Dra. Graciela Márquez Colín:
Es posible que se pregunte la razón por la cual se dirige a usted una carta por la salud cuando en el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido presentada como la próxima Secretaria de economía, no como Secretaría de salud.
Me explico, nos explicamos, sé que hablo por quienes venimos trabajando desde la sociedad civil en temas de políticas públicas y derechos. En el abandono del estado del bienestar, de la política por el bien común, el papel de la Secretaría de Economía ha sido central. Con el control que ejerce sobre la creación de las normas oficiales mexicanas, con el dominio que ejerce sobre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por donde pasa todo tipo de regulación para su evaluación, consulta y aprobación; y, a través, de la defensa de los intereses de las corporaciones que realiza en los acuerdos comerciales y organismos internacionales, la Secretaría de Economía se ha encargado de que prevalezcan los intereses privados de las grandes corporaciones sobre el bien público.
Mención aparte está la falta de independencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) frente a la Secretaría de Economía, su muy pobre labor en la defensa del consumidor, su papel relegado a un trampolín político que ha provocado que en este sexenio se hayan nombrado ya seis procuradores, de los cuales sólo una mostró vocación por la defensa de los consumidores. Como la mayor parte de los organismos gubernamentales, la PROFECO cuenta con un Consejo que está ocupado, principalmente, por representantes de la industria, de los intereses económicos. Es decir, tienen un asiento en este consejo para defender los intereses de sus empresas, no para defender los intereses de los consumidores.
No es posible pensar en una verdadera política de prevención de la obesidad y la diabetes en México o creer que podemos proteger los recursos naturales para nuestros hijos y nietos, sin una política integrada en esta dirección por parte de la Secretaría de Economía.
Este proceso de secuestro de la política por los intereses económicos se realiza a través de múltiples acciones y quiero llamar su atención y la de su equipo sobre lo que está pasando en las renegociaciones del TLC, que el gobierno electo debe atender. En el TLC, a nuestras espaldas, la Secretaría de Economía, manejada por los intereses de las grandes corporaciones, como manejan a Donald Trump, está pretendiendo avanzar en una renegociación que terminaría por reventar la salud de los mexicanos, atándonos de manos para no poder implementar dos políticas claves para enfrentar las ya declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.
Si el gobierno de Trump no tuvo empachó en amenazar, recientemente, con sanciones comerciales y el retiro de su colaboración militar a Ecuador, si este país mantenía la propuesta de incluir en una resolución de la Organización Mundial de la Salud la recomendación a todas las naciones de “proteger, promover y apoyar la lactancia materna”, podemos imaginar lo que puede estar negociando la administración Trump a puerta cerrada con el actual gobierno mexicano para defender a la industria de la chatarra y los refrescos.
El escándalo internacional que provocó la revelación de esta postura del gobierno estadounidense en contra de toda la evidencia científica sobre la importancia de la lactancia materna en la protección de la salud, no sólo de los recién nacidos, también de las madres, llevó a Trump a dar marcha atrás y realizar declaraciones a favor de la lactancia materna.
La postura de Trump a favor de la gran industria de los sucedáneos de la leche materna se refleja también en su postura a favor de la gran industria de la chatarra y las bebidas azucaradas en las renegociaciones del TLC. Esta postura puede ser un clavo más en la dañada salud pública de los mexicanos que presentamos una de las mayores incidencias en obesidad y diabetes en el mundo.
Antes que el New York Times lo diera a conocer, en conferencia de prensa denunciamos que el representante de EUA en las renegociaciones del TLC, con el apoyo de cabilderos de la gran industria de la chatarra y bebidas azucaradas de México, específicamente Jaime Zabludovsky de ConMéxico, había presentado una iniciativa para prohibir a las tres naciones de Norteamérica el establecimiento de etiquetados de advertencia al frente de los alimentos y bebidas no saludables. Una regulación apoyada por la OMS que está demostrando ser una de las mejores herramientas para combatir el sobrepeso y la obesidad, por lo cual, rápidamente, se han convertido en una de las políticas más combatidas por estas grandes empresas: Coca Cola, Pepsico, Nestlé, Kellog´s, Kraft, Unilever, etc.
El New York Times, días después, dio a conocer el contenido de este documento. Este tipo de etiquetado ya está aprobado por el gobierno canadiense y ha puesto a consulta de la población algunas variaciones mínimas en su diseño, para que sean los canadienses los que elijan la más adecuada para ellos. Por su parte, en México el etiquetado frontal de advertencia lo recomienda el mayor grupo de expertos que recuerdo se ha constituido con investigadores de los institutos de salud del país, de universidades públicas y privadas, del IMSS, del ISSSTE, miembros de la Academia Nacional de Medicina, de decenas de sociedades médicas, muchos de ellos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, incluyendo a los directores del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El grupo de expertos señalan la necesidad de aplicar, de manera urgente, un etiquetado frontal de advertencia a los productos no saludables en México.
Unos días después del reportaje en el NYT, el representante del gobierno canadiense en las negociaciones del TLC declaró públicamente en contra de esta propuesta del gobierno estadounidense. Por su parte, el silencio del gobierno mexicano muestra su muy posible complicidad con esta propuesta, confirmándose que Jaime Zaludovsky participa en estas renegociaciones. Todo indica que una vez más las posturas en las negociaciones del TLC por parte del gobierno mexicano las establecen los propios cabilderos de la industria, llevándose de por medio los intereses públicos, en este caso, la salud pública.
El Insitute for Agriculture and Trade Policy de los Estados Unidos acaba de publicar el artículo “Junk Food, Junk Provisions. Nafta 2.0” en el que da a conocer que en las renegociaciones se pretende también establecer prohibiciones a que los gobiernos establezcan políticas que limiten la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños. Pone de ejemplo que en estas negociaciones se cancelaría la posibilidad de que, por ejemplo, los gobiernos prohíban el uso de personajes de caricatura al frente de las cajas de cereales. Se pretende establecer que no podrán ser prohibidos el uso de logos, mascotas, íconos y todo aquello que usan estas empresas para atraer a los niños a la compra de alimentos y bebidas no saludables. Con estas provisiones se estarán cancelando dos regulaciones esenciales para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad, regulaciones recomendadas por la OMS, OCDE, CEPAL, UNICEF, FAO y diversos organismos internacionales y nacionales.
A pesar de las recomendaciones internacionales, de las declaraciones de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México, y del éxito de estas regulaciones, la representación mexicana en las renegociaciones del TLC no se manifiesta en contra de estas iniciativas, lo que nos hace pensar que está a favor. La Secretaría de Economía, existe evidencia documental suficiente, ha venido representando el interés de estas corporaciones y contraponiéndose a lo que debería ser la política de salud pública en un país, el nuestro, que es el primero en declarar emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes.
La posibilidad de que se desarrollen negociaciones binacionales nos pone en mayor riesgo, sacando de las negociaciones en estos temas a Canadá que se ha opuesto a estas iniciativas. En nuestro país no existen recursos económicos para enfrentar la dimensión de los efectos que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes están provocando y que tienden a agudizarse si no se desarrollan políticas preventivas, de manera urgente, como lo recomienda el grupo de expertos mexicanos en el caso del etiquetado frontal.
Es responsabilidad del gobierno electo impedir, por todos los medios, que el gobierno actual acepte este tipo de iniciativas que sacrificarían aún más la salud de los mexicanos. Sabemos que no han tomado posesión, pero tienen toda la legitimidad para exigir, de cara a la nación, que el gobierno actual no negocie nuestra salud.
