El reporte documenta casos en los que las víctimas son defensoras de derechos humanos y el «perpetrador» es, por «comisión, omisión o aquiescencia» el Estado mexicano.
Juan Manuel Ramírez G.
México, 21 agosto (EFE).- México se ubica entre los países más peligrosos de la región para los defensores de derechos humanos con 3 mil 967 agresiones y 228 asesinatos en los últimos 12 años, dijeron hoy organizaciones sociales al presentar un informe que revela la magnitud y gravedad de las violaciones atribuidas al Estado.
Desde 2006, 3 mil 967 personas han sufrido detención arbitraria con el objetivo de interrumpir su defensa de los derechos humanos y 228 han sido ejecutados, se señala en el 7 Informe «Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, Junio de 2017 a mayo de 2018″ presentado en Ciudad de México.
Divulgado por el Comité Cerezo, el informe fue elaborado de manera conjunta con las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, señalaron.
El reporte documenta casos en los que las víctimas son defensoras de derechos humanos y el «perpetrador» es, por «comisión, omisión o aquiescencia» el Estado mexicano.
Y los hechos constituyen una violación de derechos humanos como consecuencia del trabajo de la víctima, comentaron.
Las organizaciones destacaron que del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, hubo en México 949 casos de violaciones de derechos humanos, principalmente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y ataques físicos.
Denunciaron que estas estrategias de represión política están dirigidas contra quienes denuncian que las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto «violan legalmente los derechos humanos«.
El informe alertó que Michoacán con 213 casos; Chiapas con 193 y Oaxaca con 121 casos, son los estados de México en los cuales se presentan el mayor número de violaciones a los derechos humanos.
Estas cifras muestran «una estrategia de represión política que recurre a violaciones de derechos humanos para detener y desarticular los esfuerzos de defensa de los derechos humanos de la población mexicana», denunciaron.
El estudio destacó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 provocó que los tres años subsecuentes no se cometieran desapariciones forzadas colectivas en contra de movimientos sociales y bajaran las desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de los derechos humanos.
La representante de Amnistía Internacional-México, Chasel Colorado, señaló a México entre los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos.
Colorado dijo que el informe representa «una fotografía de un país, la promesa de un México que se desmoronó al final de un sexenio (del presidente Peña Nieto) debido a la impunidad frente a las graves violaciones a defensores derechos humanos».
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la gravedad del problema se refleja en la gran cantidad de pronunciamientos e informes de violaciones publicadas en los últimos años.
«Las agresiones no son accidentales, los defensores de derechos humanos enfrentan amenazas o situaciones peores porque sus señalamientos y actividades suponen amenazas a intereses políticos y económicos», dijo Jarab.
En el contexto actual de violencia en México, Jarab precisó que las agresiones provienen de actores privados y de grupos criminales pero muchas, también «son de parte de funcionarios públicos».
Destacó que a nivel regional los defensores del medio ambiente y la tierra y de pueblos y comunidades indígenas están entre los más amenazados, mientras que en México otros defensores en riesgo son los familiares de personas desaparecidas.
