Doce años después de lanzada, la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha convertido a México en uno de los territorios más violentos de todo el planeta. Los saldos de homicidios violentos, las desapariciones, los métodos industrializados de la muerte y la colusión estatal-criminal que ocurren al amparo de esta justificada guerra contra el crimen ponen al país como uno de los más violentos del mundo.

Este contexto explica por qué la propuesta de pacificar al país lanzada por el Andrés Manuel López Obrador y su futuro gabinete acaparen tanta atención. En la campaña la propuesta se centró en la idea de amnistía a ciertos grupos sociales identificados como víctimas de las redes de la delincuencia organizada: campesinos sembradores de plantíos ilícitos, mulas, vendedores de poca monta, jóvenes obligados a trabajar en los grupos de los negocios del capitalismo ilegal.

Una vez que ganó la elección presidencial el pasado 1 de julio, el equipo de López Obrador ha ofrecido más detalles para pacificar al país. Lo ha hecho a través de Olga Sánchez Cordero y de Alfonso Durazo, propuestos para ocupar los cargos de Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública respetivamente, del gabinete que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.

Proponen pacificar al país a través de cambiar la estrategia contra la violencia, inseguridad y muerte que dejan los negocios del crimen organizado. Centralmente proponen legalizar algunas drogas considerando al narcotráfico un fenómeno de salud pública antes que delincuencial; proponen además una amnistía limitada y el regreso de los militares a los cuarteles, ahora en funciones de seguridad pública. Y se ha propuesto también la constitución de comisiones de la verdad para indagar y conocer a profundidad casos graves de violaciones a derechos, como la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

No está claro todavía, pero para algunos la propuesta de pacificación que ofrece el próximo Gobierno federal, parece ofrecer amnistía primero y luego conocimiento de los más graves episodios de la guerra que se han cometido en México.

Justo en sentido contrario, un colectivo de la sociedad civil, la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción (Grupo Verdad y Memoria) ha lanzado la proposición de crear una Comisión de Memoria y Verdad Histórica (CMVH) en lugar de varias comisiones locales por casos específicos de guerra, como Ayotzinapa o Allende.

Este colectivo dio a conocer un documento el pasado 18 de julio donde detallan su propuesta para crear esta comisión nacional de la verdad sobre los hechos de la guerra en México. El pasado 25 de julio ofrecieron una rueda de prensa donde presentaron públicamente su propuesta, precedida de la revisión de diversas comisiones de la verdad que se han creado en países de América Latina como Argentina, Chile, Brasil, Perú, El Salvador y Guatemala, y en otros como Sudáfrica. Guillermo Trejo, doctor de la Universidad de Notre Dame y coordinador del documento, sostiene que con el resultado electoral del pasado 1 de julio se abrió una ventana de oportunidad política en México para cuestionar la fallida estrategia contra el narcotráfico decretada desde el Gobierno de Felipe Calderón y seguida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para proponer una política diferente que primero busca la verdad y luego la amnistía. En los casos de justicia transicional, el orden de los factores sí altera el resultado, dice. Por eso proponen primero crear esta comisión nacional de la verdad, y posteriormente decidir quién o quienes podrían ser sujetos de esa amnistía.

La Comisión de Memoria y Verdad Histórica (CMVH) tendría los siguientes objetivos:

1) Visibilizar a las víctimas,

2) identificar a los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos,

3) explicar los métodos del horror de la violencia,

4) las causas estructurales de la misma,

5) y explicar si estas graves violaciones a los derechos humanos, “por ser sistemáticas y generalizadas, llegaron a constituir crímenes de lesa humanidad”.

Dicha comisión tendría mandato jurídico al ser propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo federal, estaría encabezada por doce comisionados (seis mujeres y seis hombres, y hasta seis extranjeros) y estaría integrada hasta por 500 investigadores encargados de recoger los testimonios de las víctimas de todo el país e identificar los patrones de violencia y sus perpetradores.

Proponen un trabajo de tres años. Seis meses para organizar y diseñar el trabajo, dos años de investigación y recolección de testimonios y seis meses de redacción de un informe general.

De llevarse a cabo, ese informe sería un reporte-catálogo de los peores horrores que se han cometido en los pasados doce años en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. Los promotores de esta comisión esperan documentar a profundidad las más graves violaciones a derechos como son las desapariciones, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violencia sexual y otras graves violaciones, incluidos posibles delitos de lesa humanidad.

Nada más imaginar un informe lo más completo y detallado posible de los episodios de guerra ocurridos en los pasados doce años, da escalofrío.

Más allá de los casos graves pero puntuales que han ocurrido desde 2006, un informe completo de las infamias cometidas en esta guerra nos mostraría una sociedad despedazada por una violencia generada tanto por los agentes estatales, los sicarios del crimen organizado y la violencia conjunta de fuerzas estatales y privadas contra la sociedad.

Un informe completo de la guerra en México nos arrojaría una realidad tan difícil de asimilar, como un golpe directo y desprevenido a la cara. Sería un golpe de conciencia difícil de asimilar, pues nos mostraría que algunos lugares que nombran tragedias ocurridas en este país, como San Fernando, Tlataya, Allende, Ayotzinapa, Tanhuato, Apatzingán, ejido Patrocinio, Colinas de San Javier, Nuevo Laredo, se
reproducen prácticamente por todo el país.

Un informe completo de la guerra en México multiplicaría las cifras de desaparecidos y de fosas clandestinas diseminadas por todo el territorio. Y nos horrorizaría de la avanzada industrialización de la muerte provocadas por las maquinarias estatales-privadas dedicadas a los lucrativos negocios del capitalismo ilegal.

Sería un informe extremadamente doloroso, pero necesario para comprender la guerra que los dueños del poder y el dinero han desatado contra la sociedad.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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