El transporte público es el principal medio que utilizan los mexicanos para trasladarse, pero también es el espacio en el que 7 de cada 10 usuarios se siente inseguro, sólo en los cajeros de los bancos sienten más temor.
El sentir mayoritario no es gratuito: asaltos, accidentes e incluso la muerte se pueden encontrar en las unidades del transporte concesionado y es casi seguro que la víctima será la única que cargue con los daños. A decir de expertos, las aseguradoras, las empresas y las autoridades locales aprovechan una legislación federal laxa –que permite usar unidades no aptas y seguros que no protegen a los usuarios–. A ellos se suma, la impunidad que impera en el 98 por ciento de los delitos que se denuncian en el país.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Los gobiernos locales, empresas y concesionarios del transporte público aprovechan la legislación laxa que hay nivel federal para evadir sus responsabilidades por los accidentes y asaltos que derivan en lesiones y muertes en las unidades que usan millones de mexicanos para trasladarse a diario. A ello se suma la impunidad general que impera en los delitos en el país.
Los videos que muestran asaltos en camiones, casos de «justicieros» que mueren o matan a ladrones y las noticias sobre los accidentes de combis y autobuses son una constante en medios de comunicación y en las denuncias en redes sociales. Generan indignación, pues al final es casi seguro que no se le reparará el daño al ciudadano afectado.
No es para menos, el 73.4 por ciento de los mexicanos usa el transporte público para sus viajes diarios, de acuerdo con datos de la encuesta telefónica nacional sobre Movilidad Urbana del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP). Y es el segundo espacio donde las personas se sienten más inseguras, 7 de cada 10 personas así lo afirmaron en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI. Solo en los cajeros de los bancos, los mexicanos siente más temor.
El robo en transporte público colectivo a nivel nacional aumentó el 35 por ciento en los últimos tres años. Durante el 2015 se registraron 11 mil 420 carpetas de investigación abiertas por este delito, en 2016 hubo una alza mínima a 11 mil 644 y para 2017 se registraron hasta 15 mil 466, mientras que durante el primer semestre del 2018 van 6 mil 336 casos de robo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque podrían ser más ante la cifra negra que existe en la mayoría de los delitos que se cometen en el país.
En 2015, Nayely Álvarez de entonces 22 años fue asaltada en tres ocasiones, dos de ellas a mano armada. Dos taxis y un autobús colectivos fueron los escenarios de los atracos a los que fue sometida cuando se dirigía a su universidad en Toluca, Estado de México.
“Me asaltaron tres veces en la misma ruta durante el mismo año, me quitaron tres celulares, mi mochila con mis útiles, dinero, anillos y aretes, hasta mis tennis”, relata la joven.
“La primera y tercera vez fue en un taxi colectivo, en una de ellas, los asaltantes [dos hombres] venían armados y después se dieron a la fuga en el mismo taxi”. Y en la tercera ocasión, “una de las asaltantes era la conductora del taxi y un hombre que venía de copiloto”.
Nayeli nunca levantó a una denuncia, pues “la policía no hace nada, además el otro taxista estaba con los delincuentes”.
Aparentemente, el sentir de Nayeli es compartido por los habitantes de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza, pues 9 de cada 10 de las víctimas de un delito no presenta una denuncia formal, según el ranking «El tamaño de la impunidad en México» realizado por Impunidad Cero en colaboración con Jurimetría.
A nivel nacional, sólo 6.4 de cada 100 delitos cometidos son denunciados y sólo 14 de cada 100 denuncias son resueltas, detaca la misma organización que elabora un índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías del país.
En el Estado de México las denuncias por robo en transporte público colectivo se acentuaron en 2017 con 9 mil 594 robos, en 2016 y 2015 fueron se presentaron 7 mil 545 y 7 mil 448, respectivamente, según el registro del SESNSP.
La situación por la que las personas no realizan una denuncia «es un problema generalizado que tiene que ver con la procuración e implementación de justicia en el país, en donde no hay una atención expedita y sencilla hacia la gente que denuncia. Lo anterior termina desincentivando cualquier tipo de acercamiento con la autoridad y aumenta el grado de desconfianza de los ciudadanos, sobre todo con este tipo de delitos de robo en transporte público», señala David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 (Envipe) a nivel nacional el 93.6 por ciento de los delitos no se denuncian y el robo a asalto en la calle o en el transporte público es el 95. 1 por ciento.
La pérdida de tiempo (31. por ciento) y la desconfianza en la autoridad (16.5 por ciento) son las razones por las cuales las personas no denuncian.
Ramírez señala que el Estado tendría que reaccionar y prevenir este tipo de delitos acompañado de un sistema que facilite la denuncia ante el incremento de las cifras de los últimos años.
«Entonces si ya hay una solución al respecto podríamos pensar en alguna indemnización y cuáles serían sus características básicas que tendría que cumplir el Estado para poder atacar este tipo de criminalidad», asevera.
ACCIDENTES: OMISIÓN O NEGOCIO
Los asaltos en el transporte público son una constante y los accidentes no se quedan atrás.
Uno de los casos más recientes se registró el pasado viernes 20 de julio, donde 13 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas en un accidente vial en el que una unidad de transporte público se estrelló contra un tráiler estacionado en la autopista México-Pachuca.
Este caso acaparó la atención de la prensa por su magnitud, aunque de enero a mayo de este año ya fallecieron 34 personas a causa de un accidente en transporte público y hubo un total de 53 accidentes viales en los que estuvo involucrado el servicio concesionado, según reportan medios locales que citan cifras de la Secretaría de Movilidad del Edomex (Semov).
El saldo del accidente de la México-Pachuca lo ocasionó el modelo Urvan de Nissan involucrado, ya que los niveles de seguridad de este vehículo son mínimos, de acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, que explicó que el modelo que se vende en nuestro país es una versión sin frenos ABS, que evitan que un auto derrape en caso de hacer un freno total inesperado.
La organización denunció que la venta de esta versión de la camioneta está prohibida en países como Japón (país de origen de la marca Nissan) Estados Unidos, Canadá y Europa.
El coordinador de seguridad vehicular del grupo civil Stephan Brodziak explicó que ni esa Urvan ni la Toyota Hiace –que en ninguna de sus versiones cuenta con los frenos ABS y que también se usa para dar servicio público– están equipadas con cinturones de tres puntos en todas las plazas ni el Control Electrónico de Estabilidad (ESC).
“Es una locura dado el nivel de la tecnología [que hay] y lo que se pone en riesgo, sobre todo por la baja capacidad que tiene [cada unidad], siendo un vehículo pequeño se suele rebasar su capacidad, ya que llega a transportar entre 15 y 28 personas”, apunta.
El también ambientalista sostiene que “si fueran otro tipo de unidades y los estándares de seguridad vehicular se cumplieran con normas de impacto frontal y lateral, entre otras cosas el saldo de fatalidades o de personas lesionadas sería mucho menor”.
La unidad que protagonizó el siniestro iba del Estado de México a la Ciudad de México. Más de 15 millones de personas realizan un viaje entre semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de los cuales 7 de cada 10 usa el transporte público y son las unidades colectivas las que se usan de manera más común, refieren los datos de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la ZMVM (EOD) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y aunque las unidades que usan los mexiquenses, explica Brodziak, no son seguras “entran dentro de la legislación como vehículos ligeros y entran como sujeto regulado dentro de la NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015. El problema es que fue una norma diseñada para proteger los intereses de la industria automotriz en vez de ser una norma exigente y que haga que la industria cumpla con los estándares de seguridad vehicular mínimos recomendado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas [ONU] o la Organización Mundial de la Salud [OMS]».
Las cifras de homicidios y lesiones en accidentes viales entre la Ciudad de México y el Estado de México durante los años 2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 son similares. En la capital han muerto 2 mil 207 personas y han resultado lesionadas otras 13 mil 533 en dicho periodo. Mientras que en el Edomex 2 mil 223 y han resultado heridas mil 367, según datos oficiales.
Víctor Hugo Alvarado, coordinador de transporte eficiente en El Poder del Consumidor, explica que a nivel federal se avala un seguro de viajeros de transporte público siempre y cuando las empresas contratadas por los concesionarios cubran los «daños a terceros», «pero no es válido que un paquete de seguros se este apegando simplemente a eso».
«Las aseguradoras tienen que ofrecer un paquete de seguridad apegado a principios internacionales y aprobado por un comité técnico y especialistas en seguridad vial», señaló Alvarado quien también resaltó que el problema debe atenderse por autoridades federales ya que «solo a nivel nacional la Ciudad de México y Guadalajara tienen manuales de configuración para autobuses de transporte público, sin embargo, no hablan de elementos de seguridad».
El ingeniero y experto en movilidad urbana sostiene que los gobiernos deben de ser menos laxos con los concesionarios, «decirles: ‘yo te voy a dar tu permiso, pero necesito un seguro que realmente cubra toda la expectativa de lo que ocurre en un accidente».
No obstante, Alvarado apunta que «el tema de la seguridad vial del transporte seguro lo tenemos que ver con un enfoque de corresponsabilidad y eso implica tanto al Gobierno como el concesionario, pero también de quien pudiera ser un tercero o de uno mismo».
Respecto a este último actor, señaló que existe una falta de información en los usuarios de transporte público sobre que cuentan con un seguro y lo que implica el mismo, lo que atenta contra los principios de los consumidores, pues «la Ley de Protección Federal para el Consumidor en México se habla del derecho a la información que te dice que tiene que estar clara, precisa y detallada».
«Hay un vacío que tiene que ver con los protocolos de atención, por ejemplo si llegas a tener un accidente en un autobús si no anotaste el número de la unidad poco puedes hacer, no puedes exigir la póliza con daños a terceros. Quién estaría evadiendo sería la dependencia que regula el transporte, pues debe informar a las personas que utilizan estos vehículos que tienen seguros porque deben de ser de una forma visible y entendible. Ahí esta el vacío porque a nivel local cada quien regula como se le ocurre», finalizó.
