Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la resolución que no ha sido notificada a las víctimas, debido a que lastima la esperanza de alcanzar justicia y verdad, la cual se había recuperado con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado.
El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito determinó que sí existe una imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad, ordenada por el Primer Tribunal Colegiado con el objetivo de investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Las organizaciones Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh subrayaron que la última palabra sobre la creación de la Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que se diera a conocer este miércoles que un tribunal federal determinó que sí existe una imposibilidad jurídica para cumplir con esa orden.
«La decisión del Magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión», aseguraron en un comunicado.
Asimismo, pidieron a la SCJN tener una aproximación imparcial en el caso, pues les parecería preocupante «que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa».
Las organizaciones tambien lamentaron la resolución que no ha sido notificada a las víctimas, debido a que lastima la esperanza de alcanzar justicia y verdad, la cual se había recuperado con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado.
«El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder», señalaron.
Además, consideraron que la decisión es consecuencia de una acción inédita del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados.
«Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático», afirmaron.
El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito determinó que sí existe una imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad, ordenada por el Primer Tribunal Colegiado con el objetivo de investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas, en la investigación de delitos a dicha comisión”, sentenció este miércoles.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, el tribunal emitió el acuerdo en el Incidente de Imposibilidad Real, Jurídica y Material que promovió la Procuraduría General de la República (PGR) dentro del juicio de amparo 121/2015, de Patricio Reyes Landa, «El Pato», presunto sicario de los Guerreros Unidos vinculado con el caso.
La resolución dictada por Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, podría impugnarse a través del recurso de inconformidad.
El pasado 9 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Comisión de la Verdad propuesta para esclarecer el caso Ayotzinapa no puede cancelarse.
Medios nacionales informaron que la Corte concluyó esto porque, afirmó, “carece de competencia” para conocer los recursos que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovieron donde se declararon imposibilitados para cumplir la sentencia judicial.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, solicitó mediante acuerdos a la PGR y a la Presidencia de México que, en tres días, expusieran con claridad si consideran que existe imposibilidades jurídicas para cumplir con el fallo emitido por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito el pasado 31 de mayo.
Una vez que el tribunal colegiado ubicado en Tamaulipas analice los recursos de la PGR y el Ejecutivo la Suprema Corte podría solicitar atraer podría solicitar a la SCJN atraer el asunto.
