En Guerrero, sede de crisis humanitaria y situación económica crítica, hubo respuesta de la ciudadanía en las urnas: el estado se pintó de Morena a nivel distritos, de acuerdo con los resultados preliminares. Pero a nivel municipal ganó el Frente y el PRI. El fundador del Centro Tlachinollan Abel Barrera en parte lo atribuyó a las redes de caciquismo que recurren a la compra de voto y robo de casillas.
En un estado líder en pobreza y homicidios, sede de Aguas Blancas y Ayotzinapa, surgieron las autodefensas además de la policía de comunidades indígenas. «La ciudadanía tomó el valor, agarró las armas para defender lo poco o mucho que a fuerza de trabajo se ha obtenido», afirmó Crescencio, líder de la policía ciudadana en Leonardo Bravo, quien pidió al futuro Presidente Andrés Manuel López Obrador «poner la mirada hacia la Sierra porque nosotros también tenemos derecho de vivir en paz y en orden […] que realmente nos apoye».
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– En Cochoapa el Grande, el municipio más marginado en la Montaña de Guerrero, durante la noche del 1 de julio un grupo de personas robó y destruyó el material electoral de las cinco casillas ubicadas en el auditorio local. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) revela que ganó con el 37 por ciento el frentista Daniel Esteban González por encima de la priista Hermelinda Rivera que obtuvo 31 por ciento. En Tecoanapa en Ahuacotzingo, donde ganó la priista Catalina Tacuba con 24 por ciento, otras dos casillas se hurtaron. En la comunidad Ahuatepec en Tlapa, donde ganó el de Morena Dionicio Pichardo con el 32 por ciento, fue un grupo armado el que se llevó las urnas al final de la jornada electoral del domingo, de acuerdo con el reporte del instituto electoral local.
«No hay forma de romper esa telaraña delincuencial que se ha incrustado en el estado», sentenció Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan en Guerrero, donde faltan maestros y clínicas. «La gente lo que ha tenido que hacer es movilizarse, tomar carreteras, bloquear caminos, detener a funcionarios y aún así no se resuelve. Es un problema de saqueo, desatención, pésima obra, nula inversión para el desarrollo y la gente está al borde de la desesperación. Hay permiso para matar por esta colusión que existe entre autoridades y crimen organizado», acusó.
A pesar del despliegue de militarización en el estado que ha afectado los derechos humanos de la ciudadanía, la violencia derivada de la corrupción e impunidad, resumió Abel, los ha hundido «en el sótano de la desesperanza con una clase política insensible e indolente que no voltea a ver a los pueblos y ve al ciudadano que protesta como un ente enemigo que hay que ignorar o hacer a un lado. Todo eso –corrupción, falta de atención, abandono, colusión– es algo que se expresó en las urnas».
En Guerrero, gobernado por el priista Héctor Astudillo (2015-2021), Morena ganó la mayoría de diputaciones (18).
Las tierras dominadas por la delincuencia son Tierra Caliente, colonias periféricas de Acapulco, corredor Chilapa-Chilpancingo, la Costa grande e Iguala, origen de la desaparición de 43 normalistas. En 2017, el año más violento en la historia reciente, hubo 2 mil 318 homicidios dolosos en la entidad. «Sabemos que es un Estado fallido referente a lo que es de seguridad», afirmó el dirigente de la Policía Comunitaria en Leonardo Bravo en la Sierra, Crescencio Pacheco.
El activista Abel Barrera expuso que «se pensaría» que con lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa debería haber una acción decidida de las autoridades para poner orden en la ciudad y región, pero los delincuentes siguen cobrando vidas y disputándose territorios.
«Aquí gana quien tiene más armas y balas, no gana el Estado de Derecho, legalidad ni autoridad. Gana el que porta un arma y hace valer su ley por la fuerza y fuego, y somete a la población», lamentó. Además, «la economía criminal tiene mucho peso en el ingreso de las familias pobres ante la falta de opciones de la economía formal. Le dicen cultivar el maíz bola (amapola)».
El dirigente de la Policía Ciudadana de la Sierra, que surgió el 20 de junio, dijo a este medio vía internet ante la falta de señal para una llamada telefónica:
«En esta situación realmente yo sí le pido, le pido de ante mano a nuestro electo Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, toda la Sierra de Guerrero le dio la confianza y le dio el voto, que ponga las cartas sobre la mesa y un alto. Queremos un país con mejora y vivir en paz. Queremos trabajar de la mano con el gobierno federal, hoy en día que nos dé la oportunidad nuestro Presidente, vamos a salir adelante. Le pido que realmente nos apoye. Ya estamos hartos de vivir con tanta inseguridad, con tanta corrupción. Creo yo de que no vamos a justificarnos de que no somos amapoleros; hay mucha carencia y migración por la necesidad de sacar las familias adelantes. Toda la gente aquí no es un delincuente», se le escuchó decir en el audio que grabó para este medio.
«La ciudadanía tomó el valor, agarró las armas para defender lo poco o mucho que a fuerza de trabajo se ha obtenido», agregó Crescencio, quien pidió al futuro gobierno «poner la mirada hacia la Sierra porque nosotros también tenemos derecho de vivir en paz y en orden». En redes sociales, contó, ha sido víctima de «intimidación por grupos ajenos que operan en la zona; hay miedo por lógica, pero tengo el respaldo de más de 30 mil familias que quieren vivir en paz».
«La ciudadanía ya está cansada de tanta corrupción que existe, de que los gobiernos han estado dentro de los grupos criminales. Es una tristeza. La confianza se le dio y se le da al candidato hoy electo al Presidente de la República. Sabemos que va a poner las cosas en orden; lo ha estipulado y lo ha dicho. Las corporaciones policiacas, Ejército, Marina está coludido con las delincuencias organizadas», confió el Policía Ciudadano.
Aunque Morena dominará el Congreso, de los 66 municipios solo ganó 13 en comparación con la mayoría obtenida por el Frente PAN-PRD-MC (31 alcaldías) y del PRI-PVEM (28).
«La ola grande es el malestar y que se expresó en las urnas, sobre todo al nivel de la federación, Senado y diputación», aseguró Abel. «Fue un referéndum muy importante, una demostración de que ya no puede continuar esta forma de simulación, indolencia de la autoridad, y permisividad que se ha dado para que el crimen organizado crezca y robusteza, y diariamente haya asesinatos en diferentes regiones del estado sin que se dé con los responsables».
Pero «el voto local, del municipio, todavía es un voto cautivo para los partidos, en este caso del PRI que tiene una estructura caciquil muy arraigada en las comunidades a través de sus líderes con la compra del voto. Cuando no ganas, arrebatas. Si no es por la buena, es por la mala […] Hay un México controlado por grupos que no respetan la voluntad de la gente; todavía tienen sus grupos siniestros para amedrentar y atemorizar».
También hubo una compra «exagerada» del voto en que llegaron a pagarlo entre 2 mil y 3 mil pesos en colonias de uno de los estados más pobres a nivel nacional, dijo Abel del Centro Tlachinollan. Viven 2 millones 314 mil personas en esa situación, el 64.4 por ciento de la población (Coneval, 2016).
«Esos partidos no están a la altura de lo que es ahora un ambiente de mayor trasparencia y respeto a las decisiones del pueblo. Todavía hay esa precariedad democrática de grupos políticos que no están dispuestos a ceder su poder», acusó el activista.
De acuerdo con las denuncias ciudadanas subidas en la plataforma «Democracia sin Pobreza», la compra del voto el primero de julio estuvo entre 200 y mil 500 pesos.
LA IMPUNIDAD ANTE LA VIOLENCIA
Hace dos años, en septiembre de 2016, 43 normalistas de Ayotzianapa desaparecieron en Guerrero y hasta la fecha sus padres siguen exigiendo, entre marchas, manifestaciones y reuniones, saber dónde están. La Comisión de la Verdad que esclarecería la situación sigue en espera de ser creada.
«Lo que se vivió en ese año donde fueron desaparecidos 43 normalistas se vio y salió a la luz cómo opera la delincuencia organizada con los presidentes municipales», dijo el líder de la Policía Ciudadana en la Sierra, Crescensio Pacheco.
Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan en Guerrero, enfatizó que el gran problema es la impunidad; este «patrón que permanece intacto» tanto por crímenes del pasado desde los 70, como crímenes de «represión política de los mismos gobernadores» como el caso de Aguas Blancas, los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 y los 43 desparecidos en 2014.
«Hay una caudal de hechos violentos y crímenes que se mantienen en total impunidad, y se sigue gobernando como si estuviéramos transitando a un verdadero sistema de justicia, donde los que cometen delitos y violentan derechos humanos realmente se les investigue y castigue. De ahí que se pintó de otro color el estado en las urnas; hay el deseo de cambio, que haya justicia y se acabe este sistema de sometimiento al ciudadano, de verlo como un instrumento manipulable y no como un sujeto del cambio», aseveró desde la Montaña al sureste guerrerense.
Abel dijo que otro problema es la corrupción y la ejemplificó en la tragedia de las tormentas «Ingrid» y «Manuel». El Presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció en 2013 un programa especial para la reconstrucción. «Hicieron supuestamente obras y muchas otras fantasma. La Sedatu no construyó las viviendas programadas y las que construyeron las dejaron inconclusas y con pésimo material. La gente tiene que vivir en otro lado porque se trasmina el agua», documentó el fundador de la organización.
«La corrupción es algo tan metido en los huesos de los políticos que con firmas de Comisarios y con fotomontajes de las obras resuelven el programa de cualquier auditoría», señaló. «No hay obras de escuelas o clínicas, algo elemental para poder devolverle a la gente la falta de apoyos básicos. Pero las empresas se lucieron llevándose el dinero», dijo de acuerdo con las quejas que le llegan al Centro.
En el marco de violencia, corrupción y más de la mitad viviendo en pobreza, surgen casos de guerrerenses que optan por la siembra de amapola. La mayoría de la gente de campo del estado vive del maíz y depende de su producción, pero con la violencia en Tierra Caliente se volvió inviable, contó Abel.
«Es crítica la situación para sobrevivir en el campo en que no hay empleo ni recursos, la gente no ve que la siembra del maíz sea una opción viable para la sobrevivencia. Ante esto ha encontrado en las siembras ilícitas una alternativa en regiones como la Costa grande y la Sierra», aseguró.
Donde ven que hay siembras grandes y contratan gente, «migran voluntariamente; no hay de otra mas que jugársela en el filo de la ilegalidad. Pagan un poquito más y les dan de comer, la Coca-Cola. Es algo menos pesado», consideró.
EMERGENCIA DE AUTODEFENSAS
Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, documentó que en la década de los 90 surgió el proyecto de la policía comunitaria en los pueblos indígenas de Guerrero, lo cual está muy arraigado en su forma de vivir y es un modelo legal. Pero ante el crecimiento de la delincuencia en diferentes regiones donde no se rigen por estos usos y costumbres, emergieron las autodefensas como una respuesta directa de las comunidades que decidieron contener la delincuencia que atenta contra su seguridad y patrimonio.
«La falta de seguridad de los cuerpos policiales del estado o la misma desconfianza da pie a que se multipliquen las autodefensas. Esta situación se explica por el vacío del Estado en garantizar seguridad, la gente llena esa mala gobernabilidad que persiste», explicó el activista de Tlapa.
Crescencio Pacheco, coordinador de la Policía Ciudadana de la Sierra en Guerrero, contó que en 2013 –cuando gobernaba el perredista Ángel Aguirre Rivero– se conformaron como una organización de Unión de Comisarios por 18 pueblos contra el azote de violencia en el municipio céntrico de Leonardo Bravo. Ya en junio de este año se conformaron como autodefensas en coordinación y respaldo a las fuerzas militares y estatales gubernamentales.
«Por la inseguridad que surgió fue grande la necesidad de organizarnos como pueblo», dijo vía Whatsapp, y agregó que «en 2017-2018 rebasó todas las circunstancias de los grupos criminales que operan en el área».
Con el Gobernador priista Héctor Astudillo Flores han tenido varias reuniones y se coordinan para alertarles sobre las zonas rojas, pero «con el gobierno municipal, para que te dé la seguridad, no está a su alcance ni el del gobierno del estado».
Pacheco entiende que los militares dependen del gobierno federal. «Hasta que una orden sea emitida para que se puedan trasladar a dar resguardo a la población donde hay ataques, cuando llegan ya se acabó todo; ya hay muertos, desaparecidos, violencia drástica», lamentó.
Asimismo, pidió distinguir al narcotráfico del crimen organizado, ya que «en la zona donde vivimos nosotros no hay otra fuente de trabajo más que nada el cultivo de enervantes, la amapola. Tal vez seamos número uno en producción porque no hay otra opción».
Pero, contrastó, el crimen organizado de otros grupos ha venido a las áreas porque «se quieren apoderar del control de toda la zona para el secuestro, extorsión», señaló.
Anunció a los grupos de autodefensas aledaños a ponerse de acuerdo para brindar seguridad a la población. «Entre todos podemos hacer algo», aseveró luego de contar que en estos días que llevan ha disminuido la inseguridad en coordinación con las Fuerzas estatales.
En otros casos, advirtió el activista Abel Barrera, en este ambiente de permisividad y falta de control del Estado, donde hay territorios que las autoridades se supeditan a los grupos de la delincuencia, los mismos criminales han visto que la figura de autodefensas puede ser «mal utilizada para sus intereses delincuenciales» y han surgido en ciertas regiones grupos que no necesariamente emergen de este clamor de justicia para los pueblos.
«Estos grupos que se disputan el territorio y el trasiego de las drogas también forman sus grupos de seguridad y ayuda a encubrir y responden a intereses ilícitos», lamentó.
