situación de emergencia en esta zona, derivada de la contaminación que realiza a diario infraestructura kilométrica de Pemex. Es lamentable que apenas el Gobierno la esté reconociendo y es aún peor que no reconozca las causas encabezadas por Pemex».
El activista indica que además de la infraestructura obsoleta de Pemex, sin mantenimiento y con presencia de fugas de gas y petróleo, otras causas de la contaminación de las aguas son el uso de herbicidas como el glifosato, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno y la descarga de aguas residuales provenientes de la ciudad de Villahermosa.
«Entre la descarga de aguas residuales, los metales pesados, los herbicidas y los hidrocarburos han ocasionado una devastación ambiental y en la salud pública. Estamos hablando probablemente de uno de los desastres más importantes y graves en México», apuntala y advierte que de no reconocerse el verdadero origen del problema, será imposible atenderlo.
Y agrega: «[Las autoridades] no detallan ni especifican qué programas ni que estrategias van a implementar para atender a los pobladores, no mencionan si se va a evaluar la salud de todos los habitantes, tampoco dicen cuántas plantas potabilizadoras de agua les llevarán ni que centros de salud se ponen a disposición de las personas. La declaratoria no resuelve absolutamente nada. Lo que único que se entiende por parte de este decreto es que si habrá un flujo de dinero desde el Gobierno federal hacia el Estado, pero no dice cómo se va a ejercer ni a repartir. La corrupción es muy frecuente cuando surge un desastre en México, el ejercicio del gasto es opaco», manifiesta.
En el mismo sentido, Joaquín Madrigal Olán, presidente de la Confederación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y Acuícola «El Faro», indica a este medio que hasta el momento los afectados no han sido notificados sobre los apoyos que recibirán tras la declaratoria de emergencia y critica que únicamente se trata de una «treta» del Gobierno estatal para gastar recursos públicos.
Cabe mencionar que la economía local ha padecido también los estragos del desastre ambiental, ya que la pesca, su principal medio de subsistencia, se ha visto interrumpido y nadie compra el poco pescado que se llega a sacar, debido a la incertidumbre que existe sobre los posibles daños que acarrearía el consumo, además, el arribo de turistas se ha visto limitado.
«Es una declaratoria donde por ningún lado mencionan contaminación, solo culpan al calor. Es una treta para poder hacer uso de recursos públicos para paliar un poco este desastre», afirma el líder pesquero.
Finalmente, Hirales subrayó que «la política ambiental tiene que cambiar en este país, se le debe dar al medio ambiente una prioridad en el tema de seguridad nacional. No podemos seguir teniendo autoridades ambientales ineficientes e incapaces».
