El primero de julio los juarenses votaron para elegir a su presidente municipal. Las opciones reales eran Javier González Mocken, candidato por Morena, PES y PT, y Armando Cabada, candidato independiente que busca la reelección. Al término del PREP ganaba González Mocken por más de 4 mil votos y tras el cómputo final (voto por voto y casilla por casilla) seguía adelante por más de 900 sufragios.

Ante esto, Armando Cabada presentó juicios de inconformidad contra la resolución que reconocía a Javier González Mocken como ganador de las elecciones municipales; Morena y el PES respondieron con sus propios juicios y finalmente el 11 de agosto el Tribunal Estatal Electoral emitió su sentencia sobre el conflicto en torno al próximo alcalde local: a la impugnación del independiente le dedicó más de mil 400 páginas y se concentró en 43 casillas que aparentemente le favorecían, y a las acciones presentadas por el Partido Encuentro Social y Morena apenas les dedicó cinco cuartillas, un trato burocrático y una resolución adversa.

La voluntad de los juarenses abarcó mil 992 casillas instaladas en todo el municipio, por lo que resulta absurdo que el Tribunal la rechace con sólo 43; justamente el magistrado Adrián Jácquez Flores emitió un voto particular argumentando que era insuficiente ese análisis para enfrentar la tendencia expresada por los fronterizos.

El proceso que se sigue al terminar la votación es levantar un acta en el domicilio donde se recibieron los sufragios; esta es el acta fundamental, contiene los resultados que ven de inmediato los funcionarios de casilla y se le denomina el acta de escrutinio y cómputo de casilla. Tres días después empieza el recuento de los votos en el edificio de la asamblea municipal para crear las actas de cómputo, aquí se revisan los votos de los mil 992 paquetes electorales en sesiones que van desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Aquí hay mayor riesgo de error humano.

Después se revelan los resultados de cada casilla computada ante los miembros de la asamblea electoral y los representantes de los partidos, y estos se capturan ahí mismo a la vista de todos para poder hacer cualquier tipo de corrección y crear la constancia de captura de votos. También en este proceso se suelen cometer muchos errores humanos.

Cuando se ubica un posible error, se deben cotejar las actas de escrutinio y cómputo, las actas de cómputo, la constancia de captura de votos y volver a contar los votos que se conservan en el paquete electoral. Sin embargo, como si se tratara del cobro de un pagaré, el Tribunal Estatal sólo cotejó la constancia de cómputo y de captura de votos, los dos últimos momentos del proceso y en donde sólo constan anotaciones burocráticas (algunas hechas a mano y otras en computadora), de las mencionadas 43 casillas; y pese a la enorme trascendencia de su resolución, aún se abstiene de revisar sus actas originales de escrutinio y cómputo, y recontar los votos.

Un detalle más, desde la experiencia electoral de quienes hemos estado en esta faena: siempre deben compararse el número de boletas recibidas al inicio de la jornada electoral con el número de boletas usadas y el número de boletas sobrantes, y su suma debe coincidir. Pero en el caso de estas 43 casillas no hay constancia del número de boletas recibidas, sólo de las utilizadas y las sobrantes.

Aunque esto parece un error mínimo, los que vivimos las épocas de los grandes fraudes electorales sabemos que esa comparación era vital (aunque omitida por las directivas de casilla de los dirigentes seccionales del PRI que trabajaban para la Secretaría de Gobernación) porque siempre aparecían más boletas utilizadas que las recibidas: 10 o 20 ya marcadas que los votantes fraudulentos llevaban en su poder. Exigimos hacer esta comparación hasta que se estableció legalmente como causal de nulidad de la casilla.

Seguramente los magistrados del Tribunal no vivieron esos tiempos, o formaban parte del ejército de taqueros (los votantes fraudulentos, que cargaban con sus tacos de boletas marcadas), y por eso no dejaron constancia de cuántas boletas se recibieron en cada casilla. Pero esta omisión deja sin origen evidente los nuevos votos a favor del candidato independiente, porque además tampoco se cotejó el número de votos emitidos contra el listado nominal de la casilla.

Por estas circunstancias consideramos que la resolución es ilegal y está emitida a las prisas, con un interés tal vez burocrático y corrupto, es ajena a la voluntad del electorado y que sólo crea más preguntas que respuestas: ¿Ahora quién es el presidente municipal de Ciudad Juárez? Aunque esto lo resolverá jurídicamente la sala regional de la Corte, en Guadalajara, Jalisco, la duda ya quedó sembrada en nosotros desde hoy y para siempre.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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