Las noticias sobre la guerra que ocurre en Jalisco no dan tregua a lo largo del año. El panorama completo de estas informaciones muestran, sin lugar a dudas, que esta entidad se encuentra en el peor pico de la guerra, con un alza consistente en todos sus indicadores: asesinatos violentos, masacrados, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas y también del performance que brutaliza la muerte: descabezados, desapariciones masivas, masacres colectivas, descuartizados.

Ante el evidente pico de esta guerra, la respuesta de las autoridades locales ha sido no sólo incompetente, sino negligente y en cierto sentido criminal, pues sus respuestas parecen más una estrategia de administrar la guerra, que combatirla.

En lo que va del año se han producido más de una docena de momentos críticos que muestran la intensidad de la guerra. Algunos se han convertido en notas de relevancia nacional e incluso internacional, como la desaparición de tres italianos en el municipio de Tecalitlán el 31 de enero o la desaparición de tres estudiantes de cine en Tonalá el 18 de marzo y la supuesta “verdad histórica” del gobierno estatal de que fueron desaparecidos en ácido por una célula del crimen organizado.

Pero hay muchas otras notas que no alcanzan el eco nacional, que son igual de graves. Por ejemplo, la desaparición masiva de cuatro adultos (dos tapatíos y dos veracruzanos) en Autlán el 1º de febrero, aparentemente por la misma policía municipal.

La guerra no es solo entre grupos de criminales, como fácilmente pretende explicar el gobierno local que encabeza el priista Aristóteles Sandoval Íñiguez. Las fuerzas de seguridad federales y estatales son responsables de varias batallas de esta guerra. De hecho, los malos augurios de la guerra en Jalisco este año comenzaron en diciembre de 2017 con un notable incremento de operativos de la Marina que dejaron un saldo de denuncias de violaciones a derechos humanos en varios municipios del sur del estado y con casos flagrantes de operativos ilegales de los marinos en domicilios de la zona metropolitana de Guadalajara donde se allanaron, sin orden judicial viviendas, se golpearon a inocentes, y se robaron propiedades, sin que hubiera partes oficiales, denuncias ante la fiscalía o siquiera denuncias ante los medios informativos, por las amenazas de represalias. A la Marina se acusa de la desaparición de Ulises Adair Cardona Flores, un chico de 17 años, desaparecido el 22 de febrero en el municipio de Tecalitlán.

Con la misma intensidad de los operativos ilegales de la Marina, se han sucedido las masacres y asesinatos masivos en Jalisco. En febrero fueron asesinadas seis personas en una marisquería de Tlaquepaque; el 6 de marzo fue encontrada una camioneta con ocho muertos en colonia Morelos de Guadalajara; entre enero y julio ocurre otra oleada de asesinados masivos y ejecuciones en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.

El 21 de mayo ocurrió el intento de ejecución del ex fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, en la avenida Chapultepec, una de las más concurridas de la capital jalisciense. Ese mismo día hubo narcobloqueos. Uno de ellos provocó la muerte del bebé Tadeo de tan sólo ocho meses y graves quemaduras a su madre Elizabeth de la Rosa quien falleció el lunes 20 de agosto.

En los meses de junio y julio ocurre otra oleada de asesinatos masivos en la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellos el asesinato de siete personas en una fiesta que se celebraba en una colonia periférica de la ciudad.
El parte de guerra más reciente es el descubrimiento de varias fosas clandestinas en distintos municipios de la zona metropolitana en las que se descubrieron casi 50 cuerpos.

Todos estos episodios nos hablan de un incremento de la guerra en Jalisco. Los indicadores son escalofriantes. Desde que comenzó la supuesta guerra contra el crimen organizado, las cifras de homicidios dolosos se han cuadriplicado en el estado. En 2007 hubo 389 asesinatos violentos; en 2017 (el año más violento, al igual que en todo el país) hubo 1,582 muertes violentas y en lo que va del año la cifra se acerca a 1,200 asesinatos. Si la tendencia se mantiene, este año romperá el record de muertes violentas.

En Jalisco se está desapareciendo a personas como nunca en toda la historia. El registro oficial del gobierno federal reconoce (hasta abril de este año) a más de 3,300 personas. Como en el resto del país las familias organizadas que tienen desaparecidos, como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), reportan muchas más. Reporteros del diario NTR Guadalajara contabilizaron 5,721 desaparecidos de 2006 a abril de 2018, mediante solicitudes de transparencia a la Fiscalía General del Estado. La tasa de incremento de desaparecidos es brutal. En 2006 había 60 personas desaparecidas, ahora ya son más de 5,700. De 2016 a 2017 el reporte de personas desaparecidas aumentó 51 por ciento.

A fines de julio y comienzos de este mes se encontraron al menos seis fosas con 48 cuerpos tratados de desaparecer para siempre en esos centros de exterminio. Los hallazgos ponen a Jalisco en los primeros lugares de fosas y cuerpos. De 2009 a la fecha se han encontrado 216 fosas con 348 cuerpos, según documentó el periodista y académico Darwin Franco.

Esta explosión de fosas clandestinas, los datos oficiales y sus propios registros llevaron a concluir a las familias organizadas que en Jalisco está en estos momentos en su peor crisis de desaparecidos, como declararon Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y Consuelo del colectivo Por Amor a Ellxs.

¿Por qué ocurren estos tiempos violentos en Jalisco? En primer lugar, coincide con el pico de la guerra que se vive en México. 2017 ha sido el año más violento de la historia reciente, además de la tendencia imparable de desapasiones. La versión del gobierno de Jalisco es que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está atravesando una división con el intento de establecer otra organización, el Cartel Nueva Plaza (CNP) y que ello genera toda esta confrontación, con sus saldos de sangre y muerte.

Pero esta explicación, parece más bien una justificación. A estas alturas está claro que las autoridades no están deteniendo esta guerra, simplemente la están administrando. La administran al actuar de manera ineficiente o negligente investigando y resolviendo cada crimen, y la administran al hacernos creer que combaten esta guerra cuando en realidad son parte de ella.

Jalisco ha sido un territorio clave para el funcionamiento de los grandes negocios del capitalismo ilegal del que forman parte el tráfico de drogas y otros como tráfico de personas, órganos y armas. Junto con Sinaloa, Jalisco fueron los territorios iniciales de estos grandes negocios. En este estado se conformó la primera coordinación nacional de los grupos dedicados al tráfico de drogas con el Cártel de Guadalajara encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, a comienzos de los 80’s.

Ahora lo sigue siendo no sólo por sede del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que según el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, es el único que se mantiene actualmente en México mientras que los anteriores como el de Sinaloa, los Zetas o el del Golfo se han convertido en células.

Jalisco se ha convertido en un teatro principal de operaciones de la guerra por la disputa del control de este negocio, pero también porque su territorio es clave para la producción y distribución de estas mercancías. Por sus costas ingresan de manera ilegal productos provenientes de Asia o de Sudamérica. En varios municipios están montados los laboratorios donde se procesan los químicos que vienen de Asia en drogas que se distribuyen en el mercado.

Por los puertos, carreteras, aeropuertos, centrales de autobuses, empresas de paquetería y otros medios, se distribuyen estas mercancías. Todo esto ocurre mientras, supuestamente, se intensifica la guerra contra el crimen organizado.

Esto nos lleva a un juicio a la autoridad, tanto al gobierno estatal como federal. Tras doce años de supuesto combate al crimen organizado estamos peor que nunca, y no es porque no puedan, sino porque una parte de ese Estado es aliado de una parte de las mafias que se disputan el territorio, poniendo a la sociedad en medio.

Esto ocurre ahora en Jalisco. Estamos en tiempos violentos, en el peor pico de la guerra, y no solo porque los narcos se pelean por territorios o el control de sus cárteles, sicarios y armamento. También por la complicidad oficial.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días