El 19 de septiembre, el sismo de magnitud 7.1 provocó el colapso de parte de las instalaciones del colegio, ubicado en la delegación Tlalpan, en el sur de Ciudad de México. El derrumbe atrapó de lleno a, entre otros, un grupo de 19 niños que intentaban evacuar el edificio a través de unas escaleras. También murieron siete adultos.
A día de hoy, afirma el abogado, la directora del colegio, Mónica García Villegas, sigue prófuga: «Se siguen haciendo las indagatorias, sigue buscándola, pero hasta la fecha no la han encontrado». García Villegas es señalada como una de las principales responsables de la tragedia por haber ordenado construir un cuarto piso en el colegio, destinado a albergar el departamento en que vivía.
Por Isabel Reviejo
México, 17 de septiembre (EFE).- El derrumbe del colegio Rébsamen, en el que murieron 19 niños por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México, puso de relieve un mar de irregularidades que los familiares de las víctimas ahora tratan de exponer ante un juez para que una tragedia similar no vuelva a ocurrir, dice el abogado del caso.
«Los padres han estado muy interesados en dar seguimiento a todas las acciones posibles para generar un precedente, no sólo para reclamar una indemnización», asegura en una entrevista con EFE Julio Gutiérrez, abogado de las familias en el ámbito civil.
El 19 de septiembre, el sismo de magnitud 7.1 provocó el colapso de parte de las instalaciones del colegio, ubicado en la delegación Tlalpan, en el sur de Ciudad de México.
El derrumbe atrapó de lleno a, entre otros, un grupo de niños que intentaban evacuar el edificio a través de unas escaleras. También murieron siete adultos.
A día de hoy, afirma el abogado, la directora del colegio, Mónica García Villegas, sigue prófuga: «Se siguen haciendo las indagatorias, sigue buscándola, pero hasta la fecha no la han encontrado».
García Villegas es señalada como una de las principales responsables de la tragedia por haber ordenado construir un cuarto piso en el colegio, destinado a albergar el departamento en que vivía.
Gutiérrez, quien representa a 17 familias afectadas, indica que esta construcción se realizó «sin que se modificara el diseño ni se reforzara la estructura», e incluyó materiales «sumamente pesados», de acuerdo con peritajes realizados.
Además, el colegio se construyó entre 1983 y 1985; es decir, antes de que cambiara la normativa en materia de construcción en 1987. El Rébsamen «nunca fue adaptado» a las nuevas normas, por lo que «la estructura ya era riesgosa» desde entonces, sentencia el abogado.
Durante la construcción de la cuarta planta, de acuerdo con Gutiérrez, proliferaron los intentos de burla a las autoridades de la delegación, que finalmente dio el visto bueno.
En 2009, funcionarios de Tlalpan acudieron al colegio y constataron que se estaba construyendo un nuevo nivel sin licencia, y por ello al año siguiente se ordenó clausurar y demoler aquellas construcciones que se habían levantado sin permiso.
«Esto nunca ocurrió», indica Gutiérrez. Es más, en 2013 los responsables del Rébsamen presentaron a la delegación un aviso de obras -que no requiere un permiso institucional- para, supuestamente, hacer arreglos menores.
En otra nueva inspección, la delegación verificó que dichos trabajos no eran «superficiales», sino que «realmente se estaban haciendo trabajos mayores».
Las sospechas son que ese año se retomó la construcción del cuarto piso, con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como una escalera que unía el tercer nivel con el cuarto.
Se declaró otra clausura, pero el abogado la considera «simbólica», dado que el inmueble nunca cerró sus puertas y las clases continuaban.
Finalmente, García Villegas presentó ante la delegación una carta firmada por un director responsable de obra y un corresponsable de seguridad estructural que decía que la estructura era «segura», aunque nunca aportó los análisis técnicos que supuestamente habían llevado a cabo para demostrarlo.
«Pagaron la multa y se levantó la clausura», señala Gutiérrez.
El letrado agrega que, además, se han descubierto otras irregularidades, como que «el plan de protección civil no era el adecuado», aunque fue validado por la delegación.
«Los niños no debieron haber bajado por esa escalera; debieron haberse quedado en el salón (de clases)», defiende.
Por otro lado, hay «indicios de que la licencia del uso del suelo del colegio fue falsificada».
Los familiares de las víctimas interpusieron el pasado abril una demanda colectiva ante un juez de distrito.
Responsabilizan a la directora del colegio y a las sociedades que lo operaban, así como a las «autoridades que tenían dentro de sus atribuciones verificar que la escuela fuese segura», entre ellas la delegación y la Secretaría de Educación Pública.
También están incluidos el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones capitalino. Ambos sólo actúan cuando se lo pide una autoridad, pero la demanda quiere que «todas las instituciones que tienen atribuciones de verificar estructuras educativas lo hagan» aunque no se lo pidan explícitamente.
El procedimiento civil atraviesa la fase llamada «certificación de la acción colectiva». En esta, todas las autoridades han pedido que se deseche la demanda, salvo la delegación.
En cuanto a García Villegas, que por motivos obvios no ha podido ser notificada personalmente, «lo más probable es que el juez ordene, después de haber agotado todas las posibilidades, que se notifique a través de edictos o publicaciones en el periódico», concluye Gutiérrez.
En el ámbito penal, se ha iniciado un procedimiento contra el director responsable de obra del Rébsamen por el delito de homicidio, y actualmente está en prisión preventiva.
