Un reporte de la secretaría de la defensa nacional indica que actualmente, hay poco más de 530 generales en el Ejército Mexicano, pero la tradición impone que entre 25 de ellos, es seleccionado el secretario general de la defensa por el presidente de la República.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, ya fue claro en dos cuestiones relacionadas con el ejército mexicano. Primero, que quien encabece la SEDENA será un general en activo, desechando con ello la comentada probabilidad que el general Audomaro Martínez Zapata -parte de su equipo desde 2006- llegara a esa posición, con todo y que se retiró como general brigadier. Segundo, que el ejército mexicano, como la marina, seguirán en las calles colaborando en el combate al narcotráfico y la criminalidad organizada.

En esas condiciones, los ojos están puestos entre los generales de división, todos ellos diplomados del estado mayor, que integran el llamado cuadro de honor. Los que colaboran en primera línea con el actual secretario de la defensa nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda. Se trata de cuatro hombres para integrar la lista corta: el general Roble Arturo Granados Gallardo, subsecretario de defensa, el oficial mayor de la SEDENA, general Eduardo Emilio Zárate Landero, también el inspector y contralo de la fuerza aérea, general Pedro Felipe Gurrola Martínez, y el comandante de la fuerza aérea mexicana, (que en el nombre lleva el oficio), Aéreo Miguel Enrique Vallín Osuna.

Después de la lista corta, está la ampliada, donde se suma a nueve titulares de posiciones preponderantes en la defensa nacional: el comandante del primer cuerpo militar, el general Raúl David Guillen Altuzar, el director del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas, general Francisco Ortiz Valadez, el director general de personal, general Gustavo Nieto Navarro, el titular de la policía militar, Lucino Carlos Piedra Lezama, el jefe de caballería, general Adolfo Domínguez Martínez, el de artillería, general Francisco de Jesús Leana Ortega, el director de industria militar, general José Ricardo Bárcena Rosiles, y el titular de fábricas de vestuario y equipo, general Juan Manuel Castillo Segura.

Si entre la lista el presidente electo no coincide con alguno de los generales para acreditar el nombramiento, tiene más nombres para seleccionar. Los generales de división encargados de cada una de las doce regiones militares en la República Mexicana. En la primera región, el general Dagoberto Espinoza Rodriguez, segunda, Gabriel García Rincón, tercera, Andre Georges Foullon Van Lissum, cuarta, Luis Cresencio Sandoval González, quinta, David Corona Campos, sexta, José Luis Sánchez León, séptima Carlos Ramón Carrillo del Villar, octava, Alfonso Duarte Múgica, novena, Juan Manuel Rico Gámez, décima, Francisco Aguilar Hernández, onceava, Raúl Guillen Altuzar, y doceava, Ángel Prior Valencia.

En total, 25 generales de división de entre los cuales elegirá el presidente electo al sucesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, para seguir coordinándose con las autoridades civiles en el combate a la criminalidad en el país.

Aun cuando López Obrador ha presentado a la mayoría de quienes integrarán su gabinete, en el caso de las fuerzas armadas ha sido reservado. No se sabe si decidirá del cuadro de honor, donde destacan los generales Granados y Gurrola, o enfocará su mirilla hacia las regiones, pero de donde sea, resulta importante conocer la estrategia militar interna que seguirá la presidencia del de Morena.

Aun cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que los elementos del ejército primero, y los de la marina después, salieron a las calles de México para perseguir narcotraficantes y criminales organizados, y la acción permaneció durante la administración de Enrique Peña Nieto, el liderazgo presidencial ha preponderado en la forma en que los militares actúan con los civiles.

Por ejemplo, si con Calderón podían acudir a realizar operativos para rescatar secuestrados, aprehender narcotraficantes y coordinarse con los gobernadores para ejercer un mando único en la práctica, con Peña recularon un mucho. De hecho, al inicio de la presente administración fueron retirados muchos puestos de seguridad en las carreteras, que impedían en la medida de su capacidad, el trasiego de droga por México. Retenes que estaban instalados en las zonas de mayor tráfico de drogas entre un estado y otro, fueron eliminados de tajo.

Felipe Calderón mantuvo una política de cuarteles abiertos a la sociedad, los generales organizaban actos no solo de convivencia para civiles, también de información para los grupos de la sociedad civil y de participación con otros órdenes de gobierno. La información fluía en la misma medida. En el último sexenio panista los generales se volvieron protagonista de la lucha contra las drogas.

A la llegada de Enrique Peña Nieto, los generales se resguardaron más en sus centros militares. Se les prohibió compartir información, se les obligó a trabajar a la par de la policía más corrupta del País, la federal. Y con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, prácticamente fueron marginados de los operativos para la aprehensión de narcotraficantes y criminales.

Sin un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas junto a las autoridades civiles en materia de combate a la inseguridad, y una ley de seguridad del interior sobre la cual la suprema corte de justicia de la Nación analiza su constitucionalidad, solo queda el cariz que Andrés Manuel López Obrador le dé a su política sobre seguridad. Si como Calderón confiará mayormente en la labor de militares en el combate a la criminalidad, o si como Peña mantendrá a los soldados en los cuarteles y solo actuando en la periferia de los operativos.

Considerando que no ha habido una depuración en la policía federal (tampoco en las estatales), la labor del ejército y la marina en el próximo sexenio será determinante para disminuir la inseguridad en México. Ha sido evidente, tan solo por el número de ejecutados, poco más de 100 mil con Calderón y unos 150 mil con los que concluirá el periodo de Peña, que la paulatina retirada del ejército no fue la estrategia adecuada.

Ojalá así como ha realizado designaciones, que ciertamente concretará el 1 de diciembre cuando tome posesión, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, también sea transparente con los nombramientos en las fuerzas armadas, y especialmente con la estrategia que seguirá.

Y claro, que elija a un general comprometido, operativo, con capacidad e inteligencia para, en el contexto de inseguridad y violencia que vive el país, contribuir a la tranquilidad de tantas familias que lloran a sus muertos o buscan a sus desaparecidos, en un país sin ley, sin estado de derecho, y en el cada seis años cambia la política en todos los sectores, para someterla a la personalidad del comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente de la República.

Adela Navarro Bello

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