La legislación mexicana es limitada y poco apegada a la realidad respecto a algunos otros países de Latinoamérica y el Caribe, como Cuba, Guyana y Uruguay donde el aborto es legal, seguro y sin restricciones para las mujeres, coinciden grupos civiles.
En la Ciudad de México, el aborto es legal por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación desde 2007. En 11 años, desde su legalización, se han registrado 199 mil 230 abortos en la capital del país, de acuerdo con datos del Sistema de Información del Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, las diferencias con las legislaciones locales hacen del aborto un tema que deja a miles mujeres en la ilegalidad, criminalizadas y en serios riesgos de salud, alertan especialistas.
Una acción urgente, dice la organización GIRE, es realizarreformas a los códigos penales de cada entidad, o incluso proponer una Ley federal –como ya propone Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación– que valide procedimientos seguros y la no criminalización de las mexicanas por un tema de salud pública y de libre albedrío.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– México tiene un largo camino por recorrer dentro de los congresos locales para que la interrupción del aborto sea legal, libre y sin riesgos de salud para las mujeres. Sin embargo, el estancamiento actual en esta marcha podría superarse, luego de que Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se pronunciará por someter al Congreso un reclamo extendido ente las mexicanas: la legalización del aborto.
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher expone que entre 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. El 97 por ciento de estos casos registró en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.
En México, durante los primeros siete meses de 2018, el aborto ocupó el tercer lugar en las defunciones maternas, debajo de la hemorragia obstétrica y la enfermedad hipertensiva, de acuerdo con cifras de Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Pública (SSP), aunque grupos civiles afirman que las cifras de muertes por aborto son aún más altas pues en la mayoría de los casos se realizan de forma clandestina y no se denuncian.
No obstante, no sólo la vida de las mujeres mexicanas está en riesgo por un aborto clandestino. Si sobreviven a ese proceso también son criminalizadas por la justicia y por la sociedad. Datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil, entre 2000 y 2017, muestran que al menos 3 mil 900 mujeres mexicanas han sido encarceladas por abortar.
En este sentido, las organizaciones civiles critican el atraso en el que permanece la legislación mexicana a nivel federal, pues es restricta con respecto a otros países de América Latina y el Caribe, como lo son Cuba, Guyana y Uruguay, donde el aborto es legal y sin restricciones.
En toda la entidades de la República Mexicana el aborto es legal cuando se trata de casos de violación sexual y sólo en la Ciudad de México, desde hace 11 años, el aborto por voluntad de la mujer es legal hasta las 12 semanas de gestación.
En este contexto existen diversos factores que habría que atender para avanzar hacia una despenalización general del aborto en todo el país, entre ellos una serie de reformas a los códigos penales locales o la creación de un Código Penal Único, refiere Gire, Organización No Gubernamental (ONG).
La Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien será la Secretaria de Gobernación del nuevo Gobierno federal, expuso recientemente que propondrá reformas que lleven a una legalización del aborto en todo el país, pues considera que la experiencia positiva que se tiene del caso de la Ciudad de México es uno de los parámetros que marcarán una diferencia en la discusión, en camino a defender los derechos reproductivos de la mujer en la próxima administración.
LA LEGISLACIÓN DIFERIDA
En 17 estados de la República Mexicana las Constituciones locales protegen la vida desde la concepción; es decir, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo.
En julio pasado, Olga Sánchez Cordero, virtual titular de la Segob en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscará promover la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en todo el país, tal cual como se prevé en la Ciudad de México.
El Código Penal Federal plantea que la mujer puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada cuando el embarazo es fruto de una violación sexual o cuando esté en peligro la vida de la mujer, así la violación sexual es una causal legal en las 32 entidades del país.
No obstante, hasta 2016 sólo 17 entidades requerían de una denuncia previa para abortar por esta causal pero con una reforma a la NOM-046-SSA2-2005, en ese mismo año, se determinó que ya no era requisito presentar una denuncia penal.
De acuerdo con una revisión a los códigos penales locales, realizada por Ipas México, muestra otras diferencias en las entidades. Resaltan los casos de Guanajuato y Querétaro en donde sólo se considera dos causales: violación sexual e imprudencial o culposo, es decir cuando el aborto se produce por un accidente no intencional.
Michoacán y Yucatán son los dos únicos estados de la República mexicana donde la causal económica es legal para abortar, mientras que los códigos penales de Tabasco y Nuevo León señalan que el aborto por la casual imprudencial o culposo no es legal.
Sánchez Cordero afirmó que buscará desde su posición un “diálogo permanente” con los congresos estatales para tratar este tema. En ese sentido, la coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos, ve positivo esa nueva actitud sobre el tema.
“La ex Ministra es una mujer que ha estado comprometida con los derechos de las mujeres y cuando le tocó revisar la constitucionalidad de la despenalización del aborto fue una aliada y ha sido consecuente”.
Sin embargo, destaca, que el tema es lograr una despenalización del aborto o una legislación como la que la que cuenta la Ciudad de México a través de una reforma a los Códigos Penales de cada uno de los estados de la república.
“Sabemos que Morena ahora es una fuerza política muy importante en todo el país y en algunos de los estados, aunque también hay una diversidad de planteamientos. Ojalá que sigan con la postura que se está presentado desde la ministra en retiro y haya voluntad política para que la legalización del aborto sea una realidad”, dice la coordinadora de incidencia.
Además, expone, la creación de un Código Penal Único podría ser otra vía para despenalizar el aborto en el país y resalta que “para la próxima administración sería un poquito más fácil porque se tendría una legislación única que se aprueba en el Congreso de la Unión y ahí con los números y la fuerza política parecería un poco más sencillo, pero es un proceso muy grande que no solamente abarca el tema de la interrupción legal del embarazo sino que es el tema pena en general”.
EL CASO DE LA CDMX
La causal el aborto por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación solo está permitida en la Ciudad de México, desde hace 11 años.
En abril de 2007, con Marcelo Ebrard Casaubón como Jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal, la Asamblea Legislativa aprobó por 46 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, la reforma del artículo 144 del Código Penal de D.F. la despenalización de la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
En 11 años de la legalización del aborto en la ciudad capitalina, han ocurrido 199 mil 230 interrupciones legales, de acuerdo con datos del Sistema de Información del Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El 97 por ciento de los casos se concentran en mujeres procedentes de cinco entidades, en primer lugar está la propia Ciudad de México (139 mil 798), seguido del Estado de México (5 mil 953); en tercer lugar Puebla (mil 202), en cuarto lugar Hidalgo (mil 46) y en quinto lugar Morelos (742).
La Coordinadora de Políticas Públicas de GIRE hace un balance del caso de la Ciudad de México a la que califica como positiva a pesar de quienes se oponían y señalaban que las “mujeres lo usarían como un método anticonceptivo”.
“Han permitido que todas las mujeres puedan acceder a servicios de aborto seguro y legal que no aportan riesgos ni a la vida ni la salud”. Aunque, destaca, «hay cosas que se tienen que mejorar pero que el ejemplo de la capital podría replicarse en otras entidades».
LA CRIMINALIZACIÓN
A pesar que en la Ciudad de México el aborto por voluntad de la mujer hasta 12 semanas de gestación es legal, la capital es la entidad que tiene más carpetas de investigación iniciadas por aborto con respecto a otros estados.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el primer semestre de 2018 hay 266 carpetas de investigación por el delito de aborto donde el 18 por ciento de los registros corresponden a la Ciudad de México, el 12 por ciento a Baja California y el 11 por ciento al Estado de México.
De acuerdo con cifras recopiladas por el Centro Las Libres, del año 2000 al 2017 más de 3 mil 900 mujeres mexicanas han sido criminalizadas por abortar.
La organización señala que a nivel nacional las cifras han ido en aumento de 2014 a 2015 la tasa de denuncias incrementó de 274 a 512; de 2015 a 2016 fue de 538, mientras que de 2016 a 2017 hubo un descenso con 538 mujeres denunciadas en 2016 a 474 mujeres en 2017.
No obstante, Rebeca Ramos explica que “esas denuncias las presentan personas en particular y ya cuando se ven los datos de los juicios o de las sentencias bajan muy significativamente y eso es una buena señal de cómo tanto la Procuraduría como los Tribunales de la CdMx han entendido que el tema no es la criminalización de las mujeres”. Por ello, agrega, es importante que las instituciones comiencen a desagregar las cifras.
MEXICANOS Y MEXICANAS EN DESACUERDO
Siete de cada diez mexicanos y mexicanas está en desacuerdo con que una mujer pueda tener un aborto sin ser penalizada, siempre y cuando sea dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, mientras que sólo tres de cada diez está a favor de la interrupción del embarazo, según datos de una encuesta realizada por Parametría en 2017.
La misma encuesta revela que 62 por ciento de los entrevistados está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que las mujeres puedan abortar cuando los proyectos personales de vida y desarrollo se vean afectados y 69 por ciento indicó no estar de acuerdo con abortar en caso de pocos recursos.
En ese sentido, Rebeca Ramos expone que hay poca difusión e información válida respecto a la interrupción legal del embarazo. “Una legislación como la de la Ciudad de México o como la que se quería aprobar en Argentina no obliga a nadie a abortar, simplemente permite que que las mujeres puedan decidir si continúan dependiendo de sus circunstancias particulares y que ahí sí nadie, ni los legisladores, ni las autoridades deben de entrometerse en esas decisiones de vida de las mujeres”, destaca.
