Puebla acumula desapariciones de mujeres y feminicidios aún así no se decreta la Alerta de Género. Entre 2016 y 2017, una solicitud de la medida contra la violencia ya fue rechazada y otra –que agrupa tres peticiones– está en trámite.
Grupos civiles promoventes ya impugnaron la negativa de la primera y para la segunda el proceso también ya está en tribunales ante lo que consideran omisiones y análisis superficiales de la problemática que padecen las mujeres en la entidad.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Puebla, con apenas 6 millones de habitantes, atraviesa una crisis de desaparición de mujeres y niñas. Pero el desinterés de la Secretaría de Gobernación (Segob) por investigar a fondo este fenómeno y su relación con delitos el feminicidio puede derivar en que, por segunda ocasión, se rechace la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, alertan organizaciones civiles.
El temor de las activistas no es menor, pues la entidad acumula dos solicitudes de Alerta de Género: la primera impulsada por la organización «Todos para Todos», que fue rechazada y se encuentra en tribunales; y otra que actualmente está en trámite, en la que se agruparon las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la organización Protección Popular y la agrupación civil Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDHAC), y cuyo proceso ya fue impugnado.
La última petición realizada, en noviembre del año pasado, enfatiza en que se investiguen las desapariciones de mujeres en la entidad, además de los casos de violencia feminicida.
Datos de la Fiscalía General del Estado –obtenidos vía transparencia por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– señalan que entre 2015 y 2016 desaparecieron 820 mujeres, a seis de ellas las encontraron muertas y 300 no fueron localizadas. Para el año 2017 se registraron 276 casos y sólo de 27 se supo el paradero.
La cifra de feminicidios reconocidos por la Fiscalía de Puebla fue de 12 en el año 2016, para el siguiente año aumentó a 27 y hasta julio de este año se investigan 13.
Los datos reflejan sólo las investigaciones que son tipificadas bajo ese delito por las autoridades locales, aunque detrás podría haber más y que se califican sólo como homicidios dolosos ante una falta de investigación adecuada de las autoridades, según han alertado diferentes organizaciones sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en Puebla hubo 91 homicidios de mujeres en 2015, la misma cifra en 2016, para 2017 se reportaron 140. Mientras que la prensa local ha contabilizado al menos 64 muertes violentas en lo que va de 2018.
EL TORTUOSO CAMINO
La implementación de la AVG en Puebla se solicitó por primera vez desde 2016. En marzo de ese año –con Rafael Moreno Valle como Gobernador de la entidad– la organización «Todos para Todos» solicitó la medida de emergencia y el 7 de julio –ya con Antonio Gali Fayad al frente de la administración estatal– se notificó la no procedencia.
«Todos para Todos» obtuvo un amparo contra la resolución de la Segob, con el que el Juzgado Cuarto en Materia Civil Administrativa del Trabajo y Juicios Federal del Sexto Circuito presionó a la instancia para reconsiderar la implementación de la AVGM o renovar las recomendaciones que hizo al Gobierno poblano en esa ocasión para erradicar la violencia de género contra las mujeres de la entidad.
La primera solicitud fue denegada por la Segob porque concluyó que el Gobierno estatal había cumplido con las recomendaciones que le dio, sin embargo, este año la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) –que se encarga de coordinar el grupo de trabajo de evaluación– volvió a solicitar las mismas medidas, como la capacitación de funcionarios públicos, además de tres diagnósticos: sobre educación en temas de género, trata de personas y atención a víctimas de violencia y la creación de una fiscalía especializada en atender delitos de género.
“Eso evidencia que el Gobierno de Puebla simuló que cumplió las recomendaciones de 2016, y la Conavim lo aprobó. [Con esa simulación] Sólo ponen en riesgo la vida de niñas y mujeres”, reclama Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa de igualdad y justicia del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr), que da seguimiento a la alerta.
La activista resalta que lo más preocupante es que la Conavim sólo apuesta a las acciones estructurales a largo plazo e «ignora» que la AVGM se creó para actuar de manera inmediata ante contextos de violencia de género extrema que ponen en riesgo la vida de mujeres y niñas.
En 2017 –dos meses después de que la Segob negó la AVGM en Puebla– el feminicidio de la estudiante Mara Castilla en San Andrés Cholula consternó a la ciudadanía. Ella abordó un taxi Cabify, fue reportada como desparecida y posteriormente la encontraron asesinada y con signos de violencia sexual. Ante este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó una segunda alerta en octubre de 2017 por violencia feminicida, misma que la Conavim agrupó con la petición que las organizaciones Protección Popular Nacional y Sumando por Guerrero hicieron ese mismo mes, así como con la de la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; la petición se admitió a trámite en noviembre de 2017.
El grupo de trabajo coordinado por la Conavim realizó el informe sobre el contexto en la entidad y lo presentó hasta mediados de julio de 2018, aún cuando el reglamento de operación de la Alerta de Género establece un plazo de dos meses para hacerlo. “[La Conavim] no respeta ni su reglamento”, resalta Guzmán Cortés.
El Gobierno de Gali Fayad tiene un plazo de seis meses para cumplir las 15 recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo, de no hacerlo la AVGM tendría que decretarse.
Ante las irregularidades y omisiones el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Academia, Litigio Estratégico impugnaron el proceso de la elaboración del diagnóstico y los resultados de la Conavim.
La coordinadora del OCNF), María de la Luz Estrada, pone como ejemplo que el diagnóstico sobre desaparición es «superficial”: incluye datos que no están actualizados –contiene cifras del 2015– y se pretende relacionar todos lo casos con la trata de personas, cuando organizaciones civiles ya han identificado otros patrones.
«Hay mujeres que son constantemente violentadas en sus relaciones y tiempo después desaparecen, este tipo de factores no los contempló la Conavim. Queremos que se investiguen todas las posibilidades para garantizar a las víctimas y sus familias el derecho a la justicia”, demanda Luz Estrada.
El amparo ante un juzgado federal pretende obligar a la instancia a investigar de nuevo todos los factores que influyen en las desapariciones de mujeres, así como en la violencia de género en Puebla y con ello emitir nuevas recomendaciones para enfrentar el problema.
En la demanda, en manos de SinEmbargo, la organización argumenta que la Conavim violentó el debido proceso e incumplió su reglamento, “pues no garantiza la debida diligencia y perspectiva de género”, además de entregar un informe basado en una investigación inefectiva.
Muestra de esto, señala la solicitud de amparo, es que aunque en el informe se reconoce el incremento del crimen organizado en algunas regiones del estado y el “entorno geográfico que rodea la trata y la explotación sexual de las mujeres en el llamado corredor Puebla-Tlaxcala”, el grupo de trabajo de la Conavim redujo las recomendaciones a acciones que ya son obligatorias y están establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Igualdad, así como en sus homólogas estatales.
«Ejemplo de ello es la recomendación de un ‘Programa único de capacitación sobre violencia feminicida, violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual así como búsqueda y desaparición’ cuando -dado el carácter emergente de la AVG- las acciones tienen que ser principalmente estructurales y a corto plazo», argumentan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Academia, Litigio Estratégico en su solicitud de amparo.
El recurso interpuesto tiene un mayor alcance y de ganarse, la Conavim estaría doblemente obligada a cambiar su diagnóstico sobre la violencia de género en el estado, pues lo tendría que hacer también para la primera solicitud que fue rechazada.
La coordinadora del OCNF lamenta que sea necesario recurrir a recursos penales para obligar a la Segob a atender la violencia contra las mujeres y señala que «no es que la AVGM no funcione, lo que no funciona son los malos informes que no están atacando el problema, que no están haciendo una investigación seria que permita recomendar a partir de un contexto que está poniendo en riesgo a las mujeres”.
La defensora de derechos humanos Mariel Guzmán también identifica una serie de irregularidades en el proceso para solicitar la alerta en la entidad. La primera es que la Conavim agrupó tres solicitudes que hacen énfasis en temas distintos: la violencia feminicida, sexual y las desapariciones, pero ninguno de ellos se analizó a fondo, lo que se constata en el informe final de evaluación, donde, al contexto de delitos sexuales se le dedican dos párrafos y la desaparición de mujeres y niñas sólo un apartado de menos una cuartilla de extensión.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio explica que los funcionarios federales usan la coyuntura política para obstaculizar la medida de emergencia. «En la Segob ponen de pretexto que ya se van y nadie se hace responsable de nada, con dolo ignoran actuar ante situaciones que vulneran la vida de las mujeres ”, denuncia.
En días pasados, el OCNF y las más de 80 asociaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (Red TDT) reclamaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, su inacción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y recalcaron que aún queda un centenar para que su mandato concluya.
Y al Gobierno Federal electo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo llamaron a evitar retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, de manera específica se dirigieron a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien solicitaron fortalecer la Conavim.
