En las 242 auditorías realizadas al gasto federalizado en la primera etapa de la Cuenta Pública 2017 –con corte al 25 de junio– se observó un monto por más de 7 mil 853 millones de pesos, de los cuales 3 mil 912 millones faltan por aclarar y 3 mil 940 millones de pesos ya se recuperaron. Respecto a gasto programable, el 50 por ciento del monto observado falta por aclarar, sobre todo por parte del Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.
A unas horas de que el próximo domingo los mexicanos voten por el nuevo Presidente de la República, la Auditoría Superior de la Federación, órgano que depende de la Cámara de Diputados, entregó este viernes el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, que contiene parte de los los resultados de las auditorías que aplicó en las dependencias federales y estatales en el país. La segunda y tercera entrega serán en octubre y febrero próximos.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– El Auditor Superior David Rogelio Colmenares Páramo entregó esta noche a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El monto observado en las 242 auditorías realizadas al gasto federalizado en la primera etapa de la Cuenta Pública 2017 –con corte al lunes 25 de junio– fue de 7 mil 853 millones 100 millones de pesos, de los cuales 3 mil 912 millones 300 mil pesos faltan por aclarar y 3 mil 940 millones 800 mil pesos son recuperaciones determinadas.
En octubre y febrero próximos se presentara el 78 por ciento restante de las más de mil auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2017 de gasto federalizado, gobierno, desarrollo social y económico.
El gasto federalizado se divide en gasto programable y participaciones transferidas a las entidades. El programable recibió 235 auditorías, y su monto observado fue por 7 mil 770 millones 400 mil pesos, de los cuales 3 mil 883 millones 300 mil de pesos (50 por ciento) faltan por aclarar y poco menos de la mitad se solventó.
De los más de 3 mil millones de pesos por aclarar en ese rubro, los estados que más monto tienen pendiente sin solventar son el Estado de México (883.4 mdp), Sinaloa (590 mdp), Michoacán (529.5 mdp), Veracruz (523.7 mdp) y Tamaulipas (498.7 mdp).
Respecto a participaciones a estados, el monto observado en las siete auditorías hechas en la primera etapa del proceso de fiscalización asciende a 82 millones 700 millones de pesos, de los cuales 53 millones 700 mil pesos son recuperaciones determinadas y 29 millones de pesos son monto por aclarar. Esto último sobre todo por parte de Jalisco (15.1 mdp) y Sinaloa (13.9 mdp).
«La percepción equívoca de que la presentación de los informes individuales es la conclusión del proceso de fiscalización, ha dado lugar a desvirtuar el trabajo de la ASF y a generar una idea de impunidad sin sustento, por no haber transmitido adecuadamente los límites del alcance de los resultados de nuestro trabajo», aclaró el Auditor David Colmenares durante la presentación del informe.
A unas horas de que el próximo domingo los mexicanos voten por el nuevo Presidente de la República, la Auditoría Superior de la Federación, órgano que depende de la Cámara de Diputados, entregó el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, que contiene parte de los los resultados de las auditorías que aplicó en las dependencias federales y estatales en el país.
El documento como primera entrega recibido por la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador revela que se hicieron 344 revisiones a gasto programable y participaciones, equivalentes al 21.6 por ciento de las 1,071 auditorías que se irán dando.
De las 344 presentadas este junio, tres fueron al Poder Judicial, 83 al Poder Ejecutivo, cinco a órganos autónomos, 153 a entidades federativas, 96 a municipios y cuatro a instituciones públicas de educación superior.
El gasto federalizado recibió el 73.8 por ciento de las auditorías publicadas, el gobierno el 10.2 por ciento, el desarrollo social 8.2 por ciento y el económico el 7.8 por ciento.
LOS TEMAS FISCALIZADOS
Esta Cuenta Pública 2017 dio prioridad a cinco temas para darles seguimiento a previas cuentas públicas: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; adquisiciones y puesta en operación de plantas de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX; Paso Express de Cuernavaca, Morelos; contratos de obra pública adjudicados a la Constructora Norberto Odebrecht, y contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público —en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)—.
Adelantó que la Cuenta Pública de 2018 tomará en cuenta los temas de gestión financiera de programas sociales en el año electoral; publicidad oficial; gestión financiera e impacto de la nueva infraestructura ferroviaria; contrataciones de entidades públicas; gestión financiera y desempeño de las autoridades competentes en el proceso de reconstrucción derivado de los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017.
Además del primer informe, se entregó a los Diputados el «Marco de Referencia sobre la Fiscalización Superior», el cual ofrece una visión global de la nueva estrategia de la ASF, tanto en términos de la reestructuración institucional, como de la labor de fiscalización.
El nuevo enfoque de la fiscalización del gasto federalizado se basará en las líneas sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, reestructuración interna, y respeto al federalismo.
A solo tres meses de tomar el cargo luego del término de la gestión de Juan Manuel Portales, el Auditor David Colmenares destacó ante los diputados que «la autonomía, la objetividad y la independencia de la institución, respecto a cualquier interés ajeno a nuestros principios y frente a otros poderes, son los pilares que rigen y regirán mi actuación y que soportan mi perspectiva estratégica para el mejor funcionamiento de la ASF».
Colmenares fue llamado por organizaciones civiles a aclarar de manera puntual las razones de al menos tres despidos sin justificación dentro del órgano autónomo.
Este viernes anunció que se ha iniciado un «proceso de reestructuración organizacional» en el que se interpreta que los grandes cambios en los sistemas de transparencia, fiscalización, y ahora anticorrupción hacen necesario el rediseño de estrategias, incluyendo la fiscalización con apoyo de la OCDE y el Banco Mundial.
